The PP is determined to convert the Senate in the amnesty confrontation chamber. Since the measure of grace appeared in the conversations between Pedro Sanchez and the independentistas, the popular ones, have been preparing to, at least, slow down the processing of the norm as it passes through the Upper House, where they enjoy an almost plenipotentiary absolute majority. The delay in the law, which was overturned by Junts this Tuesday to force a new negotiation with the PSOE, allows those of Alberto Núñez Feijóo equip themselves with a series of reports – five in total – that they have requested from different institutions regarding the amnesty. The objective, to collect all possible counterarguments.
Una de las críticas del PP a Sánchez es que haya vehiculado la amnistía a través de una proposición de ley -iniciativa reservada a los grupos parlamentarios- y no como proyecto de ley -propuesta elevada por el Gobierno-. La principal diferencia es que la primera no requiere de ningún informe previo, mientras que la segunda sí, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado, entre otros. Para solventarlo, el PP, a través de la Mesa del Senado, solicitó en diciembre informes al CGPJ y al Consejo Fiscal sobre la amnistía.
Tras una prórroga solicitada por el CGPJ, se prevé que su informe llegue a la Cámara Alta en la semana del 12 de febrero. La Comisión Permanente de este órgano ha designado a los vocales Wenceslao Olea, elegido a propuesta del PP y Mar Cabrejas, por el PSOE, como ponentes del informe. Dada las posiciones distantes de ambos, lo más seguro es que el CGPJ emita un informe contrario a la medida de gracia, algo respaldado por el sector conservador mayoritario, y que el bando progresista se exprese a través de votos particulares.
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Esa petición también la dirigió al Consejo Fiscal. Sin embargo, a finales de enero, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estrenó su renovación al frente del ministerio público remitiendo al Senado una carta en la que justificaba su negativa a que el Consejo Fiscal informe a la Cámara alta sobre el contenido de la proposición de ley de amnistía, informa Ángeles Vázquez.
Entre las razones que esgrimía figura precisamente que aún no se trata de una ley en vigor por cuya aplicación deberá velar la Fiscalía en los tribunales de justicia de toda España. La misiva en cualquier caso no logró convencer a los seis vocales de la Asociación de Fiscales, que le han reclamado que no hurte a su órgano asesor la redacción del informe solicitado.
[–>El PP, también a través de la Mesa del Senado, ha apelado a instituciones de fuera de España. A mediados de diciembre resolvieron solicitar un informe a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, popularmente conocida como Comisión de Venecia. Este organismo, pese a que sus conclusiones no son vinculantes, es bastante respetado por los miembros del Consejo de Europa. La Comisión Europea informó que su informe se presentará más tardar en el pleno del 15 y 16 de marzo.
En diciembre, el PP consideró que este plazo era excesivo y solicitó que se tramitara de urgencia. Sin embargo, esas prisas ya no serán necesarias. Lo más probable es que la ley de amnistía no sea aprobada por el Congreso como pronto hasta la última semana de febrero, por lo que la tramitación en el Senado arrancaría ya en marzo. Esto siempre en el mejor de los tiempos.
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Los dos últimos informes que completarán el argumentario del PP para enfrentarse a la ley de amnistía vendrán de los propios letrados del Senado. Una vez la ley se apruebe en el Congreso, esta será remitida a la Cámara Alta y el cuerpo de letrados deberá emitir un informe. Este estará a cargo de Sara Sieira, elegida hace unos días como letrada mayor por el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán. Sieira ya se ha rodeado además de un equipo cercano, desplazando al anterior, que llevaba varias décadas al frente del departamento legal de la Cámara.
Tras los informes contradictorios que han emitido los letrados del Congreso -el primero negaba que en la ley hubiera una contradicción evidente y palmaria” con la Constitución y el segundo planteaba “dudas de que pueda tener cabida” en la misma- los expertos del Senado deberán pronunciarse ahora. Dado que Sieira ha sido elegida por el PP, se entiende que será favorable a sus posiciones.
El último movimiento de los populares ha sido pedir a este mismo cuerpo de letrados otro informe sobre las consecuencias que tendría el no tramitar la norma. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario popular en el Senado admiten que sería “prevaricación“, pero los conservadores quieren protegerse en la opinión de los juristas de los ataques de Vox, que reclama no tramitar la ley. En conclusión, este es el único informe que podría beneficiar a la medida de gracia.