Las familias desalojadas del agrietado edificio del número 9 de la calle Pirineus de Santa Coloma de Gramenet deberán pagar unos 2.000 euros de media en concepto de gastos por apuntalamiento de la finca.
La citada cuantía queda detallada en una carta a la que ha podido acceder EL PERIÓDICO y que el administrador de fincas, la inmobiliaria Finques Rubio, ha enviado a cada una de las 31 viviendas que integran el maltrecho edificio con aluminosis y falta de mantenimiento. En total, son 89 los vecinos que fueron evacuados a finales de febrero en la frontera que separa los colomenses barrios del Raval y Santa Rosa.
Además del gasto total por vivienda, que fluctúa entre los 900 € (el piso que menos paga) y los 2.910 € (el que paga más, ya que contempla vivienda y local), la misiva data las tres derramas en las que, como máximo, los propietarios deben sufragar el abono, la primera de las cuales es del pasado 7 de marzo. Las siguientes fechas son el 10 de abril y el 10 de mayo de este mismo 2024.
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Diversos vecinos consultados confirman que ya han empezado a retribuir los gastos por apuntalamiento, que entre todas las viviendas ascienden a 60.000 euros. Esas mismas fuentes vecinales explican que la mayoría de propietarios procederán al desembolso en un pago único o dos fraccionamientos a lo sumo.
En cuanto al pago “subsidiario” del coste anunciado por el Ayuntamiento de Santa Coloma, fuentes conocedoras del caso de primera mano y vecinos afectados aclaran que la administración local únicamente adelantará los fondos en los casos de familias que justifiquen no poder pagarlos a corto plazo. Las familias, no obstante, deberán devolver en cuanto les sea posible la cuantía que la administración local les avance en primera instancia.
El consistorio, por su parte, asegura que “ya ha iniciado las reuniones con la comunidad de propietarios de la calle Pirineus para gestionar adecuadamente los gastos de apuntalamiento de las viviendas”. De hecho, este martes 12 de marzo han comenzado las atenciones en el Servei d’Informació de Deutes Hipotecaris (SIDH) que presta la Diputación de Barcelona en la Oficina Local d’Habitatge ubicada en Gramepark, la empresa pública de vivienda de Santa Coloma.
Una “situación insostenible”
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Los gastos que los propietaros de Santa Coloma asumen como derrama extraordinaria corresponden a la factura de 60.000 euros relativa a los honorarios del arquitecto técnico y la empresa constructora del edificio desalojado que han tenido que estudiar y ejecutar el apuntalamiento del número 9 de la C/Pirineus.
En el citado comunicado a los propietarios, el administrador de las fincas explica que “después de intercambiar diferentes conversaciones con el Ayuntamiento, nadie nos comunica quién se hará cargo de la factura de 60.000 €”. Esta coyuntura es la que ha propiciado una “situación insostenible”, prosigue la misiva para justificar el cobro de la derrama a los propietarios.
Por último, el escrito que han recibido los propietarios de la C/Pirineus también abre la puerta a que, quienes no puedan sufragar ahora mismo el coste del apuntalamiento, lo pueden comunicar al administrador de fincas. Estos serán los casos que estudie el Ayuntamiento para, eventualmente, adelantar la cuota que en algún momento las familias deberían acabar abonando.
El contexto del desalojo de la C/Pirineus
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Los 89 vecinos fueron desalojados del número 9 de la C/Pirineus entre los días 28 y 29 del pasado mes de febrero tras la aparición de grietas en la estructura interna del inmueble. El primer apuntalamiento de una vivienda, de hecho, tuvo lugar casi un mes antes, el 1 de febrero. Ése fue el detonante para que un arquitecto visitara vivienda a vivienda, mayoritariamente habitadas por arrendatarios y con tres pisos del bloque ocupados.
Después de recibir un informe del arquitecto municipal que verificaba el peligro de derrumbe, el Ayuntamiento de Santa Coloma dictó el cese de habitabilidad de las viviendas y se procedió al desalojo de los residentes en las citadas fechas.
“Con la evacuación hemos evitado una posible desgracia. Ahora mismo, nuestra prioridad es salvaguardar a los vecinos afectados, de manera que ya se han activado los recursos asistenciales de que dispone el Gobierno local”, declaró en aquel momento la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon (PSC).
Desde entonces, las familias evacuadas han sido realojadas en viviendas que el Ayuntamiento de Santa Coloma tiene contratadas para casos de emergencia habitacional o en el Centre d’Urgències i Emergències de Barcelona (CUESB). El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) también aprobó una subvención de 400.000 euros para cubrir gastos de atención a las personas en situación de emergencia social a raíz del desalojo de la calle Pirineus.
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