Una víctima de las devoluciones en caliente en El Tarajal (Ceuta) en 2014, en la que murieron 15 inmigrantes subsaharianos, ha presentado una queja ante la ONU contra España alegando “una letanía de fallos” en la investigación de los hechos después de que el caso se archivara finalmente en 2022.
Ludovic N. tenía 15 años cuando agentes de la Guardia Civil le golpearon y lanzaron botes de gas lacrimógenos contra él mientras trataba de cruzar la frontera marítima entre Marruecos y España en Ceuta, según ha informado este miércoles el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), que apoya al joven en su demanda.
El entonces menor no acompañado fue detenido y devuelto a Marruecos junto a otros 22 compatriotas y “se le impidió testificar durante los ocho años que duró la investigación”, según ha denunciado la ONG, con sede en Berlín (Alemania).
La queja presentada ante el Comité contra la Tortura de la ONU alega múltiples violaciones de la Convención contra la Tortura y se basa en los malos tratos sufridos, su expulsión y la falta de investigación pronta e imparcial de su caso.
Según ha relatado la ONG, aquel 6 de febrero de 2014, Ludovic, que tenía entonces 15 años, se puso un flotador porque no sabía nadar y empezó a avanzar agarrándose al espigón con una mano y remando con la otra.
Oyó disparos y gritos y vio a agentes de la Guardia Civil disparando pelotas de goma y lanzando botes de gas lacrimógeno a sus compañeros que estaban en el agua.
Uno de ellos le golpeó en el brazo con una porra con tal fuerza que le desgarró la piel, pero el joven continuó avanzando, a pesar de que le sangraba el brazo y le costaba respirar a causa del gas utilizado.
Cuando llegó al lado español, la Guardia Civil le detuvo de inmediato, y según el relato del joven, no fue identificado ni se le ofreció asistencia médica o jurídica ni intérprete, sino que le escoltaron inmediatamente junto a otras personas a través de una puerta en la valla fronteriza de vuelta a Marruecos.
“Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos”, ha lamentado Ludovic, que ahora vive en Alemania, en un mensaje difundido a través de la ONG.
La organización denuncia que en aquel caso no se identificaron los cadáveres, no se tomó declaración a los supervivientes, se impidió a las familias de las víctimas personarse en los procesos judiciales españoles y las autoridades se negaron a oír el testimonio del joven, “ignorando sus derechos como víctima y arrebatándole la posibilidad de que un juez español examinase su caso”.
El Juzgado de instrucción número 6 de Ceuta archivó a finales de octubre de 2019 la causa contra los 16 agentes acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio por la muerte de los inmigrantes que trataban de llegar a Ceuta.
Un año después, la Audiencia de Cádiz avaló esta decisión al afirmar que el uso del material antidisturbios empleado ese día por los guardias civiles fue “adecuado y proporcional” a las circunstancias y a lo permitido, un fallo que respaldó más tarde el Supremo.
En junio del año pasado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra el archivo de la causa, que está pendiente aún de resolverse.