Cuando se habla de amnistía, el nombre más recurrente al que se vincula es al de Carles Puigdemont y su posible regreso a Catalunya. También a los de otros líderes del ‘procés’ en el extranjero como Marta Rovira, Ruben Wagensberg (Suiza), Toni Comín y Lluís Puig (Bélgica) u otros políticos inhabilitados como Oriol Junqueras. Sin embargo, cuando la ley entre en vigor, otro potencial gran beneficiado será el propio Govern de la Generalitat.
Aunque haya pasado bastante desapercibido para el radar de la opinión pública, hay tres conselleres amenazadas con una posible inhabilitación que, si se confirma, les obligaría a dejar el Govern. O lo que es lo mismo, forzaría al president Pere Aragonès a hacer una remodelación de su ejecutivo a pocos meses de las elecciones. La amnistía, por lo tanto, también puede convertirse un balón de oxígeno para Meritxell Serret (Acció Exterior), Tània Verge (Igualtat i Feminismes) y Natàlia Garriga (Cultura) y, en consecuencia, para el ejecutivo catalán.
El problema es que la ley no entrará en vigor, según calculan los más optimistas, hasta mediados de mayo cuando supere todo el trámite en el Congreso y el veto del Senado. Esto deja a las tres conselleres en falso, sobre todo, a Serret. La titular de Acció Exterior es la que se encuentra en una situación más comprometida. Condenada en abril de 2023 a un año de inhabilitación por desobediencia por su papel en el referéndum del 1-O, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que está pendiente de resolverse. Ese es el último peldaño que le separa de tener que dejar el Govern: cuando el alto tribunal se pronuncie, la inhabilitación será firme y su salida del Consell Executiu no tendrá marcha atrás. ¿Cuándo la hará? Nadie lo sabe.
Esta incertidumbre también es uno de los motivos que ha llevado al president Aragonès a presionar, desde hace meses, para que ERC, Junts y el PSOE llegaran a un acuerdo para la amnistía. Un acuerdo que parecía cerrado en enero, pero que se demoró hasta marzo, lo que molestó a Esquerra. “Hace dos meses ya teníamos una ley sólida y robusta que cubría a todas las personas represaliadas”, se lamenta una voz autorizada de ERC. Este retraso ha añadido complicaciones, también en la situación de las tres conselleres. “Si ya tuviéramos amnistía, todo esto ya se habría solucionado”, lamentan desde el Palau de la Generalitat.
Juicio a la vista
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A diferencia de Serret, las conselleres Garriga y Verge están en una situación algo mejor para ahorrarse una inhabilitación y, por lo tanto, esquivar su salida del Govern. Sin embargo, la titular de Cultura lo tendrá difícil para sortear su juicio por desobediencia. Está previsto que empiece el 10 de abril y que se alargue hasta el 23 de mayo y se sentará en el banquillo de los acusados al lado de Josep María Jové y Lluís Salvadó por su papel en el 1-O. Uno de los motivos para los que ERC quería tener lista la ley cuanto antes era intentar evitar este juicio y difícilmente lo logrará.
The Minister of Culture of the Generalitat, Natàlia Garriga / GENERALITAT DE CATALUNYA
Finalmente, la situación de Verge es la más excepcional. En abril de 2021 fue exonerada de desobediencia por un juez por su papel como síndica electoral del 1-O, pero la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó repetir el juicio. Ella presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Desde entonces, nadie tiene noticias ni del TC ni de la repetición del juicio. Desde el Palau de la Generalitat tienen confianza en que, con la amnistía, decaiga todo.
Pocas crisis de Govern
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Tras las turbulencias recurrentes del Govern tripartito (2003-2010), la Esquerra Republicana de Oriol Junqueras siempre ha sido un partido reacio a emprender cambios en el Govern. Los republicanos creen que es un síntoma de debilidad que es preferible ahorrarse siempre que se pueda. Desde que volvieron al Govern en 2016, solo han hecho tres remodelaciones de consellers republicanos: en 2018, cuando Ernest Maragall se fue de candidato a Barcelona; en 2019, cuando Alfred Bosch dimitió por un caso de acoso en su conselleria, y en 2023, cuando Aragonès cambió a tres consellers para intentar un revulsivo electoral de cara a las generales. La última, muy quirúrgica, solo sirvió para ascender a Laura Vilagrà como vicepresidenta y para situar a Sergi Sabrià como viceconseller. Ahora, el president preferiría tener que ahorrarse nuevos cambios.