El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el proyecto de ley de Movilidad Sostenible. El proyecto, que forma parte de los objetivos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, retoma, así, su tramitación parlamentaria, después de quedarse en el aire tras la disolución de las cortes para convocar elecciones. El texto es el mismo que el aprobado en diciembre de 2022 y no incluye, por tanto, ni los peajes de las autovías ni tampoco ninguna referencia sobre la limitación de vuelos cortos con alternativa de menos de 2,5 horas en tren acordada entre PSOE y Sumar en el acuerdo de legislatura.
El pago por uso de las carreteras se eliminó de esta norma, junto al estudio para llevar a cabo este mecanismo, después de un acuerdo con la Comisión Europea para sustituirlo por un programa para fomentar el uso del tren como transporte de mercancías, según ha explicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la reunión de gobierno.
El objetivo del Gobierno es alcanzar el 10% de mercancías por tren de media antes de 2030, en línea con la Unión Europea, frente al 4% actual, según ha precisado Puente. Y la actuación regirá sobre tres ejes: desarrollar autopistas ferroviarias, bonificar los cánones que Adif cobra a los operadores por un periodo mínimo de cinco años y lanzar apoyos e incentivos al cambio modal de las mercancías de carretera y otras formas de transporte hacia el ferrocarril. En el primer caso, ha citado Puente las ayudas para la conexión Algeciras-Zaragoza; los corredores Atlántico y Mediterráneo o la ampliación del Puerto de Valencia, así como una nueva actuación “pronto en el Puerto de Barcelona“.
A lo que sí da pie el anteproyecto de ley de movilidad sostenible es a establecer peajes urbanos en los municipios al abrir la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones (ZBE) reguladas en la ley de cambio climático. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.
No hay ninguna referencia en el texto a la limitación de vuelos cortos con alternativa de menos de 2,5 horas que PSOE y Sumar acordaron impulsar en su acuerdo para formar Gobierno. Esta medida, si ambos partidos decidieran impulsarla, podría ser incorporada a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria, aunque el interés del Gobierno por esta medida no se ha vuelto a reactivar tras el anuncio y su impacto en España sería muy limitado al no afectar a los vuelos en conexión, como ocurrió en el caso francés, donde solo afecta a tres líneas.
Más inclusiva y digital
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El objetivo de la ley es lograr una movilidad más inclusiva, sostenible y digital. Así, se establece por primera vez el reconocimiento de la movilidad como un derecho de “toda la ciudadanía” de forma que las distintas administraciones deben garantizar que sea “accesible e inclusiva”, incluso en el ámbito rural. Y se busca promover alternativas atractivas al vehículo privado, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas de movilidad colaborativa o compartida. De hecho, la plataforma de viajes compartidos Blablacar ha celebrado que el Gobierno la retome ya que “incorpora la primera definición del modelo a nivel nacional y abre la posibilidad de su promoción”.
Además, en acercamiento a un futuro de ciudades inteligentes, se incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos para optimizar la toma de decisiones a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios. Y se recogen los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. El texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.
El cuarto pilar de la ley es la apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.
Planes en empresas
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Además, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Asimismo, se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad. A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.
A su vez, se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías, cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.