Pedro Sánchez, with a serious face, last Tuesday in Congress after Junts’ rejection of the amnesty. / JOSÉ LUIS ROCA
Más allá de las simpatías políticas que uno tenga y de sus preferencias partidistas, el más mínimo sentido de la responsabilidad, sobre todo institucional, obliga a detener la deriva que ha tomado el tema de la amnistía, su tramitación parlamentaria y su impacto en las investigaciones judiciales en marcha. Deberíamos ser capaces de distinguir entre la voluntad de conquistar el poder o de derrocar a quien lo tiene y la institucionalidad. Si ya es un sapo aceptar la tramitación de una ley de amnistía a cambio de los votos de una investidura, resulta directamente inaceptable que se vayan negociando en el Congreso enmiendas a ese proyecto que traten de responder a las investigaciones en marcha de los jueces o que incluso se planteen reformas de otras normas, como sería el caso de redefinir el delito de terrorismo en el Código Penal o de cambiar los plazos de la ley de enjuiciamiento criminal. Si el Gobierno piensa que los jueces están prevaricando, como lo piensan sus socios de investidura, el camino es otro, pero nunca puede ser el de la legislación ‘ad casum” y mucho menos ‘ad personam’. El daño a las instituciones es incluso superior al que algunos consideran que inflige la amnistía a la unidad del Estado. El último espectáculo de ver a la fiscalía cambiando sus informes sobre la causa del Tsunami y al mismo fiscal general tratando de desmentirlo es más que bochornoso.
Todo indica que las negociaciones sobre la ley de amnistía entre el PSOE y el independentismo, fundamentalmente Junts, se pausarán mientras dure la campaña electoral en Galicia. Les conviene a ambas partes, a Sánchez para poder presentarse ante los electores como alguien de firme criterio, aunque lo cambie a menudo, y a Puigdemont para acercar a la votación final de la ley a la campaña de las elecciones europeas en las que aspira a ser candidato, con o sin amnistía. No nos vengan, pues, esgrimiendo grandes conceptos morales como la «normalización» de Catalunya o la necesidad de no dejar atrás a ningún amnistiado, según proclaman sus voceros. Lo que les guía es el más puro y legítimo interés electoral. Pero nada más.
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Pasada la campaña, el Gobierno, y especialmente el PSOE, debe plantearse qué tipo de relación pretende tener con Junts. Una cosa es pactar con ellos y la otra, quedar enredado en su espiral de contradicciones entre la supuesta defensa de Catalunya, su batalla electoral con Esquerra y el PSC de cara a los comicios catalanes, su batalla interna con Laura Borràs y su miedo a una cuarta lista electoral independentista. Ceder, como se hizo en el caso de las enmiendas de la ley de amnistía o cambiar el voto a los decretos por unas supuestas competencias en inmigración no hace más que incentivar la puja de Junts que, además, gana foco mediático en cada batalla. Y la propia Junts debería también reflexionar. La firmeza negociadora no puede poner en el disparadero al conjunto de los catalanes a los que dicen querer representar mejor que nadie. La imagen en el resto de España no hace más que empeorar, más incluso que durante el ‘procés’, por la inestabilidad permanente que transmite y por la confusión entre el interés partidista y el interés general. Seguir en esta espiral no le conviene a las instituciones y no le conviene a nadie. Incluso diríamos que tampoco al PP y a los pactos con Junts a los que pudiera aspirar en el futuro.