The European Commissioner for Justice, Didier Reynders, meeting with Félix Bolaños and Esteban González Pons / EFE / PABLO GARRIGÓS
Era inevitable contemplar con una cierta incomodidad la petición del Partido Popular de que la Comisión Europea intermediara en sus negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, ayudando así a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, caducado hace más de cinco años. Por lo que tenía de reconocimiento de impotencia sobre el funcionamiento regular de las instituciones españolas (y de incoherencia con las críticas vertidas a que la negociación de la investidura se hubiera desarrollado en Bruselas). Sin embargo, el solo hecho de que ayer se celebrara la primera reunión entre las dos partes, sin intercambio de acusaciones y desplantes y con la agenda abierta para seguir avanzando en los siguientes encuentros supone un cambio positivo respecto a las posiciones de partida, marcadas por la desconfianza mutua.
Una vez trasladada la escena del debate a Bruselas, era improbable que las partes estuviesen dispuestas a ir a la capital comunitaria para, en presencia del comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, intercambiar reproches como en una sesión crispada más del Congreso de los Diputados. No eso en absoluto lo que han hecho el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons en la primera cita. Aunque el segundo se haya manifestado más «pesimista», ambos han valorado positivamente la disposición de Reynders y se han comprometido a mantener la discreción mientras se intenta avanzar hacia un acuerdo. La asistencia de un testigo ajeno a las disputas que no tome partido a favor de ninguna de las dos partes puede servir para desmantelar el aparataje argumental, repleto de reproches mutuos que se podrían resumir en uno solo: el interés que se atribuyen uno y otro por controlar la justicia. Seguramente, en esas acusaciones los dos tienen razón. Porque si hasta el día de hoy no se ha conseguido sustituir a los miembros del CGPJ, controlado por los conservadores desde que se renovó en 2013 con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, es porque al PP no le interesa perder ese dominio del órgano de gobierno de los jueces, mientras que el PSOE busca recuperarlo, trasladando a su composición el porcentaje de la nueva mayoría parlamentaria. Cosa distinta es la reforma de la ley para elegir a los miembros del CGPJ, que el PP ha exigido hasta el punto de utilizarla como condición para bloquear la renovación. Es un hecho que la norma, aprobada en 1985, no se modificó ni con José María Aznar en la presidencia del Gobierno ni después con Rajoy. Y mientras los populares urgen ese cambio, los socialistas se resisten, porque consideran más democrático que la elección de los miembros del Consejo se haga en votación parlamentaria.
Ya en sus primeras declaraciones Reynders ha trazado la vía a seguir para desbloquear, si no la cuestión de fondo, sí al menos el impedimento procedimental. Según su planteamiento, la renovación del CGPJ debe ser prioritaria y no debe esperar indefinidamente a que haya acuerdo sobre la reforma del proceso de elección, como reclama el PSOE. Pero el acuerdo debe ser amplio e incluir ambos aspectos en un plazo breve, sin que pueda quedarse a medio camino como teme el PP. No será fácil el acuerdo. Pero hoy lo es más que ayer. Y Gobierno y PP harían un gran servicio a la buena salud democrática si pactaran el fin de este esperpento y normalizaran de una vez sus relaciones.