Al tiempo que este lunes 26 han finalizado las seis audiencias sobre la ocupación de Israel en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza con la intervención de España -ha sido uno de los 49 países junto con Palestina, país observador ante Naciones Unidas que han expuesto su opinión- el Gobierno de Benjamin Netnyahu sostiene en su informe al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya que ha adoptado medidas que se le exigían el pasado 26 de enero -según la orden del TIJ- para evitar el “posible genocidio” en Gaza, a solicitud de la demanda de Sudáfrica. La realidad: al ordenar medidas cautelares el TIJ cifró en 25.000 palestinos los muertos y las conocidas este lunes ascienden a 29.782. Son 4.782 muertos más, en su mayoría mujeres y niños.
El TIJ dio el plazo de un mes a Israel para presentar un informe sobre el cumplimiento de las seis medidas de emergencia (“no matar civiles palestinos”; comunicar al “Ejército israelí que no debe tener una conducta que incurra en la vulneración de la Convención contra el genocidio”, “asegurar el aprovisionamiento de agua, comida y electricidad”, y otras tres). La primera secretaria del Tribunal, Monique Legerman, señaló a EL PERIÓDICO que el informe se había recibido este lunes 26 en La Haya: “Hemos recibido el informe y lo hemos cursado al país demandante, Sudáfrica, como es norma, y presumo que va a presentar alegaciones ante el Tribunal sobre su contenido”, señaló. Fuentes jurídicas que siguen el pleito señalan que Israel asegura al TIJ que ha adoptado medidas en la línea de lo que se le exigía desde el punto de vista humanitario.
Según el diario israelí ‘Haaretz’ se trata “de un informe breve” en el que enumera una serie de acciones ordenadas inmediatamente después del fallo del TIJ. Entre ellas, el Ejército informa de que está investigando casos de crímenes de guerra cometidos por algunos de sus miembros. El TIJ eludió dictaminar el alto el fuego inmediato solicitado por Sudáfrica. El argumento subyacente era que siendo un tribunal de países de la ONU no debía ordenar una medida que solo afectaba a una de las partes en liza, Israel, ya que la organización Hamás, que gobierna Gaza, no era parte en el pleito.
El resultado es que el “posible genocidio” -calificación jurídica del TIJ en esta fase de la demanda de Sudáfrica- se ha incrementado desde el 26 de enero pasado, puesto que, como se ha apuntado, los muertos en Gaza ascienden a casi 30.000 palestinos. En este contexto han concluido este lunes 26 en La Haya las seis audiencias dedicadas a ilustrar al TIJ sobre las conclusiones legales de las políticas puestas en práctica por Israel en los llamados territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.
Tanto el director adjunto de la Asesoría Jurídica Internacional (AJI) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Emilio Pin, como su titular, el profesor Santiago Ripol, se basaron en el dictamen del TIJ de 2004 sobre la construcción del muro que separa los territorios ocupados de Israel. “Veinte años después, Israel continúa poniendo en práctica unas políticas que prolongan las muy serias violaciones ya definidas por el Tribunal”, señaló Pin. Por su parte, Ripol se centró en la obligación de todos los estados para “cooperar” a fin de acabar con la situación”. Subrayó que la situación de Palestina ha empeorado y que han fracasado “las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General condenando las acciones de las partes en violación de la ley internacional”. Con todo, ni uno ni otro, en la línea del informe firmado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de 25 de julio de 2023, para esta intervención, han solicitado al TIJ un dictamen consultivo que consagre la petición de retirada de Israel de los territorios ocupados.
Habida cuenta de que los informes escritos fueron presentados en julio de 2023, algunos países procedieron a su actualización, por vía escrita o en sus alocuciones orales. El caso de China, por ejemplo, ha sido comentado. Porque en su intervención del pasado 22 de febrero, el representante legal de la diplomacia china, incorporó a raíz de la acción militar de Hamás el 7 de octubre de 2023 un párrafo en su discurso en el que señalaba que el “uso de la fuerza por parte de los palestinos para resistir la opresión extranjera es un derecho inalienable. La lucha armada en este contexto no puede equipararse a terrorismo”. La República de Fiyi (el archipiélago de más de 300 islas en el Pacifico sur) fue otro de los países intervinientes este lunes 26. Se alineó con Estados Unidos y rogó al TIJ cautela, que no emita un dictamen en el sentido de que Israel debe retirarse de los territorios ocupados.
El TIJ emitió en 2004 a raíz de la construcción del muro un dictamen consultivo solicitado por la Asamblea General y asumió la mayor parte de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Según ese dictamen Israel es una potencia ocupante en Cisjordania y Jerusalén Este que no respeta sus obligaciones internacionales (Convenciones de Ginebra) respecto al pueblo ocupado, los palestinos.
La mayor parte de los países que han intervenido en las seis audiencias han citado al TIJ el dictamen de 2004, algo que los jueces -al menos los que votaron aquella resolución no vinculante- ya se saben de memoria. El TIJ deliberará y votará probablemente en los próximos dos meses. Pero mientras, Netanyahu prepara la nueva ofensiva de “posible genocidio” en Rafah, en el extremo sur de Gaza, en la frontera con Egipto.