La defensa de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que exige una investigación interna. Su equipo legal sospecha que un mando de la Guardia Civil pudo haber consultado datos sobre él antes de que existiera una causa judicial abierta, lo que, según sostienen, vulneraría la normativa penal al tratarse de una indagación sin base previa.
[–>[–>[–>El agente señalado es el capitán Juan Vicente Bonilla García, quien durante años ocupó un puesto clave en la Unidad Central Operativa (UCO) como responsable de gestionar la información proporcionada por colaboradores confidenciales. Desde 2023 desarrolla funciones de seguridad corporativa en los centros sanitarios de Madrid. La defensa aporta a la causa una serie de mensajes intercambiados por Bonilla con uno de sus informadores, un empresario investigado por fraude fiscal en el sector de los carburantes.
[–>[–>[–>Esas comunicaciones, fechadas entre 2020 y 2021, describen a “Koldo del PSOE” como parte de una posible trama relacionada con contratos públicos, mucho antes de que la causa se dirigiera formalmente contra García y Ábalos. Los abogados del exasesor interpretan estos mensajes como una prueba de que se rastrearon datos de forma temprana y sin indicios sólidos, algo que consideran contrario a derecho.
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Indicios delictivos por compra de mascarillas
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Según el escrito de la defensa, se trataría de una “investigación prospectiva”, práctica conocida como “expedición de pesca”, en la que se busca información sin un objetivo penal concreto. Mientras esos intercambios tenían lugar, el grupo popular en la Asamblea de Madrid había comenzado a recopilar información sobre adjudicaciones de la Administración central durante la pandemia, que después trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.
[–>[–>[–>Fue en octubre de 2022 cuando la Fiscalía detectó indicios delictivos en varios contratos por la compra de material sanitario, principalmente mascarillas, por un valor superior a 40 millones de euros. Ese dinero procedía, en gran parte, del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. En septiembre del año siguiente, la Audiencia Nacional admitió una querella donde aparecen señalados García y el empresario Víctor de Aldama, ya investigado por un presunto fraude millonario vinculado al negocio de los hidrocarburos. Para entonces, Bonilla ya había dejado la UCO.
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La defensa pide que se analicen a fondo las consultas realizadas en las bases de datos policiales para determinar quién accedió a información relacionada con García y cuándo lo hizo. También solicita rastrear posibles búsquedas en registros mercantiles, información bancaria o catastros. Su propósito es esclarecer si hubo un seguimiento irregular que anticipara una investigación judicial que aún no existía.
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