Un informe de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria que presta auxilio judicial al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, desvela “la existencia de una importante red de comisionistas e intermediarios” en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos de ministro. Algunos de estos mediadores disponen de cuentas en Panamá. Cada una de estas personas se ocupó de funciones diferentes en el esquema del negocio bajo sospecha: proveedores, prestadores de servicios profesionales (asesoramiento jurídico), transporte, logística, intermediarios y clientes.
La operación de compra de los tapabocas se llevó a cabo en cuatro niveles: proveedores chinos, proveedores españoles, la comercializadora (la empresa Soluciones de Gestión SL) y los clientes finales, en este caso las Administraciones públicas del PSOE. La participación de todo ellos ha permitido que la empresa de uno de los cabecillas de la trama, Juan Carlos Cueto, lograra beneficios “muy elevados”, que después asignó a “comisiones e intermediaciones”, destaca la ONIF.
“Siendo todas de origen chino, más del 60% de las mascarillas se adquirieron a aparentes proveedores españoles; el más importante sin experiencia en el sector”, resalta Hacienda, que pone de manifiesto que los proveedores principales del negocio fueron dos firmas españolas. En concreto, la valenciana Gama Global Trading, uno de cuyos propietarios fue vinculado con cuentas bancarias de Panamá; y la madrileña Star TIC Innovation and Smart Global Medical.
No fueron proveedores
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Aunque en realidad no fueron proveedores, dice la ONIF, porque compraron las mascarillas en el mercado chino, por lo que actúan como intermediarios, pues abonan las mascarillas a otros intermediarios, lo que hace que sus ganancias sean muy reducidas: “La sociedad valenciana apenas obtiene beneficios, lo que resulta llamativo, por lo que parece cumplir la función de alejar parte del pago de comisiones” a la empresa de Cueto, concluye el inspector.
Casi todos los beneficios que obtuvo Gama Global fueron repartidos “en comisiones por intermediación a empresas españolas”. En concreto, a intermediarios españoles que facturaron por medio de otras sociedades: Global Associated Technitian 2020, a nombre de José Luis Elgorriaga Oribe; Arsh Consultancy, cuyo responsable es César Alonso Mollar; e Ipilar, cuyo responsable es Israel Pilar Ortiz. Una tercera comisión se produce en relación a la venta de material sanitario en Italia, que implicó otro pago a la sociedad española Itulli SL, cuyos dueños son italianos.
Hasta marzo de 2020 Gama Global se dedicaba en exclusiva al comercio de toda clase de productos y a la venta de coches. “De sus socios y administradores constan, incluso publicados, antecedentes de información con cuentas bancarias en Panamá (Sergio Figueroa Alonso). Actualmente esta sociedad se encuentra en proceso concursal, lo que nos ofrece una idea de su función interpuesta“, destaca el inspector de la Agencia Tributaria.
“Importante beneficio”
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Gama Global adquiere las mascarillas en China, a un importe medio de entre 1,1 euros y 1,2 euros la unidad. Desde el mismo aeropuerto de Shenzen (China) vende a la firma de Juan Carlos Cueto a un importe que oscila entre el 1,29 euros y 1.32 euros. “En esa aparente exigua diferencia, multiplicado por 8.000.000 de unidades, radica su importante beneficio”, advierte el inspector, quien cree “llamativo” que esta sociedad, que no es especialista en el sector, pudiera obtener en el mercado chino tantas mascarillas en los primeros momentos de la pandemia, sobre todo porque también suministró tapabocas a otro intermediario en Italia.
La madrileña Star TIC Innovation sí dispone de actividad en el sector “que parece real”. A ella se le adquieren 6.229.400 mascarillas. El precio individual medio por mascarilla fue de aproximadamente 1,43 euros.
Aldama y Cueto
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Además, los responsables de este negocio no fueron las personas que constan como titulares de las participaciones de la empresa: “Los auténticos beneficiarios son Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. El primero porque es el verdadero adjudicatario del contrato, según él mismo declaró, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jurídica necesaria para llevarlo a cabo“, especifica el informe, firmado por el inspector de la ONIF.
La ONIF destaca, además, que la sociedad que recibió las adjudicaciones públicas por un valor superior a los 53 millones de euros, Soluciones de Gestión es en realidad una “intermediaria ocasional que actúa como vendedora ante las Administraciones públicas, y que contrata la compra de mascarillas en un mercado de intermediarios habituales”, y que incluye “como valor añadido el transporte y la logística hasta el cliente”. Sin embargo, no es fabricante ni intermediario habitual de estos productos. “Todo lo contrario; no consta que lo haya hecho nunca, ni con estos productos (mascarillas) ni con ninguno otro”, advierte Hacienda.
16,6 millones
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Los que sí recibieron unos beneficios “elevadísimos” en la operación que propició como conseguidor Koldo García Izaguirre fueron las empresas de Cueto y De Aldama, con un beneficio neto de 16.634.467 euros, de los que una tercera parte, 5.544.822 euros, para el dueño del Zamora CF.
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Por estos hechos, concluye el informe, el empresario Juan Carlos Cueto habría cometido un delito fiscal con su empresa Soluciones de Gestión, pues dejó de ingresar 200.000 euros del Impuesto sobre Sociedades de 2020.