Un informe de los Mossos d’Esquadra entregado al Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona que investiga al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y otros exdirectivos del club por supuestas irregularidades financieras ha destapado que algunas se cometieron con el fichaje del brasileño Malcolm en 2018. En concreto, bajo la lupa están 10 millones de euros abonados por el Barça a la sociedad Bussines Futbol España (BFE) por “operaciones de intermediación” entre 2018 y 2020 que corresponderían presuntamente a “posibles servicios no justificados, inexistentes o muy superiores al precio de mercado”.
Las comisiones del fichaje de Malcolm del Girondins es una de las operaciones presuntamente irregulares que investiga el juzgado. Las otras son las minutas que el club pagó al abogado González Franco de 1,7 millones de euros por un acuerdo judicial por el fichaje de Neymar y el desembolso de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça.
Bartomeu está investigado en este proceso junto a otros exdirectivos como el exconsejero delegado del club, Óscar Grau, el exvicepresidente deportivo Jordi Mestre Masdeu, el exCEO Ignacio Mestre, el exdirector financiero del club, Francisco Schröder Quijano o el comisionado del Espai Barça, Jordi Moix. También hay otros acusados como el abogado José Ángel González Franco, y directivos de la Fundació Club Esportiu Laietà.
En su denuncia, la fiscalía considera que estas operaciones irregulares cometidas por los investigados supusieron un perjuicio para el Barça de unos cuatro millones de euros, aunque el informe Forensic encargado por la actual Junta de Joan Laporta subía esta cantidad hasta los 30 millones de euros. El fiscal cree que Bartomeu y el resto de imputados tomaron decisiones “usurpando una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva, a quien habría ocultado la realidad de los aspectos de las operaciones”. Están acusados del delito de administración desleal.
Evitar a Hacienda
En este procedimiento hay un informe de los Mossos, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se analizó la documentación aportada por la consultora Kroll contratada por la actual junta directiva del Barça para examinar las cuentas del club. Además, los agentes hicieron varias entradas y registro en las sedes sociales del Barcelona, del Laietà y el despacho de abogados González Franco.
Entre otras irregularidades, la policía ha constatado una “modificación evidente” del contrato laboral entre el Barça y Malcom con posterioridad a su fichaje para que el importe pactado inicialmente de 10 millones de euros a pagar en tres años, acordado el 24 de julio de 2018, se sustituyese por el abono de 1,5 millones de euros y el pago de 8,4 millones a BFE por la intermediación en el traspaso del jugador brasileño.
“Este cambio se hizo para modificar el pago pactado el 24 de julio de 2018 por el jugador con los intermediarios que participaron en las negociaciones y que ascendía a 10 millones de euros netos”, remarca el informe. El primer acuerdo firmado por Malcolm suponía una retención del IRPF cercana al 50% pero con la modificación del concepto del contrato meses después no se ingresó tanto Hacienda por el traspaso. La junta de Laporta tuvo que hacer una “regularización fiscal preventiva” para evitar una multa.
Intermediación irregular
Además, los Mossos señalan que existe un segundo acuerdo entre el Barça y BFE por una posible intermediación de jugadores del filial azulgrana o de las categorías inferiores, que se firmó en 2020 pero se predató con fecha de 2019. Según el informe 9 de las 12 facturas pagadas por el club no se corresponderían a “intermediaciones reales ni obedecerían a servicios efectivamente prestados, sino que podría tratarse de una facturación falsa por valor de 605.000 euros o, incluso, por el total de la facturación de este acuerdo marco: 740.000 euros”, sin IVA.
Los Mossos creen que esta facturación irregular sirvió para completar el pago de los 10 millones de euros netos a los intermediarios que participaron en las negociaciones entre el Barça y el Girondins para fichar a Malcolm. El acuerdo era para la venta o cesión temporal de los derechos federativos de jugadores en etapa formativa, como Morey, Mújica, Calavera, Bueno, Vilarrasa o McGuane, que se habían ido del Barça como agentes libres y por tanto no tenían contrato laboral.
También hubo una factura por servicios de intermediación por la cesión de Ortolà al Deportivo de la Corunya cuando fue un año antes del periodo marcado en el contrato. En otra se cobró comisión por el jugador Ndockyt de los que el Barça nunca tuvo sus derechos federativos, sino que estaba cedido por el Getafe. Para los Mossos el servicio de BFE al Barça era “innecesario” por las “incongruencias” encontradas en las facturas y por eso consideran que sirvió para acabar de pagar las comisiones del fichaje de Malcolm, pese a que en agosto de 2022 el Barça todavía debía 245.630 euros a esta sociedad.