De 21 condenados en el sumario instruido por la matanza de 11-M, transcurridos veinte años 18 están fuera de prisión sin que el el Estado pueda oficialmente seguir su paradero, sus actividades o su grado actual de implicación en la ideología o los intereses que les llevaron a participar en el mayor atentado terrorista de la historia europea.
Abdelmajid Bouchar y Rachid Aglif cumplieron penas de 18 años, y Rafá Zouhier, Mohamed Bouharrat, Hasán el Hasqui, Sael el Harrak, Hamid Ahmidan y otros cinco integrantes del grupo principal de condenados, castigos de entre 10 y 14 años sin que ninguno haya podido ser sometido por la Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado a libertad vigilada al salir de la cárcel.
El seguimiento especial postcumplimiento, con informes de periodicidad mínima de un año, se prevé ahora para cualquier condena de terrorismo o de violencia de género, pero la norma no es retroactiva: cuando estos pioneros del terrorismo yihadista oyeron el fallo de la Sección II de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún no se había revisado la ley.
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El 22 de junio de 2010 -seis años después de la matanza y con la mayoría de los condenados encerrados- entró en vigor una reforma del Código Penal que introdujo la libertad vigilada. Con la aplicación el código actual, el juez podría haber pedido el seguimiento de estos terroristas hasta diez años después de su salida de prisión, pero no se pudo aplicar sobre sentencias ya emitidas.
“No hacemos seguimientos que no sean legales”, confirma una fuente de la lucha antiterrorista, sin entrar en las operaciones en que sea necesaria alguna discreta observación. “No es frecuente que un yihadista condenado reincida”, matiza otra de esas fuentes.
Sin pedir perdón
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La libertad vigilada se introdujo en su día como “medida de seguridad” atendiendo a “la protección de la víctima” y “cuando la peligrosidad deriva del específico pronóstico del sujeto imputable”, dice el preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, que reformó el Código Penal.
No se pudo establecer oficialmente que esos coautores y colaboradores de la matanza se hayan desvinculado del odio que los llevó a matar. Ninguno de los condenados por el 11-M se ha acogido a programas de desradicalización como el que comenzó a ensayar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en 2016. Sí que han seguido algunos de ellos actividades propias del tratamiento en las prisiones, pero ninguna por la que, al salir o antes de salir, mostraran signos de arrepentimiento.
De los tres que quedan en prisión, condenados a penas de más de 30.000 años, dos de ellos, Jamal Zougam y José Emilio Suárez Trahorras no toman parte en más actividad que salir al patio cuando les toca. Otman el Gnaoui, el único que sostiene aún que no participó en los atentados, participa en la limpieza de su módulo en la prisión de León.
Hasta ahora, los yihadistas con delitos de sangre se han negado a colaborar en su reinserción, evitando que el resto del colectivo integrista los trate de traidores.
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Los autores del 11-M fueron los primeros de un atentado yihadista en masa en España. Es a partir de su acción, y de capturas de otros yihadistas, que comienza una reflexión en el sistema penitenciario español sobre su reinserción. Pero la mayor parte de los hoy excarcelados no estaba entre rejas cuando comenzó a probarse el plan de desradicalización. No existía programa, salvo en la recta final de cuatro de las condenas. El tratamiento que recibieron consistió en conversaciones individuales e invitaciones a actividades que hasta entonces se practicaban con cada preso.
Radicalización
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En esta jornada del XX aniversario del peor atentado en la historia de Europa se ha celebrado en Madrid también el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo.
Ante representación in situ de la Comisión Europea, en el acto presidido por los reyes han participado todos los estamentos de la Seguridad del Estado y de las víctimas. Los trabajadores de las prisiones -el sector que custodia a los últimos encarcelados por la matanza- han estado presentes a través del sindicato Acaip. Alberto Téllez, integrante de la ejecutiva, secretario de Salud Laboral, ha acudido como miembro invitado de la red europea RAN de alerta sobre radicalización. José Ramón López, presidente del sindicato, ha ido al acto que celebraba la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo, plantado en El Retiro madrileño.
The king, this Monday with members of the European Radicalization Alert Network. First on the left, the Spanish Alberto Téllez, from the Acaip union. / El Periódico
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La red RAN (Radicalisation Awareness Network) es el principal observatorio en Europa de experiencias e informaciones sobre la extensión del integrismo más violento, y no solo el islamista. En sus foros se ha puesto de manifiesto el fracaso, en los países europeos que lo han intentado, de los primeros planes de desradicalización de yihadistas.
En el caso de España, el primer intento de Interior consiguió sentar en una mesa de reflexión a 50 presos yihadistas en seis años, sin que ninguno de ellos culminara el programa. Desde finales del año pasado se intenta con una veintena de presos un nuevo abordaje: ya no se trata de que renuncien a sus creencias, sino de que dejen de considerar la violencia como vía legítima.
El thinktank de seguridad Athena, del Departamento de Estudios de Acaip-UGT, recordó recientemente cómo de 78 detenidos en 36 operaciones antiterroristas llevadas a cabo en 2023, solo 37 están en prisión.
El informe de Athena, titulado “Observatorio Penitenciario Yihadismo año 2023” recuerda que un 83,3% de los encarcelados en 2023 se les atribuye el delito más frecuente en el colectivo: “Conductas relativas al adoctrinamiento yihadista”. Un 38,8% han entrado en prisión por enaltecimiento del terrorismo y un 19,4% por “haber estado inmersos en un proceso de autoadoctrinamiento o autorradicalización”.
