La sentencia que condena a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación política por desvío y malversación de fondos públicos ha provocado un verdadero terremoto en Francia, obligando al Consejo Superior de la Magistratura a emitir un comunicado expresando su “preocupación por las reacciones virulentas”, considerándolas “susceptibles de poner en grave peligro la independencia de la autoridad judicial“.
El debate político generado tras el anuncio de las penas del Tribunal de París no se centra sobre si la líder del partido ultra Reagrupación Nacional (RN) es inocente o no, sino más bien, sobre si debería quedar inhabilitada de inmediato o si deberían ser los ciudadanos quienes la juzguen con su voto. “La decisión de destituir a un representante elegido debería corresponderle al pueblo”, criticó el fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, en la red social X. También, el diputado de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, lamentó “una decisión excepcional” y “poco saludable en una democracia”.
Sin embargo, según su entorno más cercano, Marine Le Pen sigue “combativa”, y tal y como ha anunciado este lunes su abogado, se espera que presente una apelación, lo que le otorgaría ciertas posibilidades de mantenerse todavía en la política francesa.
Estas son las claves del caso que ha sacudido la política francesa:
Las primeras consecuencias para Marine Le Pen están claras: la líder ultra queda inhabilitada de la política desde este lunes hasta los próximos cinco años. Sin embargo, existen ciertos matices en esta decisión.
Le Pen conservará su escaño como diputada en la Asamblea Nacional, siempre y cuando no haya una disolución anticipada de la Cámara. En ese caso, no podría volver a postularse como diputada. Además, no existe ninguna disposición que le impida formar parte del gobierno si Reagrupación Nacional gana las presidenciales en 2027. Según la ley francesa, una inhabilitación le impide postularse a cargos electos, pero no a ser designada como ministra o primera ministra, ya que es el presidente de la República quien elige al ejecutivo y no los electores. Por lo tanto, aún tendría una oportunidad para mantenerse en la primera línea de la política francesa.
Antes de llegar a ese escenario, Le Pen presentará un recurso al veredicto dictado este lunes. Sin embargo, esta procedimiento no suspende la ejecución de la sentencia. Si fuese absuelta en segunda instancia antes de que se convoquen los comicios presidenciales, podría presentarse como candidata al Elíseo. No obstante, esta opción es poco probable dada la severidad de la sentencia dictada por la jueza, Bénédicte de Perthuis, quien remarcó que Le Pen estaba “en el centro” de un “sistema organizado”, heredado de su padre.
La sucesora política de Jean-Marie Le Pen ha sido declarada culpable de malversación de fondos públicos, y sobre este tipo de condenas, la ley francesa es tajante. De ahí, que la situación más viable que se plantea a partir de ahora, es que el Tribunal de Casación confirme la sentencia, poniendo fin a la posibilidad de que Marine Le Pen pueda participar en las próximas elecciones presidenciales.
Tras el revés judicial, Reagrupación Nacional se reunió este lunes en un gabinete de crisis en la sede del partido para trabajar en una nueva estrategia, ya que la condena no solo afecta a la líder, sino también a una veintena de diputados y asistentes. Algunos de ellos son figuras clave de la formación, como el alcalde de Perpinyà y vicepresidente de Reagrupación Nacional, Louis Aliot, condenado a 18 meses de prisión, de los cuales deberá cumplir seis con brazalete electrónico, además de tres años de inhabilitación sin ejecución inmediata. En su caso, el tribunal no ha querido imponer una inhabilitación inmediata, dada la cantidad relativamente pequeña de malversación de fondos que cometió y la corta duración de su contrato.
Entre los condenados también se encuentra Nicolás Crochet, contable de RN y mano derecha de Jean-Marie Le Pen, que desempeñó un “papel central” en la trama de los falsos asistentes parlamentarios, según la justicia, y la hermana de Marine, Yann Le Pen, que ha sido declarada culpable con un pena de 12 meses de prisión y dos años de inhabilitación.
Ahora, el partido no solo deberá reestructurar su cúpula, sino también convencer a los votantes que quedaron huérfanos de Marine Le Pen de que Jordan Bardella, a sus 29 años, está preparado para ser el candidato ideal a la presidencia de Francia. “Marine es RN. Jordan Bardella aún es muy joven para ser presidente”, afirmaba este lunes para la televisión nacional una vecina del pueblo Henin Beaumont, donde la líder fue elegida como diputada en 2017. Según un sondeo de Public Senat, el 33% de los franceses considera que la inhabilitación de Marine Le Pen podría ser una desventaja para RN porque les privaría de quien es su candidata natural, mientras que el 66% no cree que provoque un efecto negativo, ya que consideran que Bardella y Le Pen son igualmente apreciados.
El aspecto financiero se postula como otro de los grandes problemas para Reagrupación Nacional. A las condenas, se suman las multas impuestas por el tribunal, que no sólo están dirigidas a la líder y sus diputados, sino también al propio partido. La suma total de las penalizaciones podría ascender a varios millones de euros, poniendo entre las cuerdas el plan de Le Pen de que su partido pagase parte de estos gastos. Aunque esto no significa que la formación esté en bancarrota, sí que supone un importante revés.
Aún es pronto para saber si esta condena beneficiará electoralmente o no a la ultraderecha francesa, pero algunos partidarios ya han denunciado en las últimas horas “un golpe de Estado institucional”. “No podemos pensar que la justicia hace política. Eso es un error. (…) Recordemos que Jordan Bardella puede ser candidato y Marine Le Pen puede acompañarle. Su condena no es definitiva”, insistió el expresidente François Hollande, en un intento por calmar las tensiones durante una intervención en BFMTV.
El huracán Le Pen promete no pasar sin dejar rastro y el Gobierno lo sabe. “RN podría verse tentada a jugar con el caos“, teme el entorno del Ejecutivo. El primer ministro, François Bayrou, se mostró “preocupado por la condena”, así lo declaró su entorno a la AFP. Aunque la decisión en parte podría considerarse beneficiosa para el macronismo, los expertos del país apuntan a una posible agudización de la inestabilidad política de Francia, pero insisten en que “aún es pronto” para determinar sus efectos.
Después de que el partido ultra haya amenazado con la censura al Gobierno en varias ocasiones, esta situación podría acelerar el calendario y llevar al país no solo a una disolución de la Asamblea Nacional, si no a unas elecciones presidenciales anticipadas. Aunque desde el Gobierno insisten en que “no es necesario que se produzca este tipo de acontecimientos para que la espada de Damocles de la censura caiga sobre nuestras cabezas”, aseguraron para el medio Les Echos.
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