El Gobierno prepara una fortísima subida del 40% de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes milmillonarios de desmantelar todos los reactores y gestionar sus residuos radiactivos en siete cementerios nucleares. Las compañías propietarias de las centrales nucleares –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– empezaron a maniobrar para tratar de aplazar la tramitación de la subida y de momento han ganado un poco de tiempo.
Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las grandes eléctricas y la industria nuclear del país, había pedido formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica toda la información financiera y económica que ha utilizado para determinar esa fuerte subida (muy por encima del 25% que el sector temía y que ya veía como una amenaza para su viabilidad) y también pidió al Gobierno que prolongara el plazo para la presentación de alegaciones a la propuesta de real decreto, que expiraba el próximo viernes, 2 de febrero.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha accedido a las peticiones de las grandes eléctricas. El Gobierno hizo llegar a las compañías el pasado jueves la memoria económica completa que justifica los cálculos para proponer la subida del 40% de las tasas a las nucleares y también ha ampliado el plazo de que dispone la patronal para presentar sus alegaciones y propuestas hasta finales de mes próximo, al menos hasta el 26 de febrero, según confirman varias fuentes conocedoras de la situación a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica.
Foro Nuclear había solicitado específicamente a Transición Ecológica paralizar el periodo para la presentación de alegaciones hasta disponer de toda esa información financiera detallada y prorrogar los plazos una vez cuente con todos esos datos, lo que provocaría un aplazamiento de la puesta en marcha de la subida, y así ganar tiempo para negociar otras alternativas que no les supongan una carga adicional millonaria en los costes operativos de sus plantas nucleares. La prórroga habilitada por el Gobierno sólo es aplicable a los actores interesados que habían pedido específicamente más tiempo, pero se mantiene la fecha límite del 2 de febrero de alegaciones para el resto.
Una carga extra de 180 M al año
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El Ejecutivo ha activado el proceso para aprobar una subida de la tasa que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39,6% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente. Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas.
En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.400 millones acumulados.
La subida propuesta ahora por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los abonos actuales. Un fortísimo incremento que amenaza con provocar un choque directo entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose ya de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica.
Foro Nuclear admite que las centrales nucleares actualmente son rentables por la subida de los precios de la electricidad. Un antiguo informe financiero encargado a la consultora PWC por las compañías nucleares establecía que su umbral de rentabilidad se alcanzaba de media con un precio eléctrico en el entorno de los 60 euros por megavatio hora (MWh). En los últimos años toda la producción de las centrales nucleares ha sido vendida por las grandes eléctricas a un precio de 65 euros, según fuentes del sector.
Las compañías del sector nuclear han venido quejándose en los últimos años de sus problemas de rentabilidad por las cargas fiscales y de prestaciones patrimoniales que asumen las centrales, con un coste de unos 25 euros por MWh de electricidad producido (que con la subida de la tasa que ahora se propone escalaría hasta los 28 euros por MWh). Entre sus reclamaciones habituales a las Administraciones figura una rebaja de sus obligaciones fiscales, y más recientemente también la aplicación de alguna fórmula que garantice una rentabilidad razonable a las plantas.
El plan nuclear del Gobierno
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La subida de la tasa que prepara el Gobierno es consecuencia del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros y que se erige en la nueva hoja de ruta para las próximas décadas para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, para la gestión de los residuos que dejan y para fijar el coste milmillonario de todo ello y cómo financiarlo.
La versión definitiva del nuevo PGRR confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total (un calendario pactado por las eléctricas y Enresa en 2019); contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas; la futura construcción de un enorme almacén definitivo para el año 2073; y calcula una factura total con un sobrecoste de más de 3.700 millones de euros frente a versiones anteriores del programa.
Las compañías del sector nuclear se han rebelado contra el nuevo plan y se quejan abiertamente contra todos estos aspectos. La patronal Foro Nuclear defiende abiertamente mantener en funcionamiento las centrales nucleares y retrasar los cierres previstos y rechaza que el sobrecoste milmillonario sea financiado por las propias compañías eléctricas a través de la tasa que pagan por la producción eléctrica de las centrales, dado que es consecuencia de la falta de consenso institucional sobre dónde ubicar un almacén centralizado (ninguna comunidad autónoma quiere acogerlo) y la decisión del Ejecutivo de paralizar el proyecto de un único silo en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Según el nuevo cuadro actualizado de inversiones totales del séptimo PGRR ahora aprobado, el coste de todo el programa de gestión de residuos radiactivos (desde 1985 hasta el año 2100) con la construcción de los siete almacenes ascenderá a casi 28.156 millones de euros. La última versión provisional del plan hecha pública el año pasado preveía que las inversiones de todo el plan sería 24.436 millones si se construía solo un ATC (3.720 millones menos) y de 26.560 millones con la opción de los siete ATD (1.595 millones de diferencia en poco más de un año por efecto de la inflación y por algunos costes revisados al alza).
La nueva hoja de ruta augura que los que costes que aún quedan por pagar hasta final de este siglo ascenderán a casi 20.220 millones de euros. Durante la tramitación administrativa del Plan General de Residuos Radiactivos, las grandes eléctricas llegaron a proponer que los sobrecostes previstos en la nueva hoja de ruta no recayeran sobre las compañías sino que se considerara un coste más del sistema eléctrico y, consiguientemente, se cargara en la factura de electricidad a todos los consumidores.
Quien contamina paga
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Bajo el precepto de ‘quién contamina paga’, las inversiones milmillonarias del plan gubernamental deberán ser cubiertas con las tasas que abonan las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las propias plantas. La prestación patrimonial que pagan las centrales nucleares, en cualquier caso, no es una figura tributaria, sino que se trata de un coste operativo más de las propias plantas (el de asumir los gastos de gestionar los residuos nucleares que generan) y que se articula a través de Enresa.
En otros países las compañías energéticas asumen provisiones milmillonarias para encargarse directamente de la gestión de sus residuos tras el cierre de sus reactores, el modelo español implica que una sociedad estatal asume los trabajos de desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos y también el riesgo de acometer esos trabajos.
El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El protocolo firmado por Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y la sociedad pública Enresa contempla clausuras graduales de los siete reactores españoles y establece que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo en 2035. Las compañías nucleares asumen que cambiar esas fechas requeriría pactar un nuevo protocolo para plantear un nuevo camino y nuevos plazos hacia el apagón nuclear.