Un operativo policial de grandes proporciones en 10 de los 27 estados de Brasil contra bandas criminales asociadas al narcotráfico y el lavado de dinero ha permitido al presidente Luiz Inacio Lula da Silva marcar una nueva diferencia política con Donald Trump. La acción llevada a cabo por 1.400 agentes de civil y uniforme que concluyó el jueves con 192 inmuebles incautados ha tenido lugar en medio de las amenazas de Washington de intervenir en los asuntos internos de otros países para combatir el negocio de la droga y, a la vez, después de que Lula autorizara al ministerio de Exteriores que inicie el proceso para adoptar medidas de la Ley de Reciprocidad contra los Estados Unidos por haber aplicado aranceles del 50% a las exportaciones del gigante sudamericano, una medida que tuvo un tinte claramente político y con la situación judicial de Jair Bolsonaro de trasfondo.
“La población de todo el país ha sido testigo hoy de la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta la fecha”, dijo Lula. La policía detuvo a más de 40 personas y registró 255 empresas presuntamente relacionadas con el Primer Comando de Capital (PCC), un grupo nacido en una cárcel paulista hace tres décadas y que tuvo un crecimiento exponencial al punto de constituir la fuerza delictiva más importante de Brasil, con ramificaciones regionales y también en Europa. El PCC cuenta, según las autoridades, con más de 35.000 integrantes. Del control territorial y carcelario ha pasado a destinar el excedente del negocio de la droga a la economía en blanco a través de la adquisición de unas 1000 gasolineras y unos 40 fondos de inversión que le depararon ganancias por unos 8.000 millones de euros solo en los últimos cuatro años. La red incluía también plantas de producción energética, el negocio inmobiliario y la especulación bursátil. Sobre ese entramado pesa ahora la acusación de lavado de dinero y evasión al fisco, así como la adulteración de combustibles. No falta la comisión de delitos ambientales. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que la policía ha comenzado a desmantelar la “refinería del crimen organizado”.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, fue uno de los que tomó activamente la palabra en nombre del Gobierno y habló sobre los sofisticados mecanismos de las mafias para migrar de la ilegalidad económica a la legalidad. El protagonismo de Lewandowski no ha sido casual. EEUU le retiró la visa en medio de la agria disputa bilateral que se desató hace más de un mes. Lula calificó de inaceptable esa sanción contra su ministro así como los integrantes del Tribunal Supremo Federal que juzgan a Bolsonaro y se aprestan a emitir un dictamen en la primera quincena de septiembre.
Tanto el PCC como el Comando Vermelho, surgido en las cárceles de Río de Janeiro, dominan la escena delictiva brasileña. Washington quiere que Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador, los país de mayor sintonía con la Casa Blanca, los declaren grupos terroristas internacionales. El Gobierno de Lula es reticente a esa calificación en un momento tan delicado de los vínculos bilaterales.
Controversia de trasfondo
De acuerdo con Julio Wiziack, columnista de Folha, el Gobierno se puso al frente de la operación para “desmontar los ataques” de Trump “contra la supuesta apatía brasileña en la lucha contra el crimen organizado”. Pero, a la vez, la acción estatal contra el PCC activó un nuevo capítulo de la discusión política con el gobernador del principal estado de ese país, Tarcísio de Freitas.
La principal autoridad paulista ha intentado atribuirse el triunfo de la gran redada policial al haber iniciado las investigaciones que se extendieron a otras regiones. Tarcísio, como lo llaman, aparece como el heredero de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2026, y observó con malestar el modo en que el Gobierno comunicó lo que había sucedido, en especial las palabras de Lula, quien podría ser su rival en la contienda venidera. El presidente habló de las “acciones coordinadas” de la Policía Federal, la Agencia Tributaria Federal y las fiscalías estatales. El “trabajo integrado”, remarcó, había comenzado “con la creación del Núcleo de Combate al Crimen Organizado en el Ministerio de Justicia, permitió seguir toda la cadena y llegar al núcleo financiero que sustenta estas prácticas”. El texto publicado en X fue entendido también como una sutil respuesta a EEUU: “Nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos y consumidores: cortar el flujo de dinero ilícito, recuperar recursos para las arcas públicas y garantizar un mercado de combustibles justo y transparente, con calidad y competencia leal. Seguiremos actuando con coordinación y seriedad para dar seguridad a las personas y estabilidad a la economía”.
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