The judge of Barcelona Fernando Luis Criado Navamuel has summoned to testify as investigated (previously accused) administrator of the Aragó geriatric, Alejandro Cabedo Pons, to its director until last year, María Dolores Ortiz, as well as the governess and the doctor from the centerby the salmonella outbreak which caused the death of eight elderly people during the summer of 2022. A case that EL PERIÓDICO uncovered and that has forced changes in the residence inspection system in emergency situations.
Those investigated must appear in the Court of Instruction number 17 of Barcelona on March 4 to be able to be questioned, according to the writing to which this newspaper has had access. The magistrate has also summoned a total of 17 witnesses to testify that same day and on March 6.
The court The judicial process opened on July 13 last year by virtue of the investigation proceedings carried out by the Barcelona Prosecutor’s Office for an alleged crime of reckless homicide and its corresponding complaint. For the magistrate, according to that resolution, the facts could constitute a crime and he agreed that those reported by the prosecutor’s office would be summoned to testify as those under investigation, at the same time that denied the public prosecution’s request to close the center at that time, “without prejudice to the fact that such a measure may be adopted throughout the procedure” and the possibility that the Administration could do so, which also ruled it out.
15 hospitalizados
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La denuncia de fiscalía expone que desde finales de julio hasta septiembre de 2022, en la residencia, ubicada en la calle de Aragó de Barcelona y con capacidad para 100 personas (57 plazas públicas), se produjo un brote de salmonela que afectó a 39 residentes, de los cuales 15 fueron hospitalizados y ocho murieron. A pesar de tener la obligación de hacerlo, subraya a acusación, los ahora investigados no notificaron ninguno de los casos a la Agència de Salut Pública de Barcelona, negaron el contagio de los residentes y tampoco comunicaron la muerte de siete de los ocho fallecidos.
Al entender fiscalía, la dirección del centro solo facilitó información a la agencia después que este organismo tuviera noticia del brote por otras fuentes sanitarias. El proceso de investigación de la agencia, subraya, “fue obstaculizado y las consecuencias de brote notablemente agravadas a causa de la deliberada voluntad” del centro de “ocultar cualquier dato o cualquier nuevo caso a Salud Pública“. La mencionada agencia es un organismo que gestiona servicios por encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
Deficiencia en la higiene
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La denuncia expone que, en agosto de 2022, la unidad de geriatría del Equipo de Atención Primaria (EAP) certificó a dicha agencia la existencia del brote. El equipo de sanitarios que se personaron en el centro pudieron constatar “una importante deficiencia en la higiene y la limpieza de las salas“. En ese mismo momento, se informó a la dirección del geriátrico de las medidas higiénicas necesarias para evitar el contagio. Esas precauciones fueron reiteradamente repetidas por los organismos oficiales, así como la obligación de comunicar los casos que se detectaran (residentes con cuadros de diarrea).
A través de las sucesivas visitas realizadas por los técnicos epidemiológicos, se constató “la falta de aplicación“, según la fiscalía, de las medidas de higiene establecidas para contener la propagación de la enfermedad. De hecho, añade, a lo largo del proceso de investigación “fueron una constante” la falta de higiene, de material de desinfección y de equipamientos de protección para llevar a cabo esta tarea, “pese a las directrices facilitadas por el personal sanitario desde el primer momento”.
“Elevado riesgo para los residentes”
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La Agència de Salut Pública de Barcelona sostiene en un informe que las “malas prácticas” detectadas en el geriatrico Aragó de julio a septiembre de 2022 provocaron “un riesgo muy alto para la salud para todos los residentes” del centro, lo que se “materializó” en la infección de varios de ellos por salmonela. Después de que EL PERIÓDICO publicara este informe, el geriátrico declaró que no reflejaba la realidad del centro y aseguró que las acusaciones se esclarecerían en los juzgados. La Conselleria de Drets Socials, por su parte, ha mantenido que el centro ha acabado rectificando y está aplicando mejoras.
Por su parte, la Agència de Salut Pública no solo había calificado la actuación de los responsables del geriátrico de “malas prácticas”, sino que también señaló una “falta de atención sanitaria y/o negligencia” en la asistencia a las personas que residían en el centro. Este escrito también concretaba que el vehículo de transmisión de la salmonela en un primer momento (entre el 28 y el 30 de julio del 2022) fue de persona a persona y, posteriormente, por la contaminación de una fuente común de comida, por los utensilios utilizados o por la superficie del mobiliario.