The document that El Periódico de Catalunya offers to its readers is essential to know what could be called the prosecutor’s four-day trip Alvaro Redondo since the acceptance on January 26 of imputing Carles Puigdemont for terrorism in the Tsunami Democràtic case until Tuesday the 30th, when the change of position occurred, in which he relied on the same document to say the opposite: rejecting the reasoned exposition of Judge García Castellón.
After listing almost verbatim the facts of the exhibition, the prosecutor points out that “the intellectual and ethical sponsorship of Mr. Puigdemont [al Tsunami] was none other than seriously destabilize the economic structures of Spainforcing public powers to negotiate the self-determination of Catalonia.”
Añade “que la participación del señor Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de afectar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo” (subrayado original)
Sigue. “Estas actuaciones afectaron gravemente los derechos humanos. En primer lugar, se afectó la integridad física y moral de los funcionarios de policía autonómica y estatal…”. El fiscal advertía: “En todo caso, el principio penal de alternatividad determina que, incluso en el supuesto de que consideráramos que (no) se perfilan todavía de modo claro, los elementos del delito de terrorismo, el delito contra el orden público constituido por los desórdenes, así como las lesiones graves que concurren con tal tipo penal, aparecen subsidiariamente con toda nitidez”
Así el fiscal concluye el 26 de enero: “Es procedente la asunción competencial, por cuanto resulta difícil imaginar nuevas actuaciones procesales [en la causa Tsunami de la Audiencia Nacional] that the instructor could carry out when the procedural moment has arrived, carrying out the investigations outlined, to raise the reasoned exposition that now concerns us.”
En cambio, el fiscal Redondo está en contra de aceptar la exposición en relación con el diputado y miembro de la Mesa del Parlament Rubén Wagensberg. “Ninguna de dichas actuaciones [en las que García-Castellón vincula al diputado con los hechos] “she appears personally connected to the accused.”
En consecuencia señala: “Interesa que la Excelentísima Sala Segunda del Tribunal Supremo asuma competencia en los términos indicados, en relación con los hechos atribuidos al señor Carles Puigdemont”.
El día 30, la fecha en la que Redondo se entrevista con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el fiscal ponente practica un giro copernicano.
Los indicios, afirma, están “demasiado abiertos para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia”.