Early in the morning of Sunday, February 11, while In two Spanish cathedrals preparations were made for the funerals of agents David Pérez and Miguel Ángel Gonzálezfour civil guards from the Cádiz Command had to chase a drug boat as best they could at the mouth of the Guadalquivir. At the same time, other guards in Chiclana saw the passage of three gliders bordering the beach.
Not even 48 hours after the double murder of Barbate, which has put Interior policy against drug trafficking in a bind, two other speedboats belonging to traffickers were discovered in a channel of the Guadalquivir. On this occasion, a large patrol boat from the Civil Guard approached and He brought down two zodiacs with his guards to board the traffickers’ boats. The same order and the same provision of resources as that which proved tragically insufficient on the night of February 9.
Reaparecían los mafiosos con la misma apariencia de impunidad, ajenos a la conmoción que ha causado en todo el país su violencia en Barbate. “En realidad algunos no es que volvieran; es que no se habían ido”, explica un guardia destinado no lejos de las playas de Sanlúcar, el término donde, de buena mañana, tras una de las negras embarcaciones venidas del otro lado del Estrecho volaba un helicóptero a pocos metros del agua y en la arena corría ululando un pequeño suv de la Guardia Civil.
Precedentes
[–>
Dice la misma fuente que, hace meses, en un caño de Sancti Petri, un piloto narco lanzó también su barcaza a toda velocidad contra los guardias, pero no hubo daños personales y el hecho pasó sin trascender de los informes de patrulla. Esa escena se estaba volviendo habitual.
Para nadie es nuevo a estas alturas que el Estado y las mafias se disputan el espacio en la provincia de Cádiz. Como tampoco es nuevo para las autoridades que el mal tiempo invernal empuja a los narcos a buscar refugio en territorio español. Ha pasado con la borrasca Karlotta. No aguantan sus lanchas a 12 millas mar adentro con olas de mar gruesa y con el único agarre de un ancla de capa, de esas que las embarcaciones pequeñas echan en zonas donde no pueden alcanzar el lecho marino.
“De unos meses a esta parte, siempre que se avisa de temporal aparecen en el Guadalquivir, en Barbate, en los caños de Sancti Petri…”, dice el agente.
A mediados de enero una pareja de guardias civiles había avistado desde el muelle de Barbate seis narcolanchas en refugio. Se abarloaban entre sí de tres en tres, y reposaban tranquilamente sin más vigilancia que la de los puntos, chivatos del narco que otean en el puerto en cuanto aparecen agentes policiales o gente extraña.
Hubo tiempo para haber desplegado al menos una patrullera de la Guardia Civil del Mar por la zona, pero el mando decidió que se continuara con las patrullas ordinarias. Lo contrario de lo que decidió el día 9 de febrero.
En otras ocasiones, no se trata tanto de refugio de la narcolancha como de señoreo de sus tripulantes: cadenciosamente se las ve pasar desde los jardines de los hoteles de playa, o desde las viviendas de las urbanizaciones de orilla, también de tres en tres, por el centro del río, o por caños como los algecireños Arroyo Cachón y Palmones, los barbateños Boca Ancha, Playa Grande, Playa Chica… o el laberinto de canales que bordea a Sancti Petri, en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Los narcos que conocen aquel complejo mapa fluvial dejan orilladas las embarcaciones. Si se estropea alguna, desguazan las piezas que pueden arrancar de los potentes motores, y prenden fuego a la lancha. Una columna de humo negro en el horizonte alerta de su presencia. Cuando lleguen los guardias, no habrá pruebas a bordo.
Más agresivos
[–>
La violencia de los pilotos crece pareja a la de los chóferes de los llamados “coches de carga”, que siguen estos días con su negocio, yendo y vinviendo ajenos a la altísima tensión que vive el cuerpo policial que los persigue, y al recuento ya de cinco muertos (dos agentes de Vigilancia Aduanera, dos guardias civiles y un policía local) con que de momento se salva la última batalla antinarco en el sur.
Esta misma noche pasada, en la barriada de Puente de Mayorga (San Roque, Cádiz) un coche de gran cilindrada cargado de tabaco huyó a toda velocidad de un vehículo logado, blanco y verde, de la Guardia Civil… hasta que el chófer se lanzó contra un coche camuflado del instituto armado que se le puso por delante. Lo empotró arrancándole la parte trasera.
Tampoco ha habido muertos en el enfrentamiento de Puente de Mayorga, pero, como le dijo este mes de enero una delegación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a la fiscal antidroga, Ana Villagómez, “se está gestando una desgracia”.
“Aunque más bien pensábamos que, cuando hubiera una muerte entre nosotros, iba a ser por arma de fuego. Se van haciendo cada vez más incautaciones de armas entre los narcos”, relata Luis Bueno, uno de los delegados de la AUGC que acudió a la reunión.
Su sindicato ha pedido ayuda en Europa. A través de la eurodiputada y víctima de ETA Maite Pagazaurtundua (Ciudadanos) han solicitado a la Comisión Europea una intervención de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, al menos un estudio que compare con el resto de Europa la violencia que se vive cada noche en el Campo de Gibraltar.