Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en la causa contra Begoña Gómez en relación con los contratos que le fueron adjudicados por la entidad pública Red.es –dependiente del Ministerio para la Transformación Digital–, ha reaccionado al informe de la Intervención General del Estado que apunta a la existencia de fraude de ley en la tramitación de dos expedientes concretos que investiga la Fiscalía Europea. Dice reaccionar ante las “continuas filtraciones de información y el escarnio público” al que se ha visto sometido tras la difusión del informe.
En un comunicado hecho público este martes, desde el Grupo Barrabés se señala que el informe “contiene numerosas opiniones y valoraciones de carácter subjetivo” y además no se compadece con las declaraciones prestadas por más de 25 personas, tanto integrantes de Red.es como representantes de empresas competidoras en dichas licitaciones, que han comparecido en la investigación realizada por el perito de Hacienda y según esta parte “han avalado la regularidad de los procesos en los que la UTE resultó adjudicataria”.
Los mismos criterios desde 2011
La nota añade que Red.es ha venido aplicando desde el año 2011 los mismos procesos de licitación, valoración y adjudicación que se observaron en las adjudicaciones a la UTE cuestionada, que integraba la empresa de Barrabés Innvova Next S.L.U. y The Valley Digital Bussines Bussines School.
Concretamente, tal y como se indicó este lunes desde la propia Red.es, se han aplicado estas mismas normas específicas a más de 1.600 licitaciones “adjudicadas a distintas empresas, entidades y grupos, incluso en otros lotes de los mismos expedientes investigados, a los que no licitó la UTE y de los que otras entidades resultaron beneficiarias”, añade el Grupo Barrabés.
Añade que las fórmulas utilizadas en los pliegos en entredicho son frecuentes en la práctica contractual administrativa de la entidad pública empresarial Red.es y en otras administraciones públicas, sin que nunca antes hayan recibido ninguna tacha por el motivo razonado en el informe de la Intervención General, “del mismo modo que ninguno de los licitadores que no resultaron adjudicatarios impugnó su legalidad”.
Begoña Gómez, wife of Pedro Sánchez, during his appearance at the Madrid Assembly. / José Luis Roca
El informe alude a dos expedientes, uno relativo a la formación empleo juvenil para la economía digital y el segundo sobre un servicio de formación para personas desempleadas. En ambos recibió el apoyo de Begoña Gómez mediante cartas de apoyo que firmó como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la que el empresario participó como docente en la Universidad Complutense de Madrid.
Según los datos obrantes en el informe, los distintos contratos habrían sido adjudicados por un total de 8,45 millones de euros. Las ayudas europeas concedidas al primero de los proyectos ascendió a algo más de 4,3 millones, mientras que el segundo fue financiado con 472.000 euros.
“Este informe no ha comparado si las supuestas irregularidades que señala son práctica habitual en otros expedientes en los que empresas de Carlos Barrabés no han tomado parte”, agrega la nota, que también defiende que desde este grupo empresarial “siempre” han “respetado de manera escrupulosa la legalidad y transparencia de su actuación”, al tiempo que asegura que seguirá defendiéndose en sede judicial.
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