Either all Moors, or all Christians. The taxi, in its battle against VTC, alternates defense with attack, and now it is the turn of a new offense. The union will demand that Parliament establish a credential for drivers of companies like Cabify, Bolt or Uber, that includes minimal training. That is to say, regardless of the administrative license, the drivers, as taxi drivers do, have to face some kind of exam. And also, that prove a minimum level of Catalan. Thus, both could wield sufficient knowledge of the city and a proper use of language of the place.
Obtaining the taxi driver’s license It’s no bed of roses. The data corroborates this, with only 38.2% passing in the last decade. Between the beginning of 2013 and the end of 2022, a total of 21,838 people (about 90% were men) attempted to pass the exam, but only 8,334 passed it, which means that 13,504 were left without the credential. In order to apply, applicants must prove at least one year of driving license driving B or higher. They must also obtain a psychophysical report type 2, which is not an excessive filter but is something, and present, pristine, of course, the certificate of crimes of a sexual nature. Finally, they must prove level B1 of Catalan.
Para ser conductor de VTC, a día de hoy, basta con tener el carnet de conducir, aunque algunas empresas requieren un mínimo de años de carnet y un mínimo de puntos. Es el caso de Vecttor, filial de Cabify, que exige ocho puntos y dos años de carnet. Es decir, que prácticamente cualquier persona con licencia podría aplicar hoy mismo para formar parte de la plantilla de una de las plataformas de VTC, o para explotar, como asalariado, la licencia adquirida por algún autónomo.
El marco legal
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La base legal ya la tienen. El decreto aprobado a mediados de 2022 por el Govern de ‘medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor’, dice lo siguiente en su artículo 4 sobre condiciones para la concesión de las autorizaciones de ámbito urbano: “Que las personas conductoras estén en posesión del permiso de conducir de la clase B o superior, con al menos dos años de antigüedad, sin perjuicio de que las administraciones locales puedan exigir, cuando estén fijadas, condiciones formativas específicas adecuadas al ámbito territorial”. O sea, que el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ya podría haber introducido, a pesar de lo ambiguo del redactado, algún nuevo requisito a los conductores de VTC.
Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi, explica que la semana que viene han pedido cita con todos los grupos parlamentarios en la Ciutadella. “Las VTC no llevan paquetes; llevan personas”, resume este combativo pasan el cepillo en su propia parroquia, también pedirán a los políticos que los taxistas tengan que acreditar el nivel de catalán B2. “Si ahora nos consideran un servicio económico de interés general, no puede ser que a los funcionarios se les exija más que a nosotros”, añade.
Colectivo “proactivo”
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Luis Berbel, presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya (Stac), se expresa en término muy similares: “El examen para las VTC es adecuado. Son conductores que atienden a la sociedad con un servicio público, así que tienen que poder demostrar unos mínimos conocimientos para ofrecer un servicio de calidad”.
Por parte de la patronal VTC Gran Turisme, que agrupa las licencias de toda la vida, las que existían antes de la irrupción de Uber, su portavoz Romà Llort, explica que sus asociados “cumplen sobradamente en cuanto al nivel de idiomas y conocimiento del territorio”, elementos, asegura, que han integrado “en la selección de los asalariados“. A pesar de ello, prosigue, apoyan “cualquier mejora en el sector”. “Somos proactivos en elevar el nivel”, concluye.
Álvarez espera que todo esto quede recogido en la nueva ley de transporte de vehículos de hasta nueve plazas, que empezó a discutirse con todos los sectores implicados en el último trimestre de 2023. La normativa abordará por separado a los taxistas, las VTC clásicas (denominadas ‘gran turismo’, las de bodas, funerales, ferias y eventos) las VTC de plataforma (Uber, Cabify, Bolt…) y las empresas de intermediación (como Free Now). Los taxistas quieren que la ley incorpore la formación obligatoria para los conductores de VTC. Y también el B2 de catalán para ellos. Todo debería desempatarse en algún momento de este trimestre. O al menos así lo anunció Territori, que tiene el reto, no solo de actualizar una ley de 2003, sino de poner orden en una pelea de gallos y que luego no empiecen a salir fisuras legales.