Palestinian refugees collect UNRWA aid in Gaza City on Wednesday. / SAID KHATIB / AFP
Las acusaciones sobre la participación de empleados de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, en el ataque terrorista perpetrado por Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre son de extrema gravedad. Lo sucedido debe ser investigado a fondo, y sus eventuales responsables deben ser apartados del servicio, detenidos y trasladados ante la justicia. El prestigio de esta agencia está en entredicho por denuncias de Israel según las cuales una docena de sus empleados participaron en una acción que supuso la muerte de más de 1.200 personas, violaciones y secuestros. Estas graves acusaciones han sido condenadas por la mayoría de la comunidad internacional que se ha dividido, sin embargo, en cuanto a la actuación que merece la denuncia israelí.
Mientras unos 15 países han suspendido su contribución financiera a la UNRWA –Estados Unidos y los países más importantes de la Unión Europea, que financian más del 60% de su presupuesto–, la mayoría de los países del llamado sur global, entre ellos todos los países árabes, han decidido mantenerla al tiempo que exigían una rigurosa investigación. Entre estos está España, que se ha desmarcado de la mayoría de sus socios europeos. El Gobierno español ha justificado su actitud aduciendo que las actuaciones criminales de algunos miembros de la UNRWA no pueden llevar a castigar a sus más de 13.000 funcionarios en Gaza, y que la suspensión de la contribución financiera dejaría sin ayuda a más de dos millones de gazatís. Frente a esta respuesta precipitada por parte española, parece más razonable la postura de la Comisión Europea, que ha manifestado su predisposición a mantener su apoyo siempre en función de los resultados de una investigación independiente de lo sucedido. Un planteamiento con el que España debería haberse alineado, sin desmarcarse del consenso al que acaben llegando sus socios europeos.
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De hecho, la UNRWA asiste a más de cinco millones de palestinos que viven en campos de refugiados, en los territorios ocupados, Siria, Líbano y Jordania, además de la Franja de Gaza. La barbaridad que supone la posible participación de personas contratadas por Naciones Unidas en la masacre del 7 de octubre explica la actitud de quienes han suspendido su contribución financiera. La ley del Talión, que tanto daño provoca en esta parte del mundo, no puede regir las decisiones de los estados. El objetivo no puede ser el de castigar a los refugiados palestinos y a todos empleados de la UNRWA, sino el de identificar, detener y juzgar a quienes hayan podido participar en actos terroristas.
No es la primera vez que personas que trabajan para Naciones Unidas se ven involucradas en actos execrables. El entonces secretario general de la ONU Kofi Annan ya denunció, hace veinte años, que algunos cascos azules habían participado en violaciones, actos de pedofilia y tráfico de seres humanos en Haití y el Congo. Ello condujo a condenas, y a la creación de instituciones internas destinadas a prevenir este tipo de actuaciones. Nadie pidió entonces la disolución de los cascos azules, integrados por 120.000 efectivos. Parece aconsejable actuar con la misma filosofía. Naciones Unidas trabaja en contextos muy complejos que obligan a reforzar los mecanismos internos de control destinados a impedir que estos contaminen los valores de algunos de sus empleados o funcionarios.