El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue puesto bajo custodia policial este jueves por segunda vez por varios cargos relacionados con el antes y el después de su fallido intento de imponer la ley marcial en el país el pasado mes de diciembre.
El juez Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, emitió de madrugada una orden de arresto contra el exmandatario, solicitada por el fiscal especial Cho Eun-suk, alegando preocupación de que pudiera destruir pruebas vinculadas a su procesamiento penal.
El equipo de la fiscalía liderado por Cho solicitó la orden de detención por cinco cargos: obstrucción especial de deberes oficiales, violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), abuso de autoridad para obstruir derechos, falsificación de documentos oficiales y destrucción o manipulación de registros públicos.
Yoon y sus abogados asistieron en la víspera a la audiencia por la petición y rechazaron todas las acusaciones, antes de que el expresidente fuera trasladado al Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, al sur de la capital, donde estuvo esperando al fallo y sería posteriormente puesto bajo custodia de las autoridades.
Es la segunda vez que Yoon es detenido. Su primer encarcelamiento se produjo el pasado enero, cuando ya estaba suspendido de sus funciones como presidente tras su ‘impeachment’ por parte del Parlamento, pero antes de ser destituido oficialmente.
Yoon fue destituido en abril al declararse inconsitucional su decreto de estado de excepción. Según la investigación dirigida por Cho, Yoon trató de legitimar esa acción mediante una serie de decisiones y maniobras que sustentan el arresto.
Entre las acusaciones más relevantes figura la manera en que Yoon convocó y condujo la reunión de Gabinete previa a la declaración de la ley marcial. Según los fiscales, el 3 de diciembre de 2024 citó únicamente a 10 de los 19 ministros del Gabinete, todos considerados leales a su causa, excluyendo deliberadamente a los restantes para impedir que pudieran oponerse o cuestionar su decisión.
La reunión duró menos de cinco minutos y fue presentada como un trámite formal para legitimar su proclamación del estado de excepción, pese a que la Constitución exige deliberación plena del Gabinete.
Posteriormente, un funcionario presidencial, también imputado en la investigación, habría falsificado las actas para aparentar que la reunión duró 40 minutos y se realizó con mayor participación y debate del que realmente hubo.
Asimismo, Yoon habría instruido a su portavoz para medios extranjeros difundir declaraciones falsas de que el decreto de ley marcial no violaba el orden constitucional y que los legisladores no habían sido restringidos para entrar a la Asamblea Nacional y votar por la suspensión del estado de emergencia.
Otras acusaciones detallan que Yoon dijo en enero a su personal de seguridad que desenfundaran sus armas en caso de un intento de detención en su contra para intimidar a los agentes.
También se le imputa haber ordenado al entonces subjefe del SSP la eliminación de los registros de canales cifrados usados por militares implicados y, adicionalmente, se señala que se redactaron documentos antedatados para dar apariencia de legalidad a la ley marcial, los cuales luego fueron destruidos.