Estados Unidos se ha quedado solo. No. Le acompaña Fijy, el archipiélago del Pacífico sur. El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya no debe, según ha señalado el funcionario del Departamento de Estado, Richard Vizek, ordenar la retirada inmediata, incondicional y completa de Israel, del ejército de Israel de los territorios ocupados de Cidsjordania, Jerusálen Este y la Franja de Gaza porque “ello socavaría las negociaciones para alcanzar una paz justa y duradera”.
La esperada alocución del representante estadounidense, en las audiencias de La Haya sobre las consecuencias legales de las políticas puestas en práctica por Israel en los llamados territorios ocupados –en las que participan 52 países incluyendo a España- fue recibida con decepción y rechazo. Países como Egipto, basados en las alegaciones escritas denunciaron sus argumentos antes de que fueran expuestos.
El argumento central de Estados Unidos es que lo que se está tratando ante el tribunal está sesgado porque se trata de las consecuencias legales de una de las partes de lo que él llamó el conflicto. Y, por tanto, subrayó, una aproximación romperá “el equilibrio de la política del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. Al tiempo, tras señalar el papel de EEUU en las actuales negociaciones, y los cinco viajes de su jefe, el secretario de Estado Anthony Blinken, a Israel y otros países de Oriente Próximo en los últimos tres meses, un “dictamen” consultivo no vinculante -lo que se le ha pedido al tribunal por parte de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2022- que se pronuncie sobre el carácter ilegal de la ocupación podrá “parar” las negociaciones.
Vizek explicó: “No es verdad que el tribunal no tiene un papel que cumplir. Pero el tribunal no debe entender que con la cuestión que se la somete debe ocuparse de la totalidad de la cuestión palestina”. Según señaló, el dictamen que le ha solicitado la Asamblea General de Naciones Unidas plantea un “desafío” que consiste en ”cómo evitar que su pronunciamiento en lugar de promover el marco ya establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General provoque una ruptura del equilibrio y haga más difíciles las negociaciones. Y así sería si se aprueba un dictamen de retirada incondicional de Israel que no tenga en cuenta sus necesidades reales de seguridad”.
La intervención, pues, se salió del marco de las consecuencias legales de las políticas de Israel en los territorios ocupados. Es que tampoco Estados Unidos considerar que se debe decidir si la ocupación es legal o ilegal. Vizek: “La ley internacional no dice que una ocupación en sí misma es ilegal y tampoco por su duración. Incluso lo que se está citando aquí de la transferencia de una parte de la población [palestina] “The legal status of the occupation would not change, it would not change as a consequence of this fact.”
Vizek empezó su exposición con la evocación de la acción de Hamás del 7 de octubre de 2023 que acabó con la vida de 1.139 personas, entre civiles y militares, con 250 rehenes, y reprochó a aquellos países que no tienen en cuenta lo que ocurrió. “Lamentablemente, esas necesidades de seguridad han sido ignoradas por muchos participantes”, dijo.
Tercer veto de EEUU
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La intervención tuvo lugar este miércoles después de que el día anterior, Estados Unidos volviera a ejercer su veto por tercera vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la propuesta de un alto el fuego en Gaza. El argumento para rechazar el alto el fuego, según explicó la embajadora Linda Thomas-Greenfield ante la ONU, “porque podía afectar las negociaciones de paz en curso para asegurar un alto el fuego temporal y el intercambio de los rehenes israelíes por prisioneros palestinos en cárceles de Israel. La posición de Egipto, que participa en las negociaciones con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, ha sido tajante en contra de la idea planteada por el representante norteamericano. “Todo lo contrario: un dictamen a favor de las violaciones de derechos humanos y de la ley internacional por parte de Israel ayudará a una negociación”, dijo la asesora legal del Ministerio de Asuntos Exteriores Jasmine Musa, que habló en nombre del Gobierno de El Cairo. La abogada señaló: “Hace 20 años 400.000 colonos israelís fueron introducidos en Cisjordania y Jerusalén Este; ahora estamos en 750.000”, apuntó.
Rusia y Francia, respectivamente, han apoyado que el tribunal declare la ilegalidad de los territorios ocupados y ratifique lo que ya proclamó en 2004 sobre la construcción del muro de Israel en el sentido de que los palestinos tienen derecho a autodeterminarse en su propio Estado. Israel no participa en estas audiencias, pero presentó un documento en el que califica las preguntas planteadas por la Asamblea General de la ONU sobre las consecuencias legales de la ocupación en Palestina como “tendenciosas” y “perjudiciales”. España presentará sus conclusiones el lunes 26 de febrero, el mismo día que Fiyi, el archipiélago que coincide con las posiciones de EEUU.