El PP piensa presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con su propuesta global para fortalecer el Estado de Derecho, incluyendo el nuevo delito de deslealtad constitucional con el que se presentó a las elecciones el pasado julio, recuperando la tipificación del referéndum ilegal e incorporando nuevas causas de disolución de partidos políticos, tal y como recoge también la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía pactada entre el Gobierno y los independentistas.
En el partido conservador saben que la presentación de esa enmienda que hizo el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, tuvo muchos errores. Distintos dirigentes reconocían ese mismo día y al siguiente, cuando Tellado volvió a comparecer ante los medios para dar nuevas explicaciones, que los términos eran confusos y que no habían trasladado los aspectos más importantes de su propuesta. Hasta el punto de que la lectura generalizada fue la de que el PP apoyaba la ilegalización de los partidos independentistas en línea con anteriores propuestas de Vox a las que siempre se habían negado.
El propio Feijóo hizo una autocrítica importante, señalando a su portavoz, en una entrevista en ‘Onda Cero’ este martes: “Probablemente nuestra explicación la dimos por obvia y hay cosas que no se pueden dar por obvias. Entiendo que no hemos hecho un mínimo de pedagogía con la enmienda, que presentamos el día que vencía el plazo, el 3 de enero”, reconoció.
En el entorno del líder nacional asumen errores a la hora de trasladar lo que decía la enmienda en plenas fechas navideñas, pero también reconocen que el contenido, que podría tener algunas puntualizaciones, estaba pensado para una proposición de ley a futuro que Feijóo siempre tuvo en mente presentar dándole mucha más solemnidad. El PP está convencido de que en esta legislatura habrá que debatir sobre la protección de la Constitución y del Estado de derecho después de la eliminación del delito de sedición del Código Penal, teniendo en cuenta la agenda política de los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En realidad, el propio Feijóo desveló en la entrevista esos planes cuando se abrió a debatir la propuesta en las Cámaras e introducir cambrios de otros grupos parlamentarios. No se refería a la enmienda a la totalidad (que será rechazada en el pleno de este miércoles y automáticamente decaerá), sino a la iniciativa que su grupo, la primera fuerza política del Congreso, quiere llevar a debate más adelante.
Disolución o suspensión de los partidos
[–>
El punto de mayor polémica del texto popular mira a la disolución de los partidos que incurran en declaraciones de independencia o referéndums ilegales (que previamente serían tipificados como delitos). De ahí que el propio Tellado, igual que Feijóo ayer, insistieran en su aclaración: “No se persiguen ideas, sino delitos”. Lo que dice la enmienda es que se impondría pena de disolución a las personas jurídicas responsables de esos delitos salvo que colaboraran con la justicia para restaurar el orden constitucional, en cuyo caso lo que habría es una suspensión de actividades por un tiempo.
El líder del PP sigue defendiendo los términos en los que aparece el texto de la enmienda, pero sí se abrió a futuras modificaciones si el partido termina llevando su proposición de ley al Congreso. “Se puede discutir si suspender a esos partidos y solo en casos muy agravados plantear la disolución. Pues sí. Es una propuesta que va a ser debatida en las Cámaras y veremos las enmiendas que se presenten”, llegó a decir.
El PP recuerda que desde el año 2012 las personas jurídicas (organizaciones y partidos) y las administraciones públicas pueden ser condenadas por la comisión de delitos. Y también insisten en que ya hay recogidos en el Código Penal 35 causas que acarrean penas de disolución como son la malversación, el cohecho o el enaltecimiento del odio. Se trataría, dicen, de añadir otro supuesto más en torno a la deslealtad constitucional en caso de que se promueva la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales buscando perjudicar la unidad del país.
En la enmienda del PP que está llamada a nutrir la futura proposición de ley han participado distintos juristas de cabecera de los conservadores. El propio Feijóo reveló que han estudiado a fondo el derecho comparado con casos como el alemán, que han inspirado especialmente su texto. Lo que dicen en el partido es que cuando la ley llegue a la Cámara se abrirían a estudiar enmiendas de otros grupos como la disminución de las penas que ellos proponen o si debe haber más penas de suspensión que de disolución, que quedaría para los casos más graves. “Es un debate que hemos de dar”, zanjó Feijóo.
Los populares critican especialmente la posición del PSOE, teniendo en cuenta que lo que proponen es la tipificación de delitos que promuevan acciones contra la Constitución o que pongan en riesgo la unidad del país. “Me sorprende la preocupación ¿Es que van a cometer esos delitos?”, se preguntaba este martes Feijóo ante la plana mayor de su partido en el comité ejecutivo nacional.
El enredo con la enmienda que sí preocupó al PP también tiene que ver con la confusión de conceptos. Los populares no han apoyado nunca las propuestas de ilegalización de partidos promovidas por Vox en el Congreso. La formación ultra de Santiago Abascal pedía una modificación de la Ley de Partidos para prohibir las organizaciones independentistas y el PP siempre se opuso recordando que chocaba contra la Constitución y la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Feijóo volvió a reiterar ayer mismo que en España “seguirá habiendo partidos independentistas” mientras la gente los vote porque la Carta Magna efectivamente no los prohíbe. Y repitió: “Nuestra propuesta no persigue ideas”.