The State Attorney General, Álvaro García Ortiz, has left in the hands of the board of the first Criminal section of the Supreme Court the decision to inform the Admission Chamber of said court about the request of Judge Manuel García-Castellón (exhibition reasoned) to charge MEP Carles Puigdemont with an alleged crime of terrorism in the Tsunami Democràtic case. As EL PERIÓDICO has learned, the meeting of prosecutors who make up the first criminal section will deliberate on Tuesday, February 6, starting at 10:00 a.m. on Fortuny Street, 4, Madrid, on the basis of a presentation commissioned from prosecutor Álvaro Redondo and will vote on the report.
Therefore, it will not be the four exclusive prosecutors – or any of them – who brought the accusation in the ‘procés’ trial, nor the lieutenant prosecutor of the Supreme Court, Ángeles Sánchez, who will report. But three of them – Fidel Cadena, Consuelo Madrigal and Javier Zaragoza – make up the first section, which has 13 prosecutors. It is chaired by Cadena and the court prosecutor Javier Sánchez-Covisa.
Since last week, the prosecutors have, as confirmed by this newspaper, the two basic pieces of the deliberation and voting: Judge García-Castellón’s 101-page presentation submitted to the Supreme Court on November 21, 2023 and an extensive draft of Prosecutor Redondo’s presentation.
Por tanto, los informes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contrarios a la calificación de la causa del Tsunami Democràtic -manifestaciones y corte de carreteras en 2019 en protesta contra la sentencia del ‘procés’- como delito de terrorismo y a la participación de Puigdemont en el liderazgo de dicho movimiento no formarán, en principio, parte del debate.
El último escrito del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha sido elevado el pasado miércoles, en el que define lo que entiende como inexactitudes e incongruencias de la exposición de García-Castellón (mezcla del caso de los CDR o Comitès de Defensa de la República, con el caso Tsunami)
La Fiscalía sigue sin entender por qué el juez tuvo que presentar con prisa su exposición cuando no hay hechos en una causa que data de 2019. Máxime cuando el recurso del fiscal ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional todavía está pendiente de resolución. El informe, pues, será debatido el martes en la junta de fiscales y elevado a la Sala de Admisión de la exposición que preside el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Redondo, contra la amnistía
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Álvaro Redondo es un fiscal miembro de la conservadora Asociación de Fiscales. Como suele decir “hay tendencias políticas en la judicatura, pero el juez antes de tener una orientación política es juez. El juez tiene una orientación que toda persona tiene que tener. Toda persona vive en un entorno, lee una prensa, comenta con los amigos, tiene una ideología. No podemos apartarla”.
Redondo, por ejemplo, ha escrito contra la viabilidad constitucional de una ley de amnistía. Según estima “respetando la posición política que cada sector de opinión prefiera asumir, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía, salvo la actualmente vigente de 1977. Sería necesaria una reforma constitucional reforzada, con la aprobación de la misma por dos tercios de ambas cámaras, en dos sucesivas legislaturas, y aprobación por referéndum de tal acuerdo, para que la referida ley fuera constitucionalmente viable, al afectar la reforma al título segundo de la Constitución”.
La Sala de Admisión puede hacer caso o no del informe de los fiscales del Supremo. Hay ejemplos en el sentido de que el informe del fiscal no ha impedido iniciar diligencias para imputar a un aforado. Algunos casos en los que participan dos protagonistas en el Tsunami Democràtic fueron el de Baltasar Garzón, investigado en 2012 por delitos prevaricación y de cohecho. Una investigación que llevó adelante Marchena, con la oposición de Cadena, caso que finalmente archivado.
El otro es el de la jueza y diputada María Victoria Rosell, contra la cual el Supremo admitía una querella en 2016 del entonces ministro José María Soria por Marchena y otros cuatro magistrados. Fue también archivada con uno de los “testigos de cargo” contra ella y a favor de Soria, el juez Salvador Alba, condenado más tarde por prevaricación, cohecho y falsedad a pena de 6 años y medio de prisión. También en este caso, el fiscal Cadena informó en contra de la admisión a trámite. Según se disculpó Marchena ante Rosell en un encuentro, años después, en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le “habían engañado”.
En el caso de Rosell quien llevó la instrucción en el Supremo fue el magistrado Juan Ramón Berdugo. También en la exposición razonada sobre Puigdemont y el terrorismo Berdugo -que fue magistrado en el tribunal del ‘procés’ – ha sido nombrado instructor.
La Sala de Admisión, caso de admitir la exposición razonada del juez García Castellón, pasará la investigación dirigida a comprobar la calificación y los indicios contra el eurodiputado Puigdemont a Berdugo quien tendrá que realizar múltiples diligencias y en todo caso abrir la personación a quienes así lo soliciten. Un procedimiento que puede durar varios meses hasta resolver si, finalmente, se eleva al Parlamento Europeo un suplicatorio (permiso) para proceder contra Puigdemont. Habrá que ver si para entonces el ‘expresident’ de la Generalitat vuelve a obtener, caso de presentarse por Junts per Catalunya a las elecciones de junio, un escaño.
Fuentes judiciales consultadas apuntan que con los “indicios presentados a toda prisa y corriendo por García Castellón después de tener congelada la pieza Tsunami durante cuatro largos años y sin hechos nuevos difícilmente se lanzaría el Supremo a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo cuando durante largos años de escritos y suplicatorios el tema del terrorismo ha brillado por su ausencia”. Pero otros juristas enmarcan la decisión en el ambiente antiamnistía del Estado Judicial español.
“Como se trata de abrir el curso a diligencias por parte del instructor no cabe descartar que la Sala Segunda quiera mantener esa espada de Damocles. Puede hacerlo de dos maneras: una devolviendo la exposición a García Castellón -cosa que hizo en el caso DINA con Pablo Iglesias para que siguiese indagando en el estrafalario caso de una tarjeta de teléfono dañada- pero también puede hacerlo admitiendo la exposición razonada y descargar en el magistrado Berdugo las diligencias que llevarán su tiempo”, señala otra fuente consultada.
El martes próximo se conocerá, pues, la posición de la Fiscalía del Supremo y si actúa en coincidencia o no con la beligerante conducta -contraria al delito de terrorismo y a la imputación de Puigdemont con los indicios disponibles- de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Como señala un fiscal no sin una pizca de humor: “Permaneceremos atentos a las pantallas, como nos aconsejaba la televisión de Franco cuando yo era niño”.