La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha propuesto en la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este lunes, aumentar en 15 millones el plan de acogida para la infancia y la juventud no acompañada. Además, ha anunciado que trabajará en el establecimiento de un reparto vinculante y solidario de niñas, niños y adolescentes migrantes por todo el territorio.
Su ministerio señala que estas medidas se enmarcan dentro de los cuatro ejes de trabajo que buscan “garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los menores migrantes, que son, ante todo, niñas y niños y, como tales, merecen una especial protección”.
Otro de los ejes es la puesta en marcha de un plan integral que incluya medidas sociales, económicas y culturales para las personas migrantes en colaboración con las comunidades autónomas. A eso se suma el estudio de los cambios legislativos que permitan establecer mecanismos de apoyo a aquellas comunidades autónomas, como Canarias, que, por su situación, tienen que dar una respuesta, siempre enmarcada en los derechos humanos.
5.100 menores en 66 centros
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En este sentido, la ministra ha anunciado que, de mañana martes y hasta el jueves, viajará al archipiélago canario para analizar in situ la situación. Durante su desplazamiento se reunirá con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, así como con representantes de la sociedad civil. Lo hará para conocer de primera mano la “solución canaria” para la atención y distribución de los 5.150 menores migrantes no acompañados que en la actualidad residen en 66 centros que gestiona en solitario la comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias en la materia.
Catalunya pide más inversión
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Por su parte, la Generalitat de Catalunya ha reclamado la creación urgente de un grupo de trabajo formado por todas las comunidades, el Ministerio de Infancia y el de Inclusión para coordinar, planificar, informar y dotar de fondos suficientes la atención de los menores. Desde el Govern informan de que la ministra se ha comprometido a crearlo lo antes posible. La secretaria general de Infància, Núria Valls, también ha exigido más inversión, ya que califica la actual de insuficiente. “Vemos que la llegada de jóvenes migrados solos no es una situación puntual, sino un asunto estructural y se debe evaluar correctamente qué fondos necesitamos para trabajar en las mejores condiciones”, ha añado Valls.
Ley de Juventud
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En la Conferencia sectorial, Rego también se ha referido a la futura Ley de Juventud. La ministra ha trasladado a los consejeros la importancia de tener una conversación de país, en la que se incorporen los conocimientos y las experiencias adquiridas a nivel autonómico en este ámbito. En paralelo, también les ha expresado su compromiso para afrontar los principales desafíos que afectan a la juventud, como son el desempleo, el acceso a la vivienda y la salud mental.
Respecto a la infancia, ha asegurado que considera prioritario trabajar por erradicar la pobreza infantil y que tanto el Gobierno como comunidades autónomas sigan apostando por el apoyo a las familias y a la infancia. De ahí la apuesta por impulsar esta legislatura una renta universal a la crianza, como anunció el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del pasado viernes, donde aseguró que el objetivo es ampliar la deducción por maternidad hasta los 6 años. La Generalitat catalana también ha propuesto una renta para facilitar la emancipación juvenil.
Violencia infantil
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En cuanto a la violencia infantil, Rego ha anunciado el desarrollo integral de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), conocida como Ley Rhodes, en coordinación con otros ministerios, así como la puesta en marcha de juzgados adaptados a la infancia.
Además, como hizo esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Rego ha explicado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la creación de un grupo de personas expertas que auspicie un “acuerdo intergeneracional” a través de un paquete de medidas -a corto, medio y largo plazo- que permita la puesta en marcha de una estrategia para proteger a los menores de edad en el entorno digital y que culminará con la Ley Integral de Entornos Digitales Seguros para la Infancia y Adolescencia.