Después de una semana muy complicada para el Gobierno, que vio cómo Junts llegaba a tumbar la ley de amnistía en el Congreso por considerarla insuficiente, el PP prepara nuevos movimientos en el Congreso y el Senado. El objetivo es evidenciar lo que en el partido de Alberto Núñez Feijóo resumen como “una extrema debilidad” de Pedro Sánchez, hasta el punto de que consideran que “no habrá semana sin revés” parlamentario o judicial. La Cámara Alta ya ha activado su plan para ejercer de contrapeso al Ejecutivo y, según ha podido saber este diario, se esperan “novedades inminentes” sobre la actuación que la Comisión de Venecia, órgano dependiente del Consejo de Europa, hará en España próximamente a raíz de la norma que prevé perdonar los delitos del procés.
El Senado solicitó a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (conocida como Comisión de Venecia) una petición expresa para que se pronunciara sobre la proposición de ley pactada entre el Gobierno y los independentistas. Será, por tanto, el primer pronunciamiento a nivel europeo sobre la ley que todavía no se ha aprobado ni siquiera en el Congreso. Fuentes del grupo popular en la Cámara aseguran que ese informe llegará antes de que acabe el mes de marzo. Pero primero se debe producir la visita de los expertos del órgano que efectuarán el dictamen y que deben mantener distintas reuniones con los implicados y recabar así los puntos de vista que consideren necesarios.
El PP le da mucha importancia al pronunciamiento de la Comisión de Venecia en el momento en que denuncia que la separación de poderes está en riesgo en España y fían la respuesta a la ley de amnistía a Europa, sembrando dudas sobre la actuación del Tribunal Constitucional. Como publicó este diario, ya desde el inicio el PP preparó toda su ofensiva pensando en el terreno comunitario más que en el nacional. Y lo que consideran clave, de cara a todos los recursos que pongan en marcha, es el informe de los letrados de la comisión de Justicia del Congreso que hace semanas dijeron con total claridad que una amnistía como la que pretende aprobar el Gobierno debería hacerse vía reforma de la Constitución.
Distintos dirigentes del PP ponen el foco en los próximos movimientos en el Senado: las novedades de la Comisión de Venecia, la visita que esperan muy pronto y el dictámen final. Y después, cuando se resuelva la situación de la ley en el Congreso, el proceso de tramitación en la Cámara Alta, donde los populares quieren solicitar comparecencias a distintos constitucionalistas que no participaron en el proceso exprés de la Cámara Baja. “Vamos a hacer en el Senado todo lo que no han querido hacer en el Congreso”, resume un dirigente de la cúpula nacional.
Estudian ir al TC por la decisión del Congreso
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Además, el PP ha iniciado una nueva batalla por la decisión de Francina Armengol de devolver la ley de amnistía a la comisión de Justicia tras el rechazo de Junts. Lo que dijo la presidenta del Congreso fue que al no haber alcanzado la mayoría absoluta suficiente, el texto debía volver a la comisión antes de regresar al pleno. En ese plazo la idea es que el PSOE consiga atraer a Junts para que no vuelva a tumbarla.
Sin embargo, el mismo artículo del reglamento (131.2) que sirvió para devolver la norma a comisión es el que el PP utiliza, después de haber escuchado también la opinión de algunos letrados, para sostener que la ley debería comenzar su tramitación desde el principio.
Ese artículo dice que las leyes orgánicas, como es este caso, necesitan de una mayoría absoluta en el pleno y que “si aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”. Los populares lo que dicen es que la norma no es que no alcanzara la mayoría absoluta teniendo más síes que noes, sino que fue rechazada por esa mayoría absoluta.
Y de ahí nace una discusión jurídica que algunos dirigentes populares creen que debe terminar en el Constitucional. De hecho, hay fuentes de la dirección nacional que insisten en que lo están estudiando.
Lo previsible, efectivamente, es que hoy la Mesa del Congreso (con mayoría de PSOE y Sumar) rechace los escritos de PP y Vox y deje la ley de amnistía desde este martes en la comisión de Justicia. El presidente del Gobierno se abre ahora a una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) para acortar los plazos de instrucción sin tocar la norma como tal. Está por ver si Junts acepta esa solución ante las novedades judiciales que rodean al procés y que motivaron su voto en contra de la ley. Pero los populares advierten: “No nos quedaremos quietos. Vamos a seguir recurriendo a todos los instrumentos a nuestro alcance”, zanjan.