16 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta. Es lo que piden la fiscalía y la acusación particular para un auxiliar administrativo del Hospital Universitario de Badajoz por presuntamente haber consultado hasta 384 veces sin permiso datos clínicos de cuatro familiares de su mujer: su cuñado, la esposa de este y los dos hijos de la pareja, uno de ellos aún menor de edad cuando se realizaron algunas de las consultas.
Las acusaciones le imputan cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos y solicitan que sea condenado a 4 años de prisión por cada uno de ellos, así como al pago de una de 24 meses con cuota diaria de 6 euros. En el caso del ministerio público, reclama que el matrimonio y uno de los hijos sean indemnizados con 6.000 euros, cantidad que la acusación particular, en manos de Manuel Villalón, eleva a 7.000 euros para los cuatro miembros de la familia.
El abogado de los denunciantes, además, acusa al Servicio Extremeño de Salud (SES) como responsable civil subsidiario, al entender que de este depende la custodia y acceso a la documentación clínica de los pacientes.
Los hechos, según las acusaciones pública y particular, tuvieron lugar entre 2017 y mayo de 2022 (la denuncia se interpuso en septiembre de 2019), cuando el investigado, que prestaba servicios de auxiliar administrativo en el servicio de admisión de Urgencias del Hospital Universitario, “aprovechando” su puesto y los instrumentos informáticos de los que se le había dotado, accedió reiteradamente al sistema Jara “con la intención de conocer datos médicos y de salud” relativos a los cuatro parientes de su esposa, “sin conocimiento ni autorización de los mismos y sin motivo asistencial que lo justificara”.
Disputas familiares
Así, en sus escritos de calificación provisionales, señalan que el acusado, que no mantenía relación con los denunciantes desde el 2017 por “disputas familiares”, accedió al historial de su cuñado a través de la funcionalidad ‘Gestión del paciente’ en 3 ocasiones y mediante la ‘Agenda del paciente’ hasta en 105. En el caso de la esposa de este, las consultas fueron 2 y 31, respectivamente.
Al historial de la hija de la pareja presuntamente lo hizo, de igual manera, en 21 ocasiones accediendo a ‘Gestión del paciente’ y 150 veces, a ‘Agenda del paciente’ (14 entradas cuando esta era aún menor de edad, según precisa la acusación particular). Y al del hijo, en 3 y 69 veces, respectivamente.
Dos de los denunciantes presentaban trastornos psíquicos y tenían seguimiento en Salud Mental. La fiscalía sostiene que las reiteradas consultas a sus historiales por parte del investigado provocaron en su cuñado, su esposa y la hija de ambos “quebranto anímico, con sentimientos de frustración, zozobra e impotencia, compatibles con el daño moral”.
A su mujer y a su suegra
La acusación particular extiende los perjuicios causados a los cuatro miembros de la familia, sin que consten -salvo en una ocasión en el caso de la hija cuando aún era menor de edad- entradas en el Hospital Universitario a través del servicio de admisión de Urgencias donde trabajaba el investigado.
Según su abogado, este último confesó “que revelaba los distintos accesos a su mujer y a su suegra, familiares de los perjudicados con los que no tenían relación alguna”.
Esto causó “una honda preocupación y turbación en el ánimo familiar, provocándoles un daño moral evidente”, señala su letrado, al no entender “esa obsesión” del denunciado y desconocer “el uso que pueda haber hecho de la información a la que haya tenido acceso”.
Sin embargo, la defensa rechaza el relato de los hechos que hacen las acusaciones pública y particular. En su escrito, su abogado, José Antonio Casas, reconoce la condición de funcionario público de su representado y que realizara consultas al sistema Jara del SES, pero niega que en su condición de auxiliar administrativo tenga acceso a “datos sensibles” de los denunciantes y que hiciera uso de ellos, por lo que solicita su libre absolución.
Según esta parte, la entrada al historial de su sobrina política data de abril de 2016 y en el caso de los otros tres miembros de la familia son de septiembre de 2017.
Relación “estrecha”
La defensa contradice que, como sostienen los denunciantes, la relación con el denunciado y su familia fuera inexistente desde hacía 7 años, y asegura que en 2016, 2017 e incluso 2018 “no solo no era mala, sino, muy al contrario, estrecha, plena y satisfactoria”. En este sentido, explica que su cuñado le transmitía a él mismo, a su esposa (hermana del primero) y a la madre de ambos “la situación delicada que atravesaba su hija”, que le afectaba a él mismo, a su otro hijo y a su mujer.
Asimismo, el abogado del investigado afirma que en la denuncia se “silencia” que la relación familiar “se vicia y malogra” debido a la “gestión interesada” que su cuñado realiza en las empresas familiares “en perjuicio” del resto de socios, que eran su madre y su hermana, lo que llevó a que el denunciante saliera de la sociedad y se firmara un documento en el que se le exoneraba de responsabilidad.
A pesar de ello, según la defensa, la relación entre ambas partes no se rompió en ese momento, pues la madre hacía “de vínculo común” y conocía los problemas de la familia del denunciante, que muchas veces requerían de intervenciones facultativas en Urgencias, “donde el denunciado trabaja en guardias de 24 horas y donde en ocasiones han coincidido, los primeros como demandantes del servicio y el segundo, como personal que les atendía”.
En este sentido, añade que le pedían ayuda en relación las patologías médicas del denunciante y su hija, solicitándole consejo sobre profesionales, unas demandas que “han quedado registradas en mensajes de telefonía móvil y en sus publicaciones en redes sociales”.
Publicaciones en redes “sin mucho reparo”
A este último respecto, la defensa señala que el denunciante “lejos de defender su intimidad y la de su hija en asuntos de esta importancia y delicadeza, publicaba en redes sociales la situación sin mucho reparo”.
Por su parte, el SES muestra su disconformidad con los hechos en cuanto que se plantea su posible responsabilidad civil subsidiaria en esta causa. Así, la Abogacía General de la Junta de Extremadura defiende que se han tomado “todas las medidas necesarias” para lograr que los usuarios del sistema Jara tengan, por un lado, “limitaciones en el acceso a los íntimos del paciente” y, por otro, conozcan las responsabilidades derivadas de un uso indebido.
Con “la diligencia debida”
Por ello, sostiene que la Administración ha obrado “con toda la diligencia debida” para que se produzcan los hechos que van a ser juzgados y recuerda que los usuarios de este sistema son “los únicos responsables” de las sesiones iniciadas en la red intranet corporativa desde sus terminales de trabajo.
El juicio por estos hechos está previsto el próximo 10 de septiembre en la Audiencia Provincial de Badajoz.