El PP sigue encontrando descubriendo nuevos beneficios de tener la mayoría absoluta en el Senado. El 23-J dejó una Cámara Alta en la que los conservadores por la que los conservadores pueden campar a sus anchas, sin necesidad de pedir permiso a nadie. Aprueban las mociones contra el Gobierno que desean, convocan a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a placer y modifican el reglamento de la Cámara sin tener que consensuarlo con nadie. A esto se suma que han derivado toda su agenda legislativa al Senado para evitar el veto del bloque de la investidura en el Congreso.
Tras más de cuatro meses de legislatura, el PP solo ha registrado tres proposiciones de ley en la Cámara Baja, las dos últimas esta pasada semana. Sin embargo, en el Senado ya han presentado 13. Y no solo eso. Pese a tener cupo para impulsar leyes en los plenos que ya se han celebrado en el Congreso, los conservadores han preferido pasar. No han hecho lo mismo en la otra Cámara, donde ya se han debatido dos de sus iniciativas.
¿Por qué?
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La estrategia de los populares se explica atendiendo al reglamento del Senado y a la tramitación de las leyes. Pese a que estamos acostumbrados a que todas las leyes se impulsen desde el Congreso, los grupos parlamentarios también pueden hacerlo en el Senado. Solo cambia una cosa, la aceptación a trámite se debate en su Cámara correspondiente, aunque luego todas las proposiciones de ley se trabajen en el Congreso, en su comisión correspondiente.
Así, el PP puede dar el visto bueno inicial a cualquiera de sus iniciativas haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado. Esa proposición de ley se remite directamente a una comisión del Congreso y se inicia ahí el plazo de enmiendas. De otra forma, si los populares llevaran estas normas a debate directamente a la Cámara Baja se encontrarían con el veto del bloque de la investidura. En la mayoría de ocasiones, PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG votarían en contra de su aceptación a trámite y la norma no tendría más recorrido.
No obstante, por mucho que el PP haya encontrado esta vía alternativa no quiere decir que sus proposiciones de ley se vayan a aprobar. Puede que ni siquiera se llegue a trabajar en ellas. Una vez el texto llega a la comisión que le corresponde, la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, puede alargar el plazo de enmiendas de manera indefinida. Esta práctica viene siendo habitual en la Cámara Baja y hay proposiciones de ley que se quedan guardadas en un cajón durante años, hasta que decaen por la convocatoria de elecciones.
¿Qué impulsan los populares?
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Hasta el momento, el PP ha aceptado a trámite dos proposiciones de ley. Una, para rebajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10%, que contó en el Senado con el respaldo de los socios del PSOE, pero no de los propios socialistas; otra para que las personas dependientes tengan la consideración de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. Además, tienen preparadas otras 11 iniciativas, entre las que está ampliar la protección de los símbolos nacionales, otra contra la okupación o una reforma de la ley de Montes.
En un intento de frenar muchas de estas iniciativas, el Gobierno se ha opuesto a su tramitación alegando que implican una modificación presupuestaria y que, por tanto, pueden vetar la norma. No obstante, el PP ha incluido que todas sus medidas entrarán en vigor en 2024, por lo que no se puede impedir su tramitación, y han ignorado el veto del Ejecutivo de coalición.