La exconsellera de Justicia e Interior y máxima responsable de las emergencias durante la fatídica jornada del 29 de octubre en la que perdieron la vida 228 personas se ha escudado en su falta de experiencia para justificar las decsiones, o la falta de ellas, que se adoptaron tras las graves afecciones de la dana en cuatro comarcas de la provincia de Valencia.
Pradas ha informado al inicio de su declaración, que ha comenzado a las 10.15 horas, que sólo iba a contestar a las preguntas de su abogado. En los primeros compases de su comparecencia ha comenzado a llorar, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. También ha llorado al acceder a la Sala Tirant I, donde se celebran las declaraciones, debido al elevado número de partes personadas en la causa. Pradas también se ha escudado en que sólo llevaba tres meses en el cargo, lo que explica su inexperiencia en este tipo de situaciones.
La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas está investigada en la causa de la dana desde el 10 de marzo. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 228 fallecimientos tras la dana del 29 de octubre, decidió citar a declarar a Salomé Pradas y Emilio Argüeso, consellera de Justicia e Interior y secretario autonómico de Emergencias, como máximos responsables del mando único que gestionó la emergencia de la jornada.
En el auto en el que imputó a ambos responsables de la Generalitat la jueza argumentó que el aviso a la población por el sistema EsAlert remitido a las a las 20.11 horas del 29 de octubre “fue tardío y erróneo”. Recordaba, asimismo, que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia estatal de meteorología (Aemet), “hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades”.
La magistrada también descartó el supuesto “apagón informativo” esgrimido por la Generalitat para justificar las decisiones de Emergencias adoptadas el 29 de octubre. “La convocatoria del Cecopi se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor”, señala la magistrada en su auto.
Tomar la decisión
“No era necesario contar con el asentimiento o conformidad de hasta 29 personas que integraban el Cecopi. Simplemente tomar la decisión de avisar a los ciudadanos que podían verse afectados”. Y advirtió que “la instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta juez instructora, de por qué no se indicó a la población de que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos”.
Porque, señaló la magistrada, “los anuncios de la gravedad de la situación se produjeron en diversos ámbitos y con una antelación suficiente”, relata la jueza Nuria Ruiz Tobarra: “La Aemet, a través de los oportunos avisos en los días previos y el mismo día 29 de octubre de 2024; las llamadas del 112. Hasta un total de 19.821 llamadas se produjeron aquel día; los medios de comunicación, quienes fueron informando de manera clarísima sobre la evolución de la dana; y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): “El acceso a la información se podía efectuar a través del sistema integrado SAIH (Sistema automático de información hidrológica), así como los correos electrónicos”.
Descartó apagón informativo
Sobre el presunto “apagón informativo” argumentado por la Generalitat la jueza de la dana aseguraba: “No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica [como intentaba una querella de Hazte Oír]nor practically all the managerial positions or not of said agency. Beyond the remission of emails between 4:13 pm and 6:43 pm that reported on the flow, the information provided by the SAIH has to be addressed. “
Para la magistrada, sobre lo sucedido el 29-O “el problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o AEMT) o autonómica (el 112 Comunitat Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supieran por donde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”. Por ello, concluye la magistrada “Las circunstancias del retraso deberán ser averiguadas”.
Pradas, la máxima autoridad para adoptar medidas
Sobre la justificación para citar a declarar a Salomé Pradas, la jueza Nuria Ruiz Tobarra señaló que tenía atribuido como máxima autoridad “el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población”. Respecto a su número dos, el secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, la magistrada apuntó que es necesaria su declaración dada su “relevancia orgánica y por ende decisoria”. Sin embargo, rechazó citar a otros querellados como el director general de Emergencias, una jefa de servicio, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y el presidente de la CHJ.