El Govern y el PSC han forjado este martes un acuerdo para los presupuestos de 2024, a la espera de los Comuns, cuyos votos son indispensables para que las cuentas catalanas sean aprobadas. Tras una intensa negociación a dos bandas, Pere Aragonès arriesga y llevará este miércoles al Parlament las cifras pese a no tener atado el apoyo del pleno. Republicanos y socialistas confían en que los morados den su sí, o al menos su abstención, para que las cuentas salgan adelante. Estos son los detalles del acuerdo:
[–>El pacto incluye un crecimiento del 10% del presupuesto en educación (7.435 millones en total), un refuerzo especial tras los desastrosos resultados de los alumnos catalanes en el informe PISA, y se reservan otros 50 millones para el despliegue de políticas educativas para cuando el grupo creado para poner remedio al fiasco de las pruebas detalle sus conclusiones. El acuerdo también contempla aumentar en 35 millones los recursos a la educación inclusiva y 25 millones para la equiparación salarial de las condiciones de los profesores de la escuela concertada a la pública.
En cuanto al ámbito de la salud, acuerdan crear un fondo extraordinario de 800 millones y aumentar en 144 millones el presupuesto destinado a la atención primaria, cumpliendo así con el objetivo de que un 25% del presupuesto en la materia se destine a los CAP. Para acortar las listas de espera, consolidan la partida de 110 millones que se impulsó para ponerle remedio.
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En materia de vivienda, el Executiu monocolor de ERC y el PSC han acordado que el parque de alquiler social sume 4.000 viviendas nuevas, con el objetivo de conseguir estrenar entre 2023 y 2026 un total de 10.000 viviendas.
En la carpeta de la seguridad, han optado por implementar 25 unidades judiciales nuevas, aunque están condicionadas a que el Estado dé su plácet, para paliar el déficit histórico que persiste en Catalunya. Además, los dos partidos se conjuran para renovar los convenios de colaboración entre la policía autonómica y las policías locales y para destinar 4,5 millones a aumentar los recursos para los abogados de oficio.
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Siendo una de las emergencias en esta recta final del mandato del president, Govern y PSC han pactado dedicar 500 millones de euros en total a combatir la sequía que acecha Catalunya y, de estos, 120 millones se destinarán a subvenciones para que los municipios inviertan en obras para captar aguas subterráneas para el abastecimiento. Además, hay una reserva de 86,3 millones para la mejora del riego.
No es casual que en el documento no haya ni rastro del Hard Rock. Era una de las condiciones más exigentes del PSC y una línea roja de los Comuns, así que el Govern ha logrado que no quede nada sobre papel. Aragonès ya prometió en el hemiciclo que no iba a paralizar la tramitación del macrocomplejo turístico en el Camp de Tarragona, algo que contentó a los socialistas, y en favor de un acuerdo con los Comuns han aceptado que no quede constancia. Eso no implica que el PSC desista, fuentes de la formación aseguran que cuentan con la palabra de Aragonès de no poner trabas al proyecto.
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El acuerdo contempla incrementar en 47,7 millones el apoyo directo a la industria para consolidar los 165 millones dedicados al apoyo del sector y 25 millones para mejorar los polígonos industriales. Por otro lado, pactan aumentar en 52 millones la financiación para las universidades.
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El Executiu y los socialistas dedicarán 57 millones de euros a la financiación del metro de Barcelona para la mejora de la accesibilidad y renovando vías, además de con la compra de 39 convoyes.
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En la carpeta de deportes destacan la aportación de 400.000 euros a la UCEC y de 850.000 a la UFEC, además de 43,5 millones a las federaciones deportivas catalanas. En el ámbito de la Cultura pactan nuevas líneas de financiación en municipios.
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Como ya viene siendo habitual, Govern y PSC acuerdan crear una comisión de seguimiento del cumplimiento del acuerdo y el compromiso de que todas las actuaciones pactadas en 2023 que han sufrido un retraso en su ejecución se hagan en este 2024, aunque los socialistas opinan que la mayoría ya se están ejecutando, y que en cuanto al dosier de macroproyectos, se ha ido cumpliendo progresivamente, como la B-40 o la comisión sobre el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.