El ‘modus operandi’ de los integrantes de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo no es nada original, ya que repite un patrón utilizado por otros grupos criminales para la obtención de cuantiosas comisiones a cuenta del dinero público. Los empresarios investigados utilizaron una empresa inactiva como sociedad instrumental (Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.) que resucitaron mediante la adjudicación de contratos millonarios sin publicidad en plena pandemia —más de 53 millones de euros— logrados gracias a intermediarios que tenían contacto directo con los gestores públicos y el poder político.
En este caso, la puerta de entrada fue Puertos del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Transportes a cuyo frente se encontraba entonces José Luis Ábalos. Su asesor y hombre de confianza Koldo García, además de ser consejero en Renfe, era vocal del Consejo Rector de este organismo, que fue el que firmó el primero y más cuantioso de los contratos investigados, por un total de 24,2 millones de euros para la compra de mascarillas profilácticas.
A partir de aquí, la empresa cuyo control ostentaba realmente Juan Carlos Cueto, pese a no figurar en los papeles, logró adjudicaciones con Adif, también dependiente de Transportes, por valor de 12,5 millones y de allí saltó al Ministerio del Interior (contrato por 3,4 millones) y dos comunidades gobernadas por el PSOE: con el Servicio Canario de Salud obtuvo contratos por 12 millones y con el Gobierno balear, de otros 3,7 millones.
El entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, aseguró a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que el contrato con dicha empresa se formalizó a raiz de una orden ministerial de 20 de marzo de 2020 que ordenaba a la entidad comprar 8 millones de mascarillas. El departamento de contratación de Puertos ejecutó la decisión y solo se presentó una oferta, la citada, a la que se adjudicó: “Fue un procedimiento impecable y nos sirvieron el producto a plena satisfacción. Si alguien se aprovechó, merece una repulsa total”.
Toledo añadió que nunca trató con Koldo García, quien solo acudió una vez al Consejo Rector de Puertos durante su presidencia, y recordó que la Guardia Civil no ha actuado en ningún momento contra el ente, sino solo contra la trama, informa Jordi Cuenca.
Creada en 2017, inactiva hasta la pandemia
[–>
La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción detalla toda la operativa hasta llegar a dichos contratos, logrados por una empresa constituida en 2017 y que “tras un periodo de inactividad en los años 2018 y 2019” comenzó a tener importantes ingresos como consecuencia de la adjudicación de los contratos de suministro de material sanitario obligados por el covid. Superó en el año 2020 los 54 millones de euros en ingresos, volviendo a decaer en 2021 hasta los 845.0000 euros.
La propiedad de la empresa está vinculada a uno de los detenidos en la operación del pasado jueves, que se saldó con comparecencias ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, frente al cual ninguno de los implicados abrió la boca. Pero según los investigadores, Soluciones de Gestión estaba realmente controlada por el grupo de la familia Cueto. Juan Carlos Cueto dejó de figurar en los órganos sociales de las mercantiles del grupo a raíz de la investigación policial bautizada como Trajano, que dio origen al caso Defex pendiente de juzgar por presunta corrupción en la venta de armas a Angola.
En este punto aparece en relato de la Fiscalía el “comisionista” y presidente del Zamora Club de Fútbol Víctor Gonzalo de Aldama, vinculado profesionalmente al grupo Cueto con proyectos como una aplicación de telefarmacia y una empresa de pizarras en la comarca gallega de Valdeorras, que más tarde se vería favorecida con el dinero obtenido por el negocio de las mascarillas.
Además, Aldama mantenía relación “en un entorno laboral” con Koldo desde al menos 2018, destacan los investigadores.Tan solo dos meses después, en febrero de 2019, “coincidieron en México con motivo de la visita oficial del ministro José Luis Ábalos a la región donde el primero ostentaría el cargo de cónsul honorario”, según adelantó El Periódico de España. Esa fue la puerta de acceso a las administraciones socialistas en un momento en el que la necesidad de material sanitario era acuciante y se aprobó una normativa que permitía adjudicaciones directas, sin pasar por un concurso público.
Línea de compra y abastecimiento
[–>
En este punto, la querella subraya que la elección de la empresa controlada por Cueto como proveedor de mascarillas por parte de Adif “estaría ligada al suministro que previamente esta empresa había realizado con Puertos del Estado”. Desde el Ministerio del Interior se tuvo conocimiento de que el Ministerio de Fomento había logrado acceder a una “línea de compra y abastecimiento”, por lo que también contactó con esta empresa, y después llegaron los contratos con las administraciones autonómicas, todos ellos entre marzo y mayo de 2020, en lo peor de la pandemia.
Pero, ¿cómo se firmó este primer contrato, el que estableció la entrada de Soluciones de Gestión en el Ministerio de Ábalos? Pues, según los investigadores, mediante un “concierto previo” entre todos los participantes en la trama, ya que se da la circunstancia de que la publicación de la orden para la adquisición del material sanitario se produce el mismo día de la adjudicación: el 21 de marzo de 2020.
A las adjudicaciones siguió, según el relato fiscal, el incremento patrimonial de los encausados, especialmente llamativo en el caso de Koldo García y miembros de su familia, como su hermano, esposa e hijos (compra de pisos, transferencias bancarias…); así como diversas operaciones financieras para ocultar los beneficios en sociedades de Luxemburgo y Brasil en el caso de Cueto.
El guardia civil y la pizarra
[–>
En el auto por el que el juez adopta medidas cautelares, como la prohibición de salir de España, para los principales encausados se cita a otra persona como “pieza clave en la gestión de los contratos investigados”, el subteniente de la guardia civil José Luis Rodríguez García, si bien su actividad aparece aún desdibujada en la querella.
Se le atribuye “haber puesto en contacto a Cueto y Aldama con los responsables de la adjudicación de los mismos”, es decir, vinculado al Ministerio de Transportes. Se le cita también por las reuniones en la marisquería madrileña La Chalana, donde la Guardia Civil colocó micrófonos. De las conversaciones se desprende que el agente “era conocedor, a través de Koldo, de los beneficios obtenidos por Cueto en los hechos investigados -20 millones de euros-“.
El guardia civil también aparece como empleado de la empresa de pizarras de Cueto, llegando a utilizar incluso un coche de la compañía. Finalmente, se le cita en relación con cinco transferencias por un total de 5.00O euros efectuadas entre marzo y agosto de 2021 por otro de los empresarios investigados, apareciendo en todas ellas en el concepto su nombre y dos apellidos.