La llegada en masa de plantas de biometano -obtenido a partir de biogás generado reciclando residuos orgánicos, entre ellos los purines de cerdo- a numerosos municipios de zonas rurales de nuestro país ha levantado en armas a decenas de miles de vecinos que se oponen a estas instalaciones por las molestias, los malos olores y la “emisión de gases nocivos” que producen.
Solo en Castilla y León, en la actualidad, hay nueve proyectos que ya han sido aprobados y otros 42 están en marcha, si bien la patronal gasista Sedigás planea a nivel nacional un aluvión de cerca de 700 plantas en los próximos meses, en las que se invertirá un total de 12.000 millones de euros.
Un ‘boom’ que se produce después de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno el año pasado elevara el objetivo de producción de biogás en 2030 de 20 teravatios hora (TWh) cada año (lo que equivaldría a un mínimo de en torno a 6,5 TWh de biometano).
Reconocidas como medioambientalmente sostenibles
Este tipo de instalaciones están reconocidas y promovidas por la normativa europea y española como medioambientalmente sostenibles, ya que contribuyen a la economía circular y a la generación de energía renovable, pero en la llamada España vaciada, donde se contempla la instalación de la gran mayoría, su llegada genera un gran recelo, sobre todo después del aluvión de parques de energía eólica (molinos de vientos) y macrogranjas que han colonizado muchas comarcas en los últimos años.
Según la plataforma Stop Ganadería Industrial, ya hay más de 70 plataformas creadas en toda España para frenar las instalaciones de este tipo de plantas. En algunos casos, los proyectos se han parado, como en Lucillos (Toledo), Cubas de la Sagra (Madrid), Castropodame (León), o Fuentealbilla (Albacete), entre otros. En algunos casos, el Ayuntamiento se ha negado a aprobar el proyecto directamente; en otros se ha sometido a una consulta popular si se veía con buenos ojos seguir adelante con ellos, siendo fuertemente rechazados por los vecinos.
“Lo que hay es especulación e impacto ambiental”
“El ‘boom’ que hemos vivido en los últimos meses con las plantas de biometano tiene que ver con las subvenciones que vienen desde Europa para fomentar la descarbonización, pero no tienen nada de ecológico, lo que hay es especulación, impacto ambiental y muchos problemas en los pueblos”, denuncia Aurora Vilariño, portavoz de Stop Ganadería Industrial y Stop macroplantas en Castilla y León.
Plant for the production of Biomethane edar of Bens, A Coruña. / EPE
El biometano es un gas natural que se obtiene al depurar biogás, gas que se produce al descomponer materia orgánica (residuos vegetales, purines, estiércol, restos alimentarios y cualquier resto vegetal o animal, incluidos desechos industriales y lodos de depuradora) en ausencia de oxígeno. Al faltar el oxígeno, la materia orgánica fermenta y se descompone, produciendo gas que se recoge y se depura, para extraer la fracción del metano, el gas combustible que conocemos como ‘gas natural’.
“Estamos viendo”, aprecia Vilariño, que en los pueblos donde se ha instalado esta industria se producen “problemas de olores, contaminación, y también de salud, con problemas respiratorios e incluso cánceres”, ya que el “digestato”, que es el resultante del proceso en el que se entremezclan purines, lodos de depuradora o “cadáveres de animales en algunos casos”, entre otros elementos orgánicos, “es tóxico si no se trata; a veces se usa como fertilizante, lo que puede crear epidemias porque proviene de desechos de la ganadería extensiva, con fitosanitarios y antibióticos, por ejemplo”.
“Vertedero de residuos orgánicos”
En Pedrosa del Rey (Valladolid), los vecinos de la comarca tienen recogidas más de 1.300 firmas en Change.org en contra de planta de biometano impulsada por Libergia, y el Ayuntamiento de la localidad. “Este tipo de proyectos convierten nuestros pueblos en vertederos de residuos orgánicos, beneficiando únicamente a los especuladores y a los responsables de su implantación”, reza la petición de firmas, donde recuerdan que este proyecto, que se situaría a un kilómetro del casco urbano, provocará un “gran incremento de tráfico incesante de camiones pesados”.
Además, denuncian, tendrá un “impacto en la limpieza urbana, malos olores y proliferación de plagas” y provocará la contaminación del suelo, los acuíferos y la atmósfera, ya que “se generarían gases nocivos, como ácido sulfhídrico, dióxido de carbono, nitrógeno y nitratos, en forma sólida y líquida”. Desde la Plataforma se cree también que la planta supondrá un efecto llamada para la instalación de macrogranjas a su alrededor que surtan de deshechos a la planta.
En Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, en Ciudad Real, llevan semanas de movilizaciones ante la posible implantación de dos plantas de biometano, que se enmarca dentro del Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que las declara proyectos prioritarios.
Pork, which are used in biomethane plants, in a farm in Tarrega. / Ramon Gabriel
Alcaldes con opiniones opuestas
La actitud de cada uno de los consistorios es opuesta. Mientras el alcalde de Carrión, Dionisio Moreno, se ha comprometido a que los servicios técnicos y jurídicos estudien llevar a cabo las modificaciones legales para garantizar que la normativa urbanística refleje limitar estas plantas de forma clara y una consulta popular, la alcaldesa de Torralba, María Antonia Álvaro defiende el proyecto, asegurando que no será contaminante.
“Nosotros no tenemos residuos suficientes para una planta de 150.000 toneladas al año de residuos para procesar”, asegura Rafael Ruiz de Lira, doctor en Geografía y miembro de la plataforma de Torralba contra el proyecto, que se situaría a 1,4 kilómetros del núcleo urbano y “sobre el que no se ha dado información durante un año; se ha hecho con secretismo porque el proyecto se aprobó en junio”.
Desde la Plataforma aseguran que se han presentado una veintena de alegaciones al Gobierno regional, se ha pedido un informe a la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre el uso del agua e incluso recuerdan que estas dos fábricas pueden afectar al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
En Pinarejos (Segovia), tierra de pinares, los vecinos de la comarca andan revolucionados con la planta de biometano que impulsan Mapfre, IAM Carbonzero y Abante. El proyecto diseñado para Pinarejos, del que los vecinos han obtenido muy poca información, está pensado en el camino entre el núcleo urbano y Mudrián, a apenas dos kilómetros del pueblo.
Según explican los miembros de la plataforma, para acceder a la zona donde quieren ubicarla es necesario el tránsito de camiones por el casco urbano “entrando por la zona del colegio, causando peligro para los más pequeños y pasando por casas en dirección a las localidades de San Martín y Mudrián”. Los vecinos calculan que al producir 122.000 toneladas anuales “el tránsito de camiones va a ser de uno por cada 20 minutos”, que transportaran residuos de otros puntos de la región, ya que no hay macrogranjas por la zona.
Tambien hay plataformas creadas, entre otras localidades, en Herrera (Sevilla), donde se planea construir una planta a 1,5 kilómetros del núcleo urbano, en Oliver de Plasencia (Cáceres), en Santillán de la Vega (Palencia) o en Molina de Segura (Molina), donde la instalación se situaría a menos de 500 metros de viviendas.
Tres plantas en cinco kilómetros
Entre Milagros y Fuentecésped, en Burgos, se planea la construcción de tres plantas en “apenas cinco kilómetros”. “Los proyectos ahora mismo están en la Junta de Medio Ambiente para obtener el visto bueno final”, indica Vilarino, que añade que al menos en Castilla y León todavía no son considerados proyectos prioritarios. “Estamos en peligro de que ocurra en breve, que los consideren prioritarios como si fuera un colegio”.
Ante esta situación, desde la Plataforma Stop Ganadería Industrial y Stop macroplantas en Castilla y León aconsejan a los ayuntamientos “endurecer sus normativas urbanísticas para proteger al pueblo” porque aparte de los efectos negativos que generan “no dejan ningún impuesto apenas y tampoco generan empleo”.
“Huele a mierda”
Ahora mismo las provincias más afectadas por las plantas son Zamora y Salamanca. “Todos los días nos enteramos de proyectos nuevos, generando un problema enorme. No es que te hagan que quieras dejar el pueblo, sino que tu casa empieza a valer la mitad. Nos están echando del pueblo”, aprecia la portavoz de la plataforma, que afirma que la presión social ha conseguido en varios puntos de la comunidad que las empresas desistan de sus intentos.
Para Vilariño sería fundamental que se haga un plan territorial, urbanístico, desde la Junta de Castilla y León para dar orden a este aluvión de proyectos. “Es ridículo que estén a 700 metros de núcleos urbanos; no es compatible con la vida”. En una macroplanta que genere 300.000 toneladas, añade, a lo mejor a diario entran y salen de allí 100 camiones “un tránsito que además las carreteras de los pueblos no están preparadas para soportar, por no hablar de los olores a purines que van soltando. No puedes ni tender la ropa porque huele a mierda”.