Ha sido escueta y no ha querido aportar detalles, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado esta mañana que los abogados que defienden a su pareja por sus delitos fiscales y el caso de supuesta filtración de documentos reservados por parte de la Fiscalía han sufrido varios robos. “Es correcto“, ha señalado después de declarar que “esto se está investigando por autoridades pertinentes”.
[–>[–>[–>[–>No ha ido más allá, pero ha dejado claro su rechazo y la crítica al Gobierno, a quien no ha señalado como responsable pero sí ha vinculado con sus palabras: “Esto es parte de lo que esta sucediendo en mi entorno”. Pero ahí se ha quedado: “Por ahora no puedo dar mucha más información”.
[–>Estas declaraciones se han producido a preguntas de los medios de comunicación en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum después de conocerse que se han denunciado en un lapso de escasos días el robo del ordenador y el allanamiento en las viviendas de dos abodados de González Amador, así como la entrada en la casa del arquitecto que remodeló el ático en el que vive la pareja.
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A la abogada Guadalupe Sánchez -que forma parte del equipo jurídico que acusa ante el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz- le sustrajeron su ordenador portátil de uso profesional, y en el de Carlos Neira, abogado que lleva la defensa de González Amador en la causa que se instruye contra él por un presunto fraude a Hacienda, las fuentes conocedoras del caso informan de que la entrada en su domicilio se produjo el pasado mes de diciembre. Ambas situaciones fueron denunciadas ante la Guardia Civil. En este último caso, su casa fue registrada, pero no encontraron allí ningún dispositivo informático. La investigación policial se lleva a cabo sin que haya trascendido ninguna conclusión al respecto.
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[–>[–>[–>[–>Estos casos se conocen ahora después de que González Amador haya solicitado a la jueza Inmaculada Iglesias que suspenda la declaración prevista para el próximo 7 de febrero en la causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos fiscales.
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