Tractors concentrated in the Memphis, in Manresa / MAR MARTÍ / NIA ESCOLÀ / ACN
Miles de agricultores españoles han ocupado las carreteras, en una movilización que arrancó en varios países de Europa y ha acabado teniendo su réplica en nuestro país. Hace solo una semana veíamos cómo los tractores bloqueaban París y hoy ya desfilarán por las calles de Barcelona.
Las causas de la irritación en este sector se acumulan. El aumento de costes y, al mismo tiempo, la presión para no trasladarlos al consumidor final ante la presión inflacionista, ha extremado la tensión entre los productores primarios, que ven como a menudo han de trabajar a pérdidas o con márgenes risibles, y la cadena de distribución. Algunos agravios son regionales: las consecuencias de la sequía en las regiones mediterráneas y la competencia por el agua con otros sectores económicos, la retirada de ayudas por impedimentos legales en Alemania, la competencia ucraniana en países del Este de Europa o la de la agricultura del norte de África en España… Pero otros son abiertamente globales. Como ya sucedió con la crisis de los chalecos amarillos con motivo de la política de precios de los combustibles fósiles, las medidas de lucha contra el cambio climático conllevan costes, transformaciones costosas y desequilibrios difíciles de argumentar cuando afectan a los eslabones más débiles del sistema, que ven amenazada su viabilidad, continuidad y relevo generacional.
Como la transferencia de extensiones cultivables a parques fotovoltaicos (y aquí las razones ambientales que llevarían a que la pura rentabilidad no fuese el único elemento no necesariamente siempre favorecen al uso agrario) o la exigencia del cumplimiento de normas de las que en cambio están exentos productores extraeuropeos que se benefician de los acuerdos de libre comercio.
Más allá de las razones estructurales, hay otras más viscerales que no contribuyen menos a hacer saltar la chispa del descontento. Y no todas son la instrumentalización política que, es evidente en el caso de la extrema derecha europea y española, está intentando convertir al campo en el brazo armado del negacionismo climático y ha conseguido colar la Agenda 2030 de la ONU (que pretende lograr un mundo sostenible sin el que la agricultura tal como la conocemos entraría en colapso) en las pancartas de los manifestantes. Tampoco la aparición de plataformas de transportistas con una agenda política sospechosa debería servir para que el Gobierno se escude en este argumento para rehuir sus responsabilidades. En efecto, hay instrumentalización política de la polémica (pero en ella deberíamos incluir la publicación de la lista de beneficiarios de las ayudas públicas por la sequía justo en plena movilización). Tampoco resulta acertado (como ha hecho por ejemplo el secretario general de CCOO) relativizar la protesta por el hecho de que no viene de trabajadores por cuenta ajena sino de «empresarios». Muchos de los manifestantes son, sí, pequeños propietarios, desbordados por exigencias burocráticas y normativas y con la continuidad de su forma de vida en crisis
Los motivos del malestar son múltiples. Pero es preocupante que por el único flanco por el que los agricultores estén obteniendo una respuesta a sus demandas en primera instancia sea por el de la flexibilización de políticas ambientales, como ha sucedido con la renuncia de la UE a la reducción del uso de productos fitosanitarios. Estas son, lamentablemente, las de utilización electoral más inmediata. Deberían haber otras mucho más de fondo.