Nuevo impulso a la investigación contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por las subvenciones concedidas a entidades afines como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APe) y la organización Ingeniería Sin Fronteras (ESF).
La Audiencia de Barcelona estimó un recurso presentado por la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona de rechazar la práctica de diligencias, entre ellas la citación como investigada de la interventora municipal que firmó el primer convenio de ayudas en 2014 y luego participó en la tramitación de la concesión de otras subvenciones.
En concreto, el tribunal insta al juzgado a requerir al Ayuntamiento de Barcelona y a las cuatro entidades que recibieron subvenciones para que “justifiquen el destino” de estas ayudas concedidas. El auto de la Audiencia de Barcelona, al que tuvo acceso este medio, indica que “conocer el destino que se dio al dinero de las subvenciones puede contribuir a valorar el carácter excepcional que justificaría esas subvenciones”.
Vínculos con las entidades
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Además, los magistrados detallan que “varias de las personas que intervinieron en la concesión de las subvenciones tenían vínculos con las entidades que recibieron el dinero” y por eso saber el destino de las ayudas “puede aportar información relevante para valorar si, al concederse las subvenciones, quienes las concedían eran conscientes de estar dando un uso desviado a fondos públicos“.
“Así, por ejemplo, y como mera hipótesis, puesto que parece que las entidades que recibieron las subvenciones las destinaron en una elevada proporción a gastos de personal, pudiera resultar que quienes concedían la subvención sabían que estaban facilitando el pago de retribuciones a sus compañeros o excompañeros, en vez de destinar el dinero a finalidades adecuadas para un ayuntamiento”, remarca el tribunal.
Colau, imputada
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Ada Colau sigue imputada por esta causa pese a que en su declaración, hace dos años, explicó que se siguieron de forma correcta la tramitación de las subvenciones a entidades con las que tenía vinculación antes de ser alcaldesa. En ese momento afirmó que la querella inicial de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática era un caso de lawfare, guerra judicial, de determinados lobbies que quieren detener sus políticas. Era la primera vez que se conocía el término que luego fue ampliamente utilizado por el independentismo en las causas judiciales por el ‘procés’.
En su auto, la Audiencia de Barcelona también recuerda que las ayudas a entidades sociales se concedieron durante varios años y remarca que “la justificación que se realizara sobre las subvenciones ya concedidas y abonadas tendría que influir en las posteriores decisiones de conceder o no más subvenciones, tanto en la cuestión de fondo (si se otorgaba o no una nueva subvención) como en las cuestiones de forma (si estaba justificado que las nuevas subvenciones se volviesen a conceder de forma directa o si había de permitir la concurrencia de otras entidades”.
Por eso el tribunal, que considera que “existen indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”, considera “razonable” que se requiera la “justificación de las subvenciones como elemento que puede arrojar luz a los presuntos delitos que se investigan”.
Declaración de la interventora
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En la concesión de estas subvenciones, la intervención municipal recomendó modificar la tramitación de estas ayudas para ajustarlas a la normativa, acción corregida. Precisamente, la interventora municipal aseguró en su declaración que “no observó ninguna conducta más allá de meras irregularidades pero que nunca transcenderían el ámbito penal”, tal y como el mismo juzgado recordaba en su primer auto de archivo de esta causa que fue luego reabierto por la Audiencia de Barcelona a finales de 2022.
Las asociaciones que ejercen la acusación popular en este procedimiento solicitaron la declaración como investigada de esta interventora pero el juzgado la rechazó. Ahora, la Audiencia de Barcelona insta a que sea citada como imputada para que pueda testificar sobre las razones “para adjudicar subvenciones de forma directa, sin concurrencia pública” o sobre “la reiteración de esas subvenciones en el tiempo”, ya que “chocaba con la normativa vigente”. Para los magistrados “la interventora debería haber formulado reparos” a esta decisión municipal y por eso creen que debe declarar en este procedimiento.