No estaba en la orden del día, pero las comunidades gobernadas por el PP han pedido que la delegación de competencias en inmigración para Cataluña fuera uno de los puntos a tratar en la Conferencia Sectorial de Inmigración. Lo consiguieron. Según han explicado varias consejeras populares, todas han trasladado su “gran preocupación” por lo que ellas llaman “cesión”.
Por su parte, tanto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, han asegurado ante los medios que han podido explicar la perspectiva del Gobierno y de la Generalitat con “total transparencia“.
“Creemos que es una oportunidad para acercar la política migratoria a la ciudadanía y explotar mejor la sinergia con la política de servicios sociales, que ya es una competencia de las comunidades autónomas. Es un paso más en el autogobierno y en la gestión de la migración“, ha indicado Martínez Bravo, que no se cierra a una Conferencia Sectorial extraordinaria para debatir esta cuestión.
Para Saiz, Cataluña está “asumiendo dar un paso adelante en un ejercicio de responsabilidad” en contraposición a “las dejación de funciones” que “otras comunidades autónomas practican”. Pero para la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, este tema “supone un menoscabo para todas las comunidades autónomas y un riesgo para la seguridad nacional”. “Con un juego de palabras, nos han intentado convencer de que es una delegación, pero es una gestión de competencias en toda regla, lo que pone en riesgo la seguridad nacional“, ha recalcado. En este sentido, han solicitado al Gobierno que se les traslade cuál es la petición expresa que ha hecho el Gobierno de la Generalitat.
Críticas a Mazón
Estas acusaciones se han producido horas después de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunciase su acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos regionales. Incluye, entre otros puntos, “no admitir más repartos de inmigración ilegal” tras haber “rebosado su capacidad”.
La ministra ha lamentado que Mazón haya comprado la “hoja de ruta” de Vox con cuestiones “absolutamente xenófobas y racistas”, como rechazar la regularización extraordinaria de migrantes afectados por la dana o negar la financiación de ONG que atienden a personas extranjeras.
También ha enfatizado sobre el anuncio, “fuera de todas sus competencias”, de un plan específico de retorno de personas extranjeras, y ha pedido explicaciones a líder popular, Alberto Núñez Feijóo, por estas declaraciones y este pacto. “Esto sí que es un pacto de la vergüenza“, ha señalado.
Aunque no estaba en el orden del día, varias comunidades también han puesto sobre la mesa el “colapso” que sufren los centros de menores migrantes de sus comunidades. Mientras que Dávila ha expuesto que tienen dos con más de 1.500 personas cada uno, Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, ha asegurado que están al “200%”. “Por lo tanto, ahora mismo no podemos asumir la acogida de ningún menor más”, ha resaltado.
Preguntada sobre si el Gobierno ha alcanzado ya un acuerdo con Canarias para cerrar el texto sobre un reparto puntual de menores migrantes al resto de comunidades, la ministra ha indicado que esta cuestión corresponde a la Sectorial de Infancia.
En la de Inmigración que se ha celebrado este lunes, las comunidades autónomas y Elma Saiz también han abordado temas como la actualización de los datos de migración, que apuntan a un descenso de llegadas de personas en situación irregular; al traslado a la normativa española del Pacto Europeo de Migraciones; o de las nuevas formas de financiación para mejorar la política de inclusión de las personas migrantes.