La amenaza velada de Carles Puigdemont en su carta mirando al PP – “todo se sabrá”– como respuesta a la resolución del Parlamento Europeo que pide investigar los lazos de los independentistas con Rusia, y la afirmación de que si hubiera hecho presidente a Alberto Núñez Feijóo no se estaría investigando si hubo terrorismo en el procés o si su Govern tuvo contactos con el Kremlin ha vuelto a provococar una cadena de preguntas. En el PSOE, que siguen inmersos en encontrar la manera para sacar adelante la ley de amnistía, no tardaron en exigir explicaciones al PP. En Génova se muestran tajantes: “Cero preocupación” ante las palabras del eurodiputado, que huyó de España hace seis años. El convencimiento del líder popular, según dicen en su entorno, es que el Gobierno “mintió” al expresident y generó unas expectativas inviables en torno a su blindaje.
En el PP dan por hecho que Puigdemont hizo un planteamiento “sincero” exponiendo lo que quería. Y lo dan por hecho porque insisten en que fue exactamente lo mismo que puso encima de la mesa para pactar con los conservadores. Hasta el punto de que en el núcleo duro popular reconocen que llegaron a estudiar y analizar la amnistía durante 24 horas. No habría hecho falta más tiempo para rechazarla. “Constatamos y argumentamos de manera sólida en términos jurídicos nuestra negativa por ser manifiestamente inconstitucional”, dicen en el partido, además de ver que era “contraria al derecho europeo”. La desecharon y así se lo hicieron saber a Junts. Por ahí, afirman, no había camino.
Y aunque en el PP aseguran que no hubo ningún otro ofrecimiento similar a la amnistía para Puigdemont, sí reconocen fuentes populares, a pesar de la fuerte oposición que tienen desplegada en las instituciones y en Bruselas contra la ley (aún sin aprobar en el Congreso), es que la situación derivada en Cataluña desde 2017 requiere de una respuesta específica si es que existe “un interés real de reconciliación”. Admiten, de hecho, que los indultos siempre son “una posibilidad” si están sujetos a condiciones expresas: el compromiso de respetar la legalidad, las sentencias, la Constitución y el respeto al Estado de derecho. Nunca se lo ofrecieron a Puigdemont, afirman, –ni tampoco Junts los pidió, como no lo lo hizo nunca a diferencia de ERC– pero en el núcleo duro de Feijóo siguen pensando que es una vía a tener en cuenta (al ser un perdón del Estado recogido en la Constitución), a diferencia de la amnistía.
El primer requisito, eso sí, habría sido que Puigdemont pasara por los tribunales. Es decir, el PP se podría haber planteado, reflexionan las mismas fuentes, la concesión de un indulto al ‘expresident’ y los otros huidos si realmente hubieran decidido volver a España, entregarse a la Justicia, asumir una sentencia y renunciar a la vía unilateral.
Todos estos elementos, argumentan los populares, son los mismos que hasta el momento han ido descartado por completo. En el partido lo percibieron desde el primer momento, pero el ‘expresident’ también lo dejó muy claro públicamente el 5 de septiembre. “Cuando Puigdemont da una rueda de prensa con toda la solemnidad y defiende el referéndum y persistir en el mismo camino, autodeterminación y unilateralidad, no hay nada más que hablar ni nada que decir”, zanjan. Esa rueda de prensa se produjo en el momento en el que Feijóo mantenía una ronda de contactos para recabar apoyos para su investidura. Solo logró los de Vox y el de Coalición Canaria.
El PP rechaza de plano que el pacto de Sánchez con Junts busque esa “normalización institucional y social” o la recuperación de las relaciones con el Estado (como dice la exposición de motivos de la ley orgánica), entre otras cosas, porque para Feijóo la amnistía en el caso de Sánchez fue una simple transacción a cambio de los votos para la investidura del socialista. Génova sigue defendiendo que cualquier plan de reconciliación en Cataluña no puede estar sujeto a un acuerdo para ser elegido presidente o incluso para garantizarse la estabilidad de una legislatura.
Las conversaciones que el PP admite a día de hoy con Junts se circunscriben al pasado verano cuando se negociaba la constitución de la Mesa del Congreso. Conversaciones que siempre están relacionadas con el pacto de investidura posterior. Junts puso encima de la mesa una amnistía para todos los encausados y otras cuestiones, como el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. El PP se negó a ambas y, por eso, zanjan en el PP, salió elegida presidenta de la Cámara Francina Armengol en vez de Cuca Gamarra.
Ese sondeo directo lo hizo el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con otros dirigentes de Junts en la primera quincena de agosto para saber de primera mano cuáles eran las condiciones que pedían para valorar un acuerdo para el PP. “Eran imposibles de aceptar”, según ha admitido el propio Sirera en público. Fuentes de Génova explican que cuando el concejal trasladó a la dirección esas exigencias comprendieron “que no había nada que hacer”. “Era imposible empezar a negociar”, vuelven a insistir llegando a la conclusión que ya forma parte de los episodios políticos más recientes y relevantes tras la victoria del PP el 23J: “Feijóo podía haber sido presidente, pero no quiso pagar el precio”.