El salario de tres millones de empleados públicos subirá un 0,5% adicional con efecto retroactivo a 1 de enero del 2023. Hace año y medio el Gobierno pactó con los sindicatos un plan de incrementos retributivos asociado a una serie de variables. Una de ellas era la inflación, que si superaba determinado nivel en 2023 implicaría un aumento de 0,5 puntos. Y la otra era el PIB, que de la misma manera si subía por encima de un determinado ritmo también obligaría al Ejecutivo a dar otro 0,5% a sus empleados. Y este este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos del PIB del 2023, que confirman dicho incremento.
La economía española cumplió con las expectativas que se marcaron en octubre del 2022 el Gobierno y dos de los tres sindicatos más representativos en la función pública y los funcionarios se beneficiarán de ello. El acuerdo contemplaba que las nóminas subirían un poco más si la economía crecía como mínimo al mismo nivel que había pronosticado el Gobierno en sus cuentas públicas y el INE ha confirmado que así ha sido.
Finalmente, cumplidas todas las variables, el salario de los empleados públicos habrá subido un 3,5% en 2023; al mismo nivel que el IPC medio del 2023 o que el salario medio pactado en convenios colectivos en el sector privado, aunque y sensiblemente por debajo que las pensiones, que se revalorizaron un 8,5% debido a la fuerte inflación del año precedente.
No obstante, cuándo se materializará dicho incremento todavía no está claro y es que los empleados públicos están todavía a expensas de que se les aplique la revalorización salarial pactada para este 2024, del 2%. Ante la falta, por el momento, de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y dado que el Consejo de Ministros no ha dado luz verde a ningún real decreto que lo compense, los sueldos en la función pública han arrancado el ejercicio congelados.
Pendientes de los nuevos Presupuestos
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Dirigentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por José Luis Escrivá, se reunieron la semana pasada con las centrales. En dicho encuentro les remitieron que su intención es abonar la revalorización de este año, ese 2%, cuando se aprueben las nuevas cuentas públicas y de manera retroactiva a 1 de enero.
La cuestión es que todavía no está claro cuándo pasará eso, dado, entre otros, los complicados equilibrios parlamentarios que deberá hacer el Ejecutivo de coalición. Y la intención de Función Pública, según remiten esas mismas fuentes sindicales consultadas, es abonar también el incremento adicional del 0,5% cuando se tengan nuevos presupuestos. Lo que inquieta a CCOO y UGT, los sindicatos firmantes del acuerdo, que presionan al Ejecutivo para que acelere el cumplimiento de sus compromisos y le instan a activar “las fórmulas legislativas necesarias sin esperar a la aprobación de la ley de PGE”, según han manifestado en un comunicado conjunto.
Que a nivel estatal no se desencalle esta cuestión afecta a todos los ramos de la administración. Los más de 200.000 empleados públicos vinculados a la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, están a expensas de que en Madrid se dé el ‘ok’ para reclamarle lo propio al Govern de Pere Aragonès. Y en los ayuntamientos y entidades municipales sucede lo mismo.
El departamento liderado por José Luis Escrivá tiene pendiente dar cumplimiento a estos compromisos pendientes y empezar a abordar la nueva hoja de ruta sobre cómo evolucionarán los sueldos públicos a futuro. El sindicato Csif, fuerte en la Administración General del Estado, ha instado al ministro a abrir ya las negociaciones para un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo de “más del 20% [que acumulan los empleados públicos] since the 2010 pay cut, with the president José Luis Rodríguez Zapatero“, as stated in a recent statement.
Este miércoles está previsto que el ministro Escrivá comparezca en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su agenda legislativa en materia funcionarial para la presente legislatura, en la que es posible que avance detalles a estos respectos.