El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más en la persecución de contra los propietarios de inmuebles que incumplen la normativa de vivienda y turismo de forma reincidente en la ciudad. Así, impuso una multa de 420.000 euros a los representantes de la propiedad de un edificio situado en el número 24 de la calle Ample, en Ciutat Vella, que alquilaba 14 pisos, casi todos los alojamientos del inmueble, a turistas de forma irregular.
Tras meses de investigación de inspectores municipales del Distrito de Ciutat Vella y de la Guardia Urbana, se constató que los propietarios del edificio evitaba expedientes y sanciones del Consistorio alegando que alquilaba viviendas aparentemente de forma legal con contratos de larga duración a inquilinos concretos, aunque en realidad eran turistas que se quedaban, por poco tiempo, en estos apartamentos.
De esta forma, la propiedad evitaba el expediente al finalizar el contrato de alquiler o cambiando de titular, una vez vencía la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador municipal. El Ayuntamiento de Barcelona señala que los propietarios del inmueble alquilaban 14 alojamientos turísticos en plataformas como Booking y Airbnb sin ninguna autorización para esta actividad.
Desde 2018 los inspectores municipales abrían expedientes y pedían que se desactivasen los anuncios de las dos plataformas, aunque constataron que se volvían a publicar con nuevas fotos y nombres de anfitriones diferentes. El propietario alegaba que desconocían si sus inquilinos usaban los pisos para realquilarlos a turistas y que se consideraba “engañado”.
Investigación compleja
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Sin embargo, tras acumular varias pruebas en abril pasado una acción conjunta entre inspectores municipales y la Guardia Urbana constató que en el edificio, formado por una planta baja y cuatro de altura, había 14 de 15 pisos ocupados por turistas, sin contar con la licencia correspondiente, mientras que en la vivienda restante residía una inquilina de renta antigua que se encargaba de gestionar las entradas y salidas de los alojamientos turísticos ilegales así como la entrega y recogida de llaves.
El Ayuntamiento de Barcelona lo considera una “acción muy grave” y por eso sanciona con 420.000 euros a la propiedad por tener una actividad “organizada para esquivar a la administración y usar de forma fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias” por actividad turística. Además, afea al sancionado que comerciase con el único piso de renta antigua al incorporar a su inquilina “en la gestión turística del inmueble”.
Junto a la multa se informa a la Agencia Tributaria de la actividad ilegal y del beneficio económico de la propiedad por si debe iniciar acciones de inspección fiscal. El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, consideró que se trata de una “red delincuencial”, ya que la actuación del propietario es una “auténtica estafa” y que por eso la sanción es “ejemplar”.
Persecución “impecable”
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“Era un tema que perjudicaba gravemente al resto de vecinos de la zona” destacó Batlle quien afeó la “complicidad entre la inquilina de renta antigua y el propietario”, ya que “lo que se había ido produciendo es una expulsión continuada de los residentes” de este inmueble. Por eso espera que la sanción sea “ejemplarizante” y convierta en “un aviso de que no se permitirá ninguna actuación de este tipo para los que tengan tentaciones de hacerlas” puesto que el Consistorio “será implacable en el cumplimiento de la normativa”.
Batlle añadió que hay varias investigaciones similares abiertas y destacó “hemos adquirido una experiencia” en la detección de casos concretos de viviendas turísticas ilegales caso por caso, por lo que remarcó que “estamos más preparados para afrontar acciones parecidas” como las del inmueble de la calle Ample que encontraron durante años “rendijas legales para hacer negocio ilegal con la vivienda y el turismo a la ciudad”.