Los pertrechos de mascarillas en la Guardia Civil y la Policía amenazaban con agotarse en unos días. Cada agente debía estirar la duración de su mascarilla más allá de lo aconsejable. Los sindicatos denunciaban a la Inspección de Trabajo el peligro de contagio que corrían los policías. En las cárceles, aún más tensión: sin mascarillas en recintos cerrados y densamente habitados, donde la propagación del virus podía ser fulminante, los funcionarios de seguridad penitenciaria advertían del nerviosismo de los presos y preveían motines. Si había un ministerio especialmente afectado en el marzo del covid, ese era Interior. En ese contexto, el ministro Ábalos dijo: “Koldo tiene un contacto…”
Policías y guardias eran de los pocos servidores públicos que salían a la calle, precisamente para evitar que el personal no esencial lo hiciera. Y Koldo tenía un contacto, uno con el que ya había negociado antes, en dos compras millonarias para el ministerio de Transportes. Koldo tenía un contacto y, supuestamente, un socio con el que repartirse la ganancia de vender mascarillas… a 3 euros y 27 céntimos cada una.
La investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por presunto cobro de comisiones en la venta de mascarillas a organismos del Estado alcanza la operación en que Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos, medió con la firma zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para suministrar a Interior. Y es por esa extensión de la trama por lo que este miércoles se personaron agentes de la Guardia Civil en la sede madrileña del ministerio a preguntar como testigos a los dos cargos de Interior que intervinieron en la compra: el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de Coordinación y Estudios, el comisario José Antonio Rodríguez.
El documento
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Un contrato, de solo dos pàginas, está en el centro de esta parte de la investigación. Lo firmaron el 26 de abril de 2020 el secretario de Estado y el empresario José Ángel Escorial Senante, uno de los investigados en la trama. La firma se completó a las once de la noche y de forma telemática, pues no estaban entonces habilitadas las reuniones presenciales, sino el confinamiento y el estado de alarma.
La claúsula segunda del acuerdo es el centro de atención. En aquella situación de carencia en toda España, Escorial imponía un precio muy alto: “Mascarillas FFP2 o equivalentes. Suministro de 1.065.000 unidades, por importe máximo, incluido IVA de 3.479.355 euros (3,27 euros unidad)”, dice el literal del acuerdo. Hoy, un paquete de 25 mascarillas de ese tipo, e igualmente importadas de China, se vende en España por 4,75 euros.
Contract of the Ministry of the Interior with the businessman who Koldo García recommended to buy masks / El Periódico
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Con el mercado de material sanitario convertido en una jungla, el texto del acuerdo hacía una salvedad: “El presente contrato, dadas las características del suministro, afectado por numerosas peticiones a nivel mundial y con escasez de suministradores, puede verse afectado de forma directa a los precios de mercado, pudiendo estar sujeto a revisión de precios”.
El precio, con ser tan abusivo como tantos con que se operaba en una buitrera de intermediarios, pasó controles posteriores del Tribunal de Cuentas. Lo que investiga la Fiscalía no es tanto el coste como qué se hizo con el beneficio, y cuánto de ese dinero público se lo embolsó Koldo García en forma de comisión.
Compra centralizada
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En la instrucción que realiza el Juzgado Central de Instrucción II de la Audiencia Nacional quizá quede escrito que parte de aquel sobreprecio salvaje no era tanto por la tensión del mercado como por inflar para mordidas.
Fuentes de Interior señalan que aquel precio no era más elevado que el que pedían otras empresas a los organismos púiblicos en marzo, abril y mayo de 2020.
Con toda la población española confinada, en la primavera de aquel año los ministerios de Sanidad, Defensa, Inteiror y Transportes eran los que con más angustiosa premura precisaban material de protección. En solo quince días, la Secretaría de Estado de Seguridad tuvo que variar su previsión de gasto inicial en mascarillas: el 30 de marzo, una resolución de Rafael Pérez declaró de emergencia la contratación de suministros de equipos de protección individual con previsión de gasto de tres millones de euros; el 13 de abril tuvo que ampliar la resolución para una disposición de 4.674.000. En 14 días, 1,6 millones de euros de subida.
Koldo García logró meter a su recomendado en un ministerio que entonces trataba de guardar un difícil equilibrio entre policías, guardias civiles y trabajadores penitenciarios, “de manera que un cuerpo no pudiera quejarse de que se le dotaba menos que a otro”, relata un directivo ministerial. Esa fue la razón por la que aquella compra millonaria se centralizara en el Gabinete de Coordinación y Estudios.
Al director de ese eslabón de Interior, el comisario José Antonio Rodríguez, le preguntó la Guardia Civil este miércoles en la visita más insólita que ha registrado el Ministerio en los últimos años.
El 16 de abril, diez días antes de la firma del contrato de Interior con el supuesto socio de Koldo García, el subdirector general de Planificación del Ministerio del Interior, Daniel Belmar, emitió una memoria justificativa para el aumento de previsión de gasto. “No ha sido posible atentder las necesidades derivadas con los actuales medios”, decía resumiendo.eufemísticamente la tensión reinante.
La situación fue a peor. El 4 mayo de 2020, el pliego de condiciones de un plan de compra por Interior de 11,7 millones de mascarillas quirúrgicas y 630.000 FFP2 previó precios de 50 céntimos cada mascarilla simple y a cuatro euros cada FFP2. Interior iba a tener que gastarse entre 11,8 y 14,3 millones de euros en mascarillas.
Esta vez la trama de Koldo no pudo acceder al contrato, al que se presentaban numerosos contiendientes: el ministerio desistió de la compra dos meses después.