El fiscal de la Audiencia Nacional adscrito al caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, ha vuelto a insistir ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en que no ve terrorismo en los altercados que se produjeron en las convocatorias de la plataforma en protesta por la sentencia del ‘procés’, y vuelve a criticar la decisión del juez Manuel García Castellón de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute al expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, cuando de las diligencias practicas no se desprende dato nuevo en su contra y ni siquiera la Guardia Civil le atribuía nada.
En un escrito de seis páginas el fiscal se adhiere a los recursos interpuestos por dos de los imputados, la política de ERC Marta Molina y Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas de Puigdemont, y se muestra muy crítico con el magistrado. Afirma que “hasta la fecha” las diligencias practicadas “no han incidido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación de los dos aforados, siendo especialmente significativo en cuanto al expresidente de la generalidad Puigdemont, al cual, ni siquiera la Guardia Civil efectuaba atribución alguna de los hechos objeto de la investigación”.
“Las diligencias se han centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Catalunya a finales del 2019 por diversos colectivos y por variadas personas, pero no ha incidido ninguna de las diligencias acordadas ni practicadas en la responsabilidad supuesta de los aforados”. Añade que la práctica de diligencias se ha centrado en “la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación“.
Carballo considera que ya era “muy significativa la falta de argumentos para la concreta imputación de hechos de matiz terrorista a los investigados en el auto de 6 de noviembre, puesto que el instructor se limitaba a una genérica remisión a los informes de la Guardia Civil y, tan solo, dedicaba en su auto un capítulo dedicado a la imputación de dos investigados en concreto, expresidente Puigdemont y (la secretaria general de ERC) Marta Rovira, pues bien, al día de hoy, la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo se presenta totalmente injustificada e inmotivada, ante el nulo avance de la investigación en tal sentido“.
La fiscalía recurrió el auto de imputación contra Rovira y otras nueve personas del pasado 6 de noviembre y, más tarde, la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo para que procediera a asumir la causa y a imputar a los dos aforados contra los que entendía que se debería dirigir la acción: Puigdemont, por su condición de eurodiputado, y el diputado de ERC Rubén Wagensberg. Entre la primera resolución y la segunda no se había realizado ninguna diligencia que justificara lo que para el representante del ministerio público era una forma de subsanar el error cometido en el primer auto.