El debate monográfico sobre la sequía que se ha celebrado este martes en el Parlament se cerrará el jueves con la votación de las propuestas de resolución con las que los partidos de la oposición quieren condicionar las políticas de agua del Govern. Ese día, la Cámara se pronunciará sobre varias cuestiones relevantes como, por ejemplo, si el hemiciclo concreta que debe vetarse el trasvase del Ebro o, en cambio, si debe dejarse abierta la puerta abierta a llevar agua a Barcelona por esta vía. El proyecto del casino de Hard Rock, epicentro de la negociación de los presupuestos de 2024, también estará sometido a la opinión de los grupos por su potencial consumo intensivo de agua, pero también estará en discusión si el Executiu debe suavizar algunas restricciones como las que hay sobre la agricultura o las que impiden rellenar piscinas de uso recreativo. Estas son las propuestas clave de los grupos parlamentarios:
[–>ERC cree que hay que encauzar la solución a la crisis del agua con la aprobación de los presupuestos de 2024. Los republicanos valoran que son una herramienta “fundamental” para “poner al día” la gestión del ciclo del agua habilitando infraestructuras. Por otro lado, exigen al Gobierno central que cumpla con las inversiones comprometidas y exigen el traspaso de la CHE para que la gestione directamente Catalunya. Sin embargo, lejos de confirmar un apoyo presupuestario, el PSC denuncia la “inacción” del Govern en materia de acción climática y la “falta de previsión y mala gestión”.
Los Comuns, por su parte, proponen que el Executiu paralice los planes urbanísticos, como mínimo durante la sequía, que supongan movilizar recursos hídricos por encima de los 100 litros por persona y día. De aprobarse, esto sería un aval a paralizar el impulso del casino Hard Rock, al que este partido se opone con vehemencia y que está complicando la negociación de las cuentas catalanas. El partido que propone paralizar directamente este macroproyecto es la CUP.
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La CUP y los Comuns son los que plantean medidas más duras contra el sector turístico. Los anticapitalistas piden limitar las pernoctaciones, prohibir el riego de los campos de golf y acabar con la generación de nieve artificial. Además, también quieren que se hagan públicas “con urgencia” las estadísticas del consumo hídrico de los puertos de Barcelona y Tarragona, así como del aeropuerto de El Prat.
Los morados también plantean endurecer las restricciones de agua al turismo y que se publiquen los datos de consumo de agua de los hoteles por persona y día. Además, proponen medidas específicas como que los espacios hoteleros solo cambien las toallas en días alternos.
Por su parte, ERC pide aplicar el impuesto a los grandes barcos para contener su impacto medioambiental. Además, los republicanos reclaman al Gobierno que ejecute las inversiones para conectar el puerto de Barcelona y Tarragona, y el impulso al Corredor Mediterráneo.
Junts, por su parte, solicita que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) trabaje con la Agència Catalana del Turisme para “fomentar” el uso de agua de mar en los establecimientos turísticos y plantean la posibilidad de dar subvenciones a este sector, en caso de que sea la única alternativa, para que puedan usar y tratar el agua salina y evitar el cese de su actividad.
También el PSC reclama que los establecimientos turísticos puedan llenen las piscinas en municipios en que el consumo esté por debajo del umbral del plan de sequía. En los otros casos, piden que se opten por llenarlas con agua de mar tratada.
[–>El PSC reclama mantener el riego de mantenimiento de los campos de juego para el deporte, y permitir el uso de las duchas regulando un 25% el tiempo de uso en pulsador automático y rebajando un 0,5kg la presión. Junts también exige flexibilizaciones similares para los gimnasios, además de convocar en un plazo de 15 días una mesa para la emergencia con los sectores afectados por las actuales restricciones para analizar posibles “medidas alternativas” que ayuden a “minimizar el impacto negativo”. Además, solicitan que pague de forma urgente a los agricultores y ramaderos las ayudas pendientes.
ERC opta por asegurar un “uso racional y eficiente del agua” en actividades esenciales como el sector agrícola, un gesto dedicado a los agricultores en plena movilización. Los republicanos reclama eliminar las prohibiciones de implantación de placas fotovoltaicas en aparcamientos, patios o terrazas de suelo urbano e incluso que sea obligatorio fijarlas en los aparcamientos en suelo urbano de más de 1.000 metros cuadrados.
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El PSC exige que se cree un fondo de la sequía, con una aportación inicial de 50 millones, financiado entre otros con los recursos recaudados por los expedientes sancionadores, para proveer los ayuntamientos de todo lo necesario para el seguimiento y controles a los grandes consumidores y gastos derivados de la gestión de la sequía. Este fondo, opinan, también incluiría asesoramiento y validación de los planes de reducción que presenten las empresas, acompañamiento técnico y resolución de dudas. Además, exigen que se modifique el régimen sancionador para que no se pueda multar a los municipios que estén activando mecanismos para corregir el consumo o déficits de la red. Junts también pide reuniones periódicas con los ayuntamientos y agilizar el pago de ayudas y subvenciones a los entes locales para que puedan mejorar las infraestructuras y evitar fugas de agua.
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ERC lleva a votación que el hemiciclo rechace “cualquier nueva interconexión de redes entre cuencas hidrográficas”, especialmente el trasvase del Ebro. También se refieren a ello los Comuns, que quieren que el Parlament se pronuncie directamente a favor de “una nueva cultura del agua y en contra del trasvase del Ebro”.
La CUP, por su parte, va un paso más allá y quiere que la Cámara declare que el agua de cada río tiene que ser para “su propia cuenca”, lo que afectaría también el trasvase que se hace actualmente del río Ter para el consumo de Barcelona.
Junts y el PSC no se refieren a ello, pero los posconvergentes sí piden tener información sobre el transporte de agua de la desalinizadora de Sagunt pactado entre el Govern y el Gobierno. Quieren saber el coste y la cantidad de agua, y quieren que el Parlament reconozca que esta política “menoscaba la soberanía de Catalunya”.