“Cuando nosotros llegamos al gobierno la corrupción era la primera preocupación de los españoles, y hoy es la número 18. ¿Sabe cuál es la mejor garantía de que esa preocupación no vuelva al primer lugar? Que ustedes no vuelvan al gobierno”. Así se revolvió en el Congreso el pasado miércoles Óscar Puente, el indiscutible nuevo bulldog de las filas socialistas, ante una pregunta de la diputada del PP Ester Muñoz sobre el caso Koldo. La corrupción, una vieja conocida de los españoles, está de nuevo en el centro del escenario político por una trama que presuntamente usó contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia para enriquecerse.
De momento tiene razón Óscar Puente: en el último estudio del CIS, de enero de este año, solo un 2,3% de los encuestados dijo estar preocupado por la corrupción; en los momentos más difíciles para el gobierno de Mariano Rajoy, en noviembre de 2014, con los sobresueldos del PP y el caso Gürtel en primer plano de la actualidad, esa cifra se elevó hasta el 63,8%. Pero esos números no recogen aún el impacto del nuevo escándalo, que ya ha provocado la expulsión del exministro José Luis Ábalos de las filas socialistas del Congreso y su paso al Grupo Mixto. ¿Qué percepción tienen los españoles del nuevo caso? ¿Es comparable a otros que, en el pasado, han hecho caer gobiernos? ¿Tiene España un problema endémico con la corrupción?
Empezando por el final, “los estudios coinciden en situar a España como un país de corrupción baja-media”, dice Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y experto nacional en la materia: ha escrito, entre otros libros, ‘La corrupción política’ (2006) y ‘Ética pública y buen gobierno’ (2015). “Estamos peor que todos los países del norte de Europa, peor ya que los bálticos, nos ha empatado Letonia”, añade. En el último índice de percepción de la corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) que publicó Transparencia Internacional hace menos de un mes, España saca 60 puntos sobre 100. “Tiene a más de 130 países por detrás, pero también a 37 por encima, y ahí está casi toda la UE. Italia no, pero ha introducido medidas y está mejorando mucho. Nosotros no hemos introducido las medidas adecuadas, este gobierno lleva cinco años en el poder y no ha hecho reformas”, se queja Villoria.
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Ausencia de reformas
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Él y otros expertos llevan tiempo pidiendo una serie de cambios, en muchos casos relativos a la separación de poderes y al funcionamiento del sistema judicial, que podrían mejorar la percepción de los ciudadanos con respecto a la corrupción. Pero los grandes partidos, y ahí está el ejemplo del culebrón de la imposibilidad de renovar el CGPJ –ya van más de cinco años de retraso–, no parecen demasiado preocupados por llevarlos a cabo con celeridad, quizás porque piensan que el precio electoral que pagan no es muy elevado. En España “hay más tolerancia con la corrupción que en Francia, Alemania, el Reino Unido, Holanda o Bélgica”, afirma Damià del Clot, investigador del Grup de Recerca en Estudis Polítics, les Identitats, les Institucions i la Corrupció de la UAB. “O al menos no tiene tanta penalización electoral”, matiza.
[–>Él cree que hay que buscar los motivos en los 40 años de dictadura y de “silencio generalizado” sobre determinadas cuestiones. Por la misma razón, Del Clot considera que los votantes de derechas son más permisivos con la corrupción de sus políticos que los de izquierdas. “La izquierda tradicionalmente ha sido más severa. La derecha ha patrimonializado mucho las instituciones del Estado. Venimos de una dictadura que se apropió no solo de las instituciones, sino también del Estado. No tenían que esconderse para ejercer estas prácticas”, asegura.
Villoria está parcialmente de acuerdo en que hay diferencias entre la derecha y la izquierda, pero afirma que no son tan grandes. “La corrupción penaliza poco, pero penaliza. Llega un momento en que el vaso se desborda, se vio con Felipe González: al final del mandato no era posible sostenerlo. Y se ha visto claramente en Valencia, en Baleares, en Andalucía… Cuando llega un momento en que la ciudadanía se harta vota al partido de la oposición. No es inmediato, pero el vaso se va llenando. Hay algunos datos, una cierta tendencia, que indicaría que se castiga más a la izquierda que a la derecha, pero es leve”, subraya.
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Quien quiera hacerlo, puede recrearse en esos matices analizando la serie histórica del CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas lleva 40 años preguntando a los españoles por su preocupación acerca de la corrupción. En el gráfico sobresalen dos protuberancias muy claras, que corresponden con los momentos en los que mayor inquietud ha generado la falta de limpieza de los políticos. La primera empieza a crecer poco después de las elecciones generales de 1993, las últimas que ganó Felipe González, y culmina (por encima del 30%) algunos meses antes de las de 1996, las que perdió contra José María Aznar. La segunda se alarga más en el tiempo: comienza a formarse a finales de 2012, alcanza el récord histórico del 63,8% de preocupados en noviembre de 2014 –a los escándalos de Gürtel y los sobresueldos se acababa de sumar el de la operación Púnica– y no se aplana hasta que cae el Gobierno de Mariano Rajoy, en junio de 2018.
Hay dos picos en la preocupación por la honradez: al final de la etapa de González y con Rajoy
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Pero tanto Villoria como Del Clot subrayan que Rajoy no cayó en unas elecciones, sino tras una moción de censura. “Electoralmente, a Rajoy no le hace daño la corrupción. Lo que le hace daño es que con la sentencia de la Gürtel un grupo de partidos se ponen de acuerdo para tumbar al gobierno. Pero entre tanto [mientras el caso ya estaba en primer plano mediático] There were general, regional, and municipal elections, where corruption hardly took its toll on the PP,” recalls Del Clot.
El motivo real del cese de 2021
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Ahora la presunta corrupción afecta a un gobierno de izquierdas. El caso Koldo se llama así por Koldo García, que era según los investigadores el puntal político de una trama de enriquecimiento ilícito a costa de las mascarillas en la que también están implicados diversos empresarios. García era la mano derecha de José Luis Ábalos en la época de la pandemia, en la que estaba al frente del Ministerio de Transportes. Pedro Sánchez destituyó a Ábalos sin dar explicaciones en julio de 2021; como las fechas cuadran, se han disparado las sospechas de que el motivo real de ese cese fue que el presidente conocía las corruptelas, pero no las hizo públicas.
José Luis Ábalos, after his farewell appearance from the Socialist Group in the Congress of Deputies. / JOSÉ LUIS ROCA
“Cuando Sánchez tiene información sobre cómo funciona el Ministerio, sobre su vida privada… Se lo carga clarísimamente“, sostiene Villoria. Pero, ¿qué lleva a ciertas personas a intentar aprovecharse de la situación en un contexto, como el de la pandemia, que si bien propiciaba grandes gastos en compra de material sanitario en poco tiempo también parecía claro que iba a ser examinado con lupa en el futuro? “No hubo fiscalización previa, y en estos casos siempre hay rent seakers, buscadores de rentas: empresarios, mediadores, que están esperando el momento para meter el cazo. Esperan encontrar al político o funcionario corrupto que les facilite la llegada a los fondos públicos. Si se bajan los controles, ya tienen localizada a gente y les colocan los contratos. Y los políticos que hemos visto hasta ahora implicado responden a un patrón muy semejante: Tito y Koldo, personas sin estudios, baja calificación moral y baja inteligencia”, dice Villoria.
Por Tito, el catedrático de la URJC se refiere al principal implicado en el caso Mediador, Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni. El escándalo al que da nombre este exdiputado socialista, que supuestamente recababa sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos, hizo que la preocupación de los españoles por la corrupción comenzara a crecer de nuevo a principios de 2023 después de varios años muy tranquilos.
Situación nueva para Sánchez
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En su turbulenta trayectoria política, Pedro Sánchez ha tenido que hacer frente a rebeliones internas que lo descabalgaron, a primarias contra el aparato del PSOE y a elecciones generales en las que no era favorito, y siempre ha sabido surfear la situación. Está por ver si lo consigue cuando por primera vez se pone en duda la corrección ética de su equipo; de momento, ha expulsado del partido a Ábalos, que hasta su misteriosa caída del Gobierno en 2021 había sido uno de sus principales asesores.
A falta de comprobar su onda expansiva en las próximas encuestas del CIS, los expertos no creen que el caso Koldo sea por ahora lo bastante grave como para hacer temblar a Sánchez. “No es lo suficientemente grande como para hacer caer a un gobierno, pero sí lo tendría como para que un responsable de un departamento ministerial dimitiera. La dimisión del máximo responsable, aunque sea ‘in negligendo’, por escoger a ese cargo de confianza, debería producirse por higiene democrática”, dice Del Clot. “No creo que sea un caso de hacer caer gobiernos, los datos no indican eso. Sí justificarían el cese del ministro”, coincide Villoria. Pero Ábalos, el señalado, se resiste a liberar su escaño una vez expulsado del Grupo Socialista. “Creo que lo que Ábalos no entiende es que, si ya una vez fue cesado y humillado, ahora se le vuelva a humillar”, añade Villoria en referencia a su salida del Gobierno en 2021. Y concluye: “El error del PSOE ha sido no saber tratar los elementos emocionales del caso”.