El sistema de pensiones en España es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado una medida para que los trabajadores puedan sumar cinco años extra de cotización. Este convenio especial tiene como objetivo mejorar la cuantía de pensión, además de acercar la edad de jubilación.
El grupo de trabajadores que podrá beneficiarse de esta medida son los que realizaron prácticas como becarios, pero que en su momento no cotizaron a la Seguridad Social. Este cambio permite sumar hasta cinco años adicionales de cotización, siempre que cumplan con una serie de requisitos.
En España, para acceder a la pensión contributiva, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años. Además, pare jubilarse a los 65 años sin penalización, se debe haber cotizado un mínimo de 38 años. En caso de no disponer de este periodo, la edad de jubilación se incrementa hasta los 66 años y ocho meses.
Para acceder a los cinco años adicionales, es fundamental demostrar que se realizaron prácticas no remuneradas antes del 1 de noviembre de 2011. Este reconocimiento compensa a las personas que trabajaron en programas de formación sin poder añadirlos en su vida laboral.
Los solicitantes deben cumplir con los requisitos estipulados en la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto Legislativo 8/2015. También podrán beneficiarse los titulados universitarios que hayan finalizado un programa doctorado antes del 4 de febrero de 2006.
Ahora bien, es importante destacar que la solicitud de reconocimiento no es gratuita. Los trabajadores tendrán que asumir el coste de las cotizaciones.
El importe se calcula tomando como referencia la base mínima establecida para el grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social cuando se realizó la formación. El coste mensual puede oscilar entre los 40 y los 140 euros, aproximadamente.
Los solicitantes deben presentar la documentación a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro del apartado de ‘Trámites y Gestiones’. La resolución llegará en un plazo máximo de seis meses de su presentación, y estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2028.