Seis cazadores españoles permanecen retenidos en Turquía tras ser acusados de herir a una persona durante una batida de caza. El fiscal del caso mantiene la acusación aunque la persona presuntamente herida ya ha retirado la denuncia tras llegar a un acuerdo económico con los cazadores. Los afectados denuncian que no hay pruebas de que esa persona resultara herida por sus disparos y afirman que el informe médico habla de una lesión de “origen indeterminado”.
Carlos Soto Linares, Enrique de la Riva Andrés, Francisco José López Rodríguez, Francisco Javier Soto García, Juan Claudio Jarillo Gómez y Luis Matías García Casero viajaron a Turquía el pasado 30 de enero con la idea de estar de vuelta en España el 4 de febrero. No fue así, el viaje de caza organizado por la empresa Wild hunting in Turkey se torció. Y a día de hoy siguen retenidos en Estambul.
“Las primeras jornadas de caza, días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, trascurrieron con normalidad, pero la pesadilla comenzó el 3 de febrero”, ha explicado uno de los afectados a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Ese día, una hora después de comenzar la batida, el cazador Enrique de la Riva pudo observar con sus prismáticos cómo dos personas, varones jóvenes armados con rifles, caminaban a unos 280 metros de su puesto.
Inmediatamente, por las emisoras de que disponían, “se dio aviso a todos los implicados en la batida (cazadores, miembros de la organización y representantes del Gobierno turco), y se interrumpió la caza por motivos de seguridad“, según el relato de los cazadores. Estos dos individuos se dieron la vuelta y desaparecieron en cuanto se percataron de que habían detectado su presencia.
Pasado un cuarto de hora, momento en que finalizaba la batida, los organizadores recogieron de los puestos a los cazadores y se personaron en el lugar hasta tres coches de la Policía. Los agentes les informaron de que había un herido, debían entregar las armas y tenían que acompañarlos al cuartel. Los cazadores españoles, sin embargo, explican que no vieron a ningún herido y que tampoco tuvieron indicio alguno que indicase la presencia de una ambulancia en la zona próxima al lugar de la batida.
Una vez en el cuartel de la Policía, entregaron las armas. Allí tuvieron que pasar una noche en espera de que un intérprete les asistiera para declarar ante la fiscalía y, posteriormente, ante el juez. Ese mismo día 4 de febrero, el juez decidió dejarles en libertad, sin retenerles sus pasaportes, pero con la obligación de presentarse cada 7 días en la comisaría del lugar donde se hallasen. Esta decisión judicial se vio avalada por la “existencia de dos informes policiales” en los que se establece, según indican los cazadores, que “resulta imposible su participación en el supuesto accidente”.
Los cazadores españoles aseguran que al supuesto herido “se le realizaron dos exploraciones médicas para conocer su situación clínica, de las que no se puede concluir que haya sido herido por una bala”. De hecho, según les comunican, la presunta víctima estuvo ingresada cuatro días en el hospital con una herida de “origen indeterminado”. “Desconocemos si se trata de una herida de bala, ya salió del hospital y está fuera de peligro”, ha explicado a este diario uno de los afectados, preocupado por la imposibilidad de salir del país y por su puesto de trabajo, en peligro por llevar ya un mes sin poder salir de Turquía.
A la espera
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha informado a este medio de que tienen conocimiento del caso “desde el primer momento” y que “la Embajada ha hecho todo lo posible para asistir a los afectados”. Pero, a pesar de que fueron las gestiones de la Embajada las que consiguieron sacarles del centro de detención, “se trata de un procedimiento judicial bajo competencia de autoridades locales”.
De hecho, este grupo de españoles se puso en contacto con el consulado español y, posteriormente, con la Embajada de España en Turquía. Según afirman, recibieron de ambos toda la atención y apoyo, poniendo el propio embajador, Francisco Javier Hergueta Garnica, todos los medios a su alcance para intentar dar solución a esta situación, ya que, “no pesa sobre ellos delito, solo prohibición de abandonar el país”, según ha confirmado el propio ministerio a este diario.
Incluso, la propia Embajada de España puso en contacto al grupo de españoles con el despacho Martínez-Echevarría, con sede en Estambul, cuyo socio Juan Antonio Viñuales se hizo cargo del caso.
En los días posteriores, tuvieron lugar una serie de vistas en el juzgado de Malatya, al que acudieron los abogados de ambas partes. Los letrados de los españoles solicitaron que, en caso de ser considerados civilmente responsables, se les fijara una fianza para poder abandonar el país.
El juzgado, sin embargo, denegó el pasado 24 de febrero la imposición de una fianza. “Sin justificación alguna”, aseguran a este diario los cazadores, que finalmente abonaron lo que ellos consideran una “extorsión con consentimiento del fiscal para que el supuesto herido quitase la demanda y se levantaran las medidas cautelares”. Pero no fue así. Pese a indemnizar al supuesto herido para que retirara la denuncia, el fiscal ha seguido adelante con su acusación y ellos permanecen retenidos. “Desconocemos la inquina y el motivo por el cual han seguido con el proceso”, denuncian.
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Los cazadores consideran que tras abonar la indemnización pactada al presunto herido, la fiscalía tendría que haber archivado el caso y levantar las medidas cautelares, pero 48 horas después de la retirada de la demanda contra ellos, los cazadores españoles siguen retenidos en Turquía sin saber por qué ni cuándo la fiscalía archivará la causa.