“El sistema para detectar a los menores que migran en nuestras fronteras y, en general, para identificar vulnerabilidades está fallando en Europa“, asegura Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save The Children y coautora del informe ‘Cruzando fronteras’, que ha analizado esta realidad en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia. El estudio concluye que tanto en España como en el resto de países examinados existe una carencia clave: la ausencia de una figura que represente a los menores en las fronteras europeas. Sin esta figura de protección, afirman, se vulneran los derechos de niños y adolescentes de forma automática.
“Hemos comprobado que no existen actores especializados en infancia que puedan detectar a los menores en la frontera y hacer todo lo posible para que se cumplan sus derechos y unas garantías mínimas”, explica Zuppiroli. En el caso de Canarias, la frontera marítima analizada y la que más ha crecido en los últimos años, es especialmente grave. “La situación de emergencia se ha cronificado, lo que afecta a las condiciones de la acogida y a la emancipación al cumplir la mayoría de edad”, sigue.
Falta de apoyo legal
El caso de Mamadou –un niño que no mintió sobre su edad y fue protegido pero que ahora asume que habría preferido hacerlo y ser tratado como un adulto– no es un caso aislado. “Quieren desplazarse, buscarse la vida, para así poder ayudar a su familia. El sistema de protección a la infancia no está dando respuesta a estas necesidades: entorpece su proyecto migratorio y sus deseos. Necesitamos que les protejan, que les den los permisos de residencia y de trabajo, que entiendan que van a mejorar su futuro, que les formen, que les eduquen o les permitan aprender un oficio”, explica Zuppiroli. La realidad, sin embargo, no es esta. “Hay muchos niños que prefieren escabullirse e ir a la Península como puedan antes que ser protegidos”, afirma. Todo ello a pesar de convertirse en carne de cañón para la explotación laboral, especialmente en la agricultura o la construcción, lo que también es delito.
Una de las principales fallas de nuestra frontera, según el informe, es la falta del apoyo legal cuando llegan a nuestro país. “Estos niños no ven a ningún abogado ni a ningún profesional que esté allí para protegerlos ni defenderlos. No hay nadie que les represente, no tienen un tutor asignado. Se enfrentan a procedimientos esenciales para su vida y su futuro sin asegurarse de que lo entienden, de que tengan garantías, de que esté todo por escrito”, cuestiona Zuppiroli. Una realidad que se repite en los cinco países analizados. Y que especialmente se agrava con las pruebas de edad.
Pruebas de edad
En este ámbito se dan dos situaciones que comprometen gravemente la protección de los menores migrantes. La primera es que los niños mantienen que son adultos para salir de Canarias y poder llegar a la Península, adonde muchos adultos son trasladados. Este hecho les expone a redes de explotación infantil y les desprotege de sus derechos esenciales. La segunda afecta a menores que, pese a contar con pasaportes que acreditan su edad, no son reconocidos como tales por las autoridades españolas y, por tanto, tampoco se les protege adecuadamente.
“Si se pone en duda su edad y nadie se asegura que estos procesos cuentan con garantías, tenemos un problema de vulneración de derechos humanos”, denuncian desde Save The Children.
La normativa establece que, si un joven presenta un pasaporte válido, no deben realizarse pruebas médicas para determinar su edad, ya que la documentación oficial debe considerarse suficiente. Además, varias oenegés internacionales han señalado que los baremos óseos con los que se acredita la edad en España se basan en estándares europeos que no se corresponden con las características físicas de los menores africanos, lo que puede dar lugar a errores graves en la evaluación de su edad.
“Protegemos las fronteras, no las personas”
“Sin garantías y sin acompañamiento la indefensión es enorme. Vemos que en el caso de los ciudadanos de Gambia o Senegal no se tienen en cuenta sus pasaportes y ellos tampoco saben cómo reclamar. Estos procedimientos están repletos de dudas”, sigue Zuppiroli. El caso español es grave, dado que en las Canarias se encuentran ya más de 6.000 menores. “La situación de masificación es tal que es imposible ofrecer una mínima calidad”, lamenta la experta de Save The Children.
En el resto de países analizados también se han detectado situaciones muy similares. “No hay enfoques de infancia proactivos. El enfoque es de control de la frontera, no se pretende entender las vulnerabilidades de los niños. Solo protegemos las fronteras, no las personas”, lamenta. Por ello el informe reclama que se haga un cribado de las llegadas con asesoramiento especializado y con protocolos específicos de perfiles vulnerables, especialmente en las primeras 72 horas tras la llegada a territorio europeo.