La guerra abierta que se originó en el seno del Gobierno de coalición entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz por la tributación del actual salario mínimo interprofesional quedará solventada este martes de manera definitiva. Tras un primer acuerdo entre ambas vicepresidentes, el Congreso debatirá y votará hoy una reforma acordada entre Haciendo y el BNG para que la deducción para que no tribute el actual SMI sea permanente y sea el Estado quien se haga cargo de los costes. A continuación, todas las claves:
En febrero, el Consejo de Ministros aprobó la subida del salario mínimo interprofesional a 1.184 euros brutos al mes (en 14 pagas), un incremento del 4,4% respecto a 2024. Esto supone 16.576 euros anuales, lo que supera en 700 euros el umbral exento de tributaciones, así los trabajadores que cobraran el SMI deberían afrontar retenciones de entre 230 y 300 euros anuales.
Sumar reclamó entonces elevar el mínimo exento para cubrir el nuevo SMI, pero Hacienda lo rechazó. El acuerdo intermedio fue una deducción en la cuota del IRPF, que permitiera eximir del pago este año a quienes cobran exactamente esa cantidad.
A finales de mayo, Hacienda reforzó ese pacto con una enmienda, acordada con el BNG, a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Con ella, la deducción deja de ser temporal y pasa a ser permanente, garantizando que los perceptores del actual salario mínimo no tributen en el futuro, siempre que su sueldo no supere los 16.576 euros anuales.
La reforma no eleva el umbral de tributación, sino que establece una deducción específica para quienes ingresen hasta esa cifra. Por tanto, si el salario mínimo vuelve a subir, la nueva cuantía sí estaría sujeta a IRPF, a menos que se apruebe otra deducción futura. Para suavizar el conocido “efecto escalón”, la deducción será decreciente: partirá de 340 euros para quienes cobren 16.576 euros y descenderá progresivamente hasta desaparecer a partir de los 18.276 euros.
La deducción será financiada íntegramente por el Estado. El cambio llega después de que varias comunidades autónomas protestaran por las desigualdades generadas por las deducciones autonómicas en función del territorio. Según cifras ofrecidas por Montero a finales de marzo, compensar a los trabajadores que perciben el SMI costará al Estado algo más de 200 millones de euros anuales.
La reforma a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, donde se ha introducido este cambio, se votará este martes en el Congreso tras su vuelta del Senado. El Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Además, el PP también está de acuerdo con este cambio, ya que durante la tramitación en la Cámara Alta no ha hecho modificación alguna.
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