La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha acusado al ejecutivo de su sucesor, Jaume Collboni, de no haber actuado para evitar el desahucio de la vecina del Gòtic de 78 años que este jueves ha tenido que dejar su piso por orden judicial, a raíz de un conflicto originado por el impago de 88 euros. El Ayuntamiento se ofreció a pagar una renta a precio de mercado, mil euros al mes, pero asegura que la propietaria exigió un aval que el consistorio ve inviable jurídicamente. Sin este aval, la dueña ha rechazado el ofrecimiento municipal.
“Es cierto que hay más desahucios inhumanos en todas las ciudades, y que a menudo los ayuntamientos carecen de competencias suficientes para evitarlo”, ha admitido Colau. “Lo más grave este caso es que había una solución posible, pero el actual gobierno del Ayuntamiento ha decidido cambiar los criterios y dejarla desahuciar”, ha añadido.
La exalcaldesa y líder de Barcelona en Comú ha considerado que esta circunstancia no se puede “permitir” y ha exigido al ejecutivo municipal que mantenga “todos los servicios de mediación“. “Exigimos al gobierno que mantenga todos los servicios de mediación en materia de desahucios y que no recorte recursos ni criterios, para dar el máximo apoyo posible a vecinas y vecinos víctimas de la especulación inmobiliaria. Blanca hoy podía y tenía que continuar viviendo en su casa”, ha escrito Colau en Telegram.
BComú ha anunciado que llevará el caso a las próximas comisiones municipales “para que el PSC explique qué ha fallado”. El desahucio se ha hecho efectivo este jueves, después de haberse aplazado por última vez en noviembre.
Sin renta antigua ni nuevo contrato
[–>
El eco mediático del caso radica en que el desenlace de este jueves empezó por 88 euros impagados. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona confirman a EL PERIÓDICO que el origen del desahucio son unas obras en la cocina del inmueble, una vez el bloque cambió de manos en 2010. La nueva dueña accedió a efectuar los trabajos, que la inquilina consideró siempre mal realizados, y le pasó a Blanca una factura de 88 euros. El pequeño importe quedó impagado y en lugar de intentar cobrar este importe por vías ordinarias, acudió directamente a la justicia. Un tribunal dio la razón a la propiedad y liquidó el contrato de renta antigua de la inquilina, de 300 euros mensuales. No ha vuelto a tener contrato, confirma el consistorio.
El pasado mes de noviembre, cuando el caso saltó a la palestra, “la propiedad accedió por primera vez a negociar un acuerdo de pago de cuotas” a precio de mercado para prolongar la estancia en precario unos meses. Para ello, el consistorio había propuesto a la propiedad, según indican fuentes municipales, “proporcionar una ayuda de emergencia social” de 1.000 euros a nombre de la mujer pero abonada directamente a la titular del piso. El objetivo era que Blanca “pudiera quedarse” en su casa un tiempo más, ya que “durante 2024 podrá optar a la adjudicación de una vivienda con servicios para gente mayor”, apunta el consistorio. El plan respondía a “la demanda de garantías de cobro que hacía la propiedad”.
Sin embargo, aducen los mismos portavoces, la dueña del inmueble exigió un aval para formalizar el acuerdo y “el Ayuntamiento no puede avalar pagos de terceros”. Así las cosas, con la llegada de la fecha límite, la comitiva ha acabado visitando a Blanca para desalojar el piso.