“Preferimos el riesgo de que en un momento dado se pueda considerar que la ley no es constitucional, a dejar gente abandonada a sabiendas”. Bajo esta justificación, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha argumentado el voto contrario de su partido en la votación de la ley de amnistía del pasado martes. Ahora el texto volverá a la comisión de justicia, donde se podrán introducir modificaciones. Pero, de momento, el PSOE solo se abre a “retoques técnicos” y considera “inconstitucionales” las enmiendas de Junts, que quieren que la ley incluya a todo el mundo -englobando el terrorismo y la alta traición- y que sea de aplicación inmediata.
Borràs se ha expresado de esta manera en una entrevista en SER Catalunya, donde ha querido negar que se trate de un movimiento para intentar blindar al expresident Carles Puigdemont, si no de asegurarse de “salvar” a “todos” los represaliados, una cifra que ha situado cerca de las 4.000 personas. “Lo que tiene nombre y apellidos son los indultos, la ley de amnistía no tiene nombres”, ha defendido.
En este sentido, se ha preguntado dónde se debe poner el “límite” de quién entra y quién no entra en la amnistía y ha defendido una ley con “carácter omnicomprensivo”. “¿Quién se siente con la superioridad moral para decir tú sí, tú no?”, se ha preguntado la líder de Junts, que ha defendido que su partido es “inconformista”, dando a entender que -a su parecer- ERC no lo es por haber aceptado el redactado de la ley que se sometió a votación el pasado martes.
Con todo, Borràs ha rechazado que se equivocaran durante la negociación de investidura, cuando se cerró el texto de la norma con el PSOE, y ha culpado de la situación actual a los “movimientos de los jueces”, con quién ha sido especialmente dura, acusándoles de querer “interferir” y “torpedear” la aplicación de la amnistía. Sin embargo, y a pesar de que ha querido dejar claro que Junts no es “socio” del PSOE más allá de la investidura, ha evitado dinamitar puentes con los socialistas y se ha emplazado a seguir trabajando para llegar a un acuerdo.
Casol y Madaula
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Más allá de la amnistía, Borràs ha evitado pronunciarse sobre las últimas crisis de Junts per Catalunya, alegando que son “cuestiones internas” que no deben despacharse a través de los medios de comunicación. Preguntada específicamente por la expulsión de la diputada Cristina Casol, tras presentar una denuncia contra el grupo parlamentario por acoso que el Parlament no pudo acreditar, Borràs ha hablado de una “situación compleja” y de “procesos dolorosos”, pero ha defendido que su “obligación” es la de “mantener la confidencialidad de los procesos internos”. Tampoco ha querido pronunciarse sobre el caso de Aurora Madaula, que sigue de baja tras denunciar públicamente -y más tarde ante la Oficina de Igualdad- una situación similar.
“Yo he combatido el machismo allí donde me lo he encontrado”, se ha limitado a decir, sin aclarar si considera que se trata de casos de esta índole. Las dos diputadas son consideradas del sector afín a Borràs, en permanente choque con el sector liderado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, que considera que se trata denuncias interesadas por motivos políticos y les atribuye un uso fraudulento del feminismo.
Finalmente, Borràs se ha pronunciado sobre la marcha del exconseller Miquel Sàmper del partido por discrepancias con la negociación de la ley de amnistía, avanzada por La Vanguardia. Borràs considera que se trata de una “decisión personal”.